Abocados al parecer sin remedio a unas elecciones autonómicas anticipadas en Castilla y León, plazos en mano el calendario ofrece dos hipótesis alternativas. La primera que sean convocadas en el inminente mes de octubre para su celebración como muy tarde a mediados de diciembre. La segunda, que la disolución de las Cortes se demore hasta después de Navidades (en todo caso antes del 11 de marzo, fecha a partir de la cual el PSOE está facultado para presentar una segunda moción de censura), en cuyo caso acudiríamos a las urnas a lo más tardar el primer domingo de mayo.
La primera de las hipótesis sigue estando muy supeditada a un eventual adelanto electoral en Andalucía a cuyo rebufo se engancharía el presidente Fernández Mañueco, que, careciendo de mayoría absoluta y con la que tiene liada en el seno de su gobierno con el dúo Igea-Casado, siempre podrá aducir la carencia de esa estabilidad de gobierno que invoca para agotar la Legislatura. La segunda opción no tiene vuelta de hoja, ya que ofrece la coartada perfecta para que el PP se desprenda de unos socios desahuciados electoralmente y obtenga a costa de su fagocitación en las urnas una amplia mayoría parlamentaria, como mínimo similar a la obtenida por Isabel Díaz Ayuso.
Con todos los focos puestos en ese adelanto electoral y el vuelco político que augura, apenas se repara en sus repercusiones sociales y económicas para una comunidad autónoma que lleva décadas sumida en un creciente declive.
Cuatro meses de interinidad.- De entrada, un proceso electoral conlleva una situación de interinidad política y administrativa aproximadamente de cuatro meses, los que transcurren desde la convocatoria hasta la toma de posesión del nuevo gobierno resultante. Y si hay un momento especialmente inoportuno para abrir ese paréntesis, ese es el actual, justo, cuando superado lo peor de la pandemia y restablecida a toda marcha la normalidad, es la hora de concentrar todos los esfuerzos en la recuperación social y económica y en la gestión con criterio y eficacia del maná de los fondos caído del cielo europeo.
Para empezar, no habría lugar a presentar y tramitar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, los cuales deben adaptarse al nuevo escenario macroeconómico e incorporar esos nuevos recursos de la Unión Europea. Perdida la mayoría absoluta, PP y C´s tan solo necesitan sumar un voto ajeno para sacar adelante unas nuevas cuentas, lo que no parece muy difícil dada la disposición negociadora del “Partido por Ávila”, cuyo único procurador, Pedro J. Pascual, ya aprobó los Presupuestos vigentes, a cambio, claro está, de determinadas inversiones en su provincia. A diferencia de Andalucía, donde Vox tiene capacidad para bloquear su aprobación, dotarse de unos nuevos Presupuestos no parece a priori un problema insalvable para el gobierno Mañueco.
Si se disuelven las Cortes en octubre se irá al garete el compromiso contraído por la Junta con ocasión de la Conferencia de Presidentes de Salamanca de establecer un consenso sobre los criterios de aplicación y distribución de los nuevos fondos europeos. A tal efecto, la consejería de Economía mantiene abierto un grupo de trabajo con los partidos políticos, en el que los socialistas han planteado la necesidad de convocar a Alcaldes y Presidentes de Diputación, a fin de que ayuntamientos y Diputaciones participen activamente en este proceso. El consejero, Carlos Fernández Carriedo, aspira a que lleguen a Castilla y León 5.000 millones, 1.500 de los cuales ya están plenamente confirmados.
Compromisos al limbo.- Otro compromiso que una convocatoria electoral dejaría en la estacada es el Plan Social de Inversiones Prioritarias 2021-2025, contemplado en el “pacto para la reconstrucción” firmado en junio con una dotación de 728 millones de euros. Dicho Plan, que a esta fecha sigue inédito, quedaría en el limbo por falta de consignación presupuestaria.
En el limbo quedaría obviamente el compromiso de devolver la atención presencial médica y de enfermería a todos los centros de Salud y consultorios locales de Castilla y León, algo a lo que se resiste la consejera Casado por más que el presidente le reitere dicho mandato.
Lejos de afrontar un debate de comunidad sobre el modelo sanitario en Castilla y León, ni que decir tiene que si se disuelven las Cortes la Sanidad se convertirá en el gran arma arrojadiza dentro del pandemónium propio de cada campaña electoral.
Con la disolución de las Cortes decaerían per se todas las iniciativas legislativas en tramitación y las cuatro comisiones de investigación actualmente abiertas. A las creadas sobre los fondos de la minería y la distribución de la chequera mediática de la Junta nadie las echaría en falta, dada su absoluta inutilidad.
La que intenta esclarecer lo ocurrido sobre la trama eólica y otros asuntos turbios (Perla Negra, no Polígono de Portillo, etc.) asociados a gobiernos de Juan Vicente Herrera sufriría su segundo coitus interruptus, ya que se creó por primera vez hace dos legislaturas, y la que se acaba de crear para investigar los letales efectos de la pandemia en las residencias de ancianos (4.174 fallecidos a esta fecha) quedaría prácticamente inédita.
En el limbo quedaría también esa pretendida nueva Ley de Atención Residencial en Castilla y León tan necesaria a la vista de las deficiencias y carencias que ha destapado la pandemia, una iniciativa en fase de consulta que todavía no ha entrado en las Cortes. Y decaería esa conflictiva reforma de la Ley de Ordenación Territorial que elimina la mayoría cualificada para la aprobación de los mapas rurales, cuya delimitación se pretende endosar a las Diputaciones provinciales.
La Junta seguiría gobernando con unos Presupuestos prorrogados que tienen su gran Talón de Aquiles en el coste de la Deuda Pública, que entre amortizaciones e intereses se come el 11,58 por ciento de los ingresos, 1.423 millones, gasto solo superado por el de las Consejerías de Sanidad y Educación. Los 13,000 millones de deuda que arrastramos equivalen ya al 24 por ciento del PIB.
Eternos retos pendientes.- La Legislatura se interrumpiría sin haber abordado ninguna estrategia contra la Despoblación y, lo que es peor, sin haber hecho los deberes para aprovechar los 10.000 millones de euros asignados a España para un Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. Por si fuera menor la sangría poblacional sufría desde 2.010 (177.000 habitantes menos), la pandemia se ha cobrado más de 11.500 vidas.
Y qué decir de la pasividad ante los desequilibrios territoriales internos, de la que buena idea la renta per cápita provincial, toda una escalera que va del 112 por ciento sobre la media estatal que registra Burgos al 74,8 por ciento de Zamora, con todas las demás provincias del Oeste (León, Salamanca y Zamora) compartiendo la cola.
Pasadas las Navidades, los estragos de unas elecciones anticipadas se verían bastante atenuados. Habría habido tiempo para aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, encauzar con racionalidad los nuevos Fondos Europeos y afrontar la senda de la recuperación económica sin la convulsión política de una campaña electoral. Pero nada de esto importa. La fecha de las elecciones se atendrá exclusivamente a lo que convenga a Pablo Casado en su estrategia por conquistar La Moncloa. Caiga en noviembre o caiga en abril.
Cosas Veredes
Futuro presidente de las Cortes.- Tal es la seguridad en ámbitos del PP de que Alfonso Fernández Mañueco ganará de calle las próximas elecciones, ampliando con ello su actual cuota de poder en las instituciones autonómicas, que ya empiezan a circular nombres para ocupar cargos de primer nivel en el futuro organigrama.
Desaparecido del mapa Ciudadanos, uno de los cargos que recuperarán los populares es la presidencia de las Cortes, a la que se encaramó Luis Fuentes dentro del reparto de cromos que posibilitó la investidura de Fernández Mañueco.
El elegido para presidir la Cámara no sería otro que actual vicepresidente primero, el segoviano Francisco Vázquez, quien no en vano es además el secretario autonómico del PP y miembro del reducido circulo de máxima confianza del presidente. Vázquez no ha debutado en las Cortes esta Legislatura, ya que fue procurador en varias otras durante la etapa de Juan José Lucas, en una de las cuales ejerció como portavoz del grupo parlamentario popular.
Fundación “indultada”.- Después de año y medio de sesuda reflexión, la comisión bipartita PP-C´s constituida para analizar la situación de los llamados “chiringuitos”, en entramado de empresas públicas, fundaciones y demás inventos que conforman la llamada “Administración B”, de la Junta, concluyó en febrero pasado que 15 de los 16 de ellos resultaban imprescindibles. La Fundación Siglo, Somacyl, el ITACYL y demás entes que usurpan el trabajo propio de las Consejerías, esos que Ciudadanos consideraba nidos de despilfarro y enchufismo, resultan ser poco menos que modélicos.
Para mayor inri, lo único que se pretendía extinguir era la Fundación “Anclaje”, un ente de escaso presupuesto y acreditada eficacia en la evitación de cierres y deslocalizaciones empresariales. En plena ofensiva de Igea y Amigo contra el Diálogo Social, se trataba sin duda de una mezquina represalia contra UGT, CC.OO. y Cecale, patronos de “Anclaje”.
Aparcada esa ofensiva, lo último que le interesa ahora al presidente Mañueco es meter ese dedo en el ojo a los agentes sociales, razón por la cual afortunadamente la fundación puede darse por “indultada”.
Gerentes en la picota del PP.- Sostenido por el vicepresidente Igea y la consejera Casado, el gerente del Hospital Universitario de Burgos, José María Romo, se mantiene en su cargo inasequible al desaliento después de que el presidente provincial del PP, Borja Suárez, exigiera públicamente su dimisión a causa de sus “continuos desatinos”. La larga cadena de ceses y dimisiones provocados por Romo ha creado un clima irrespirable entre los profesionales, amén del lógico deterioro de la calidad asistencial.
Y visto que la Junta ha hecho caso omiso a la dimisión reclamada por Suárez, el PP burgalés se dispone a volver a la carga promoviendo en las principales instituciones burgalesas mociones que solicitarán la destitución. La primera de ellas se debatirá y votará en el próximo pleno de la Diputación provincial.
Otro responsable del Sacyl en la picota del PP es el gerente de asistencia sanitaria de Segovia, Jorge Elizaga, impulsor, siguiendo instrucciones de la consejería, del llamado Plan Segovia, que contemplaba la amortización de plazas médicas en el medio rural. Un recorte del que ha tenido que renegar la consejera tras la orden del presidente de restablecer la atención presencial en todos los consultorios locales