Entrado el mes de octubre y desechado el de diciembre para colocar las urnas, salvo sorpresa de ultimísima hora -el plazo expira este martes 5- la convocatoria inmediata de unas elecciones autonómicas a celebrar el último domingo de noviembre parece descartada. Se abre paso la segunda opción: su celebración en algún domingo de marzo o abril de 2022, en función de lo que la disolución de las Cortes se aproxime al 10 de marzo, fecha a partir de la cual Alfonso Fernández Mañueco está amenazado de una segunda moción de censura del PSOE.
En cualquier caso, la que ya está lanzada es la precampaña electoral, sobre todo por parte del PP de Pablo Casado, empeñado en dar por finiquitada una Legislatura nacional que ni siquiera ha llegado a su ecuador. El trampantojo itinerante culminado en Valencia se ha presentado como el pistoletazo de salida de una travesía hacia La Moncloa en la que el PP ya da por fagocitado a Ciudadanos. Mario Vargas Llosa, antiguo votante naranja, se ha ocupado de certificarlo al manifestar su actual adhesión al PP (al tiempo, el nobel dejaba caer una inquietante disquisición según la cual es más importante “votar bien” que “votar en libertad”)
En el prolegómeno celebrado en Valladolid se escenificó la impostada cordialidad entre el líder nacional del partido y el presidente autonómico, cuya relación hasta bien reciente no era precisamente afectuosa. Las palabras de Casado poniendo a Fernández Mañueco como “ejemplo de buenas políticas” recordaban aquella costumbre del Mariano Rajoy de la oposición, que cada vez que visitaba una comunidad gobernada por su partido la tomaba como ejemplo del modo de gobernar que aplicaría cuando llegara a La Moncloa. A todos los presidentes les decía lo mismo, incluso al de Baleares, Jaime Matas, que acabó entre rejas tras un rosario de condenas judiciales por toda suerte de delitos cometidos durante su gestión. Después, en Valencia Fernández Mañueco dejó “meridianamente claro que Pablo Casado es el presidente que necesita España cuanto antes”.
Intercambio de cumplidos aparte, lo cierto es que en Castilla y León estamos ya en plena precampaña electoral. O lo que es lo mismo, se ha abierto el carrusel de promesas electorales que, al no tener ningún sustento presupuestario, constituyen pura venta de humo en colorines. Que si 100 millones para esto, que otros 100 para lo otro y así sucesivamente. Raro ya es el día en el que el presidente Mañueco o cualquiera de sus consejeros promete lo que no está escrito sabiendo que es de imposible cumplimiento.
En esta coyuntura, la Junta no tiene excusa para no presentar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, que, a decir del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, no va a ser tan expansivos como los del presente año. El nuevo límite de déficit reduce la capacidad de endeudamiento (a 13.290 millones de euros ascendía la deuda a mediados de este año) y los Fondos Next Generation no pueden emplearse para financiar los servicios esenciales (Sanidad, Educación y Políticas Sociales), con lo cual Castilla y León seguirá sufriendo una insuficiencia financiera estructural que ya es crónica.
Pascual, doblemente protagonista.- Fondos europeos al margen, las cuentas no dan para el típico Presupuesto expansivo propio de año electoral. Antes de que se haya presentado y aprobado el preceptivo techo de gasto, PP y Cs ya negocian el voto que les falta en las Cortes para poder sacar adelante las nuevas cuentas. Aunque se exploren otras opciones, la negociación está abierta con el único procurador del Partido por Ávila, Pedro J. Pascual, quien el año pasado ya votó favorablemente el primer Presupuesto del gobierno Mañueco.
El procurador abulensista, uno de los cinco que integran el grupo mixto, asume este trimestre un gran protagonismo parlamentario, ya que a la vez es el presidente de la comisión de investigación sobre el Covid-19 en las residencias de ancianos que acaba de constituirse. Logrado por PP y C.s el objetivo de que la investigación se extienda a la Administración Central, la batalla entre los coaligados y los socialistas sobre quienes deben comparecer ante la Comisión y por qué orden está servida. Mientras los segundos quieren poner el foco en la actuación de la Junta (consejerías de Familia y Sanidad), los primeros pedirán, entre otras, las comparecencias del ex ministro Salvador Illa y el ex vicepresidente Pablo Iglesias.
Pascual está llamado a ser el árbitro entre ambas partes para tratar de arrojar luz sobre las letales consecuencias (4.180 fallecidos) entre los internos contagiados en nuestras residencias de ancianos. Paradójicamente, la negativa de PP y C´s a que la comisión disponga de un vicepresidente, reducirá el papel de Pascual en las comparecencias al de simple moderador de los interrogatorios, sin poder realizar preguntas propias. Lo cual es especialmente lamentable, ya que además de privar de ese derecho al grupo que representa, se da la circunstancia de que, por su condición de médico de urgencias y emergencias en un centro de salud, el procurador abulense ha conocido muy de primera mano la cruda realidad de la pandemia.
Casado e Igea, en rebeldía.- Entretanto, en el seno del gobierno autonómico el cisma abierto en torno a la reforma de la atención primaria permanece enquistado. Aunque lógicamente no lo reconozcan, la consejera Casado y el vicepresidente Igea, siguen en rebeldía y se niegan a acatar lo aprobado por las Cortes y ordenado por el presidente Mañueco: Devolver la atención presencial médica y de enfermería a todos los centros de Salud y consultorios locales de Castilla y León.
Con su conocido fulerismo, la consejera está utilizando toda clase de triquiñuelas, vericuetos y subterfugios para camuflar su plan original. Consciente de ello, el Consejo General de Colegios Médicos rehusó cualquier encuentro con ella en tanto no tenga perfilado un nuevo plan. El Sindicato Médico (CSEM), que sí accedió a reunirse con Casado, ha confirmado después las sospechas, acusando a la consejería de “disimular con parches” el problema de la falta de médicos. El Sindicato extrae la conclusión de que la consejería se mantiene en el plan inicial, algo que después se ha visto corroborado en el documento interno de fecha 27 de septiembre desvelado por elDiario.es Castilla y León, en el que se constata que el “nuevo plan de reorganización de la atención primaria” mantiene en lo sustancial las bases de la reforma rechazada en las Cortes y desautorizada por el presidente Mañueco.
Para mayor inri, el vicepresidente Igea no duda en responsabilizar de los problemas de la Sanidad en Castilla y León a los 30 años de gobiernos del PP, el partido que ha podido prolongar tan larga etapa de gobierno gracias al voto de él y de los suyos, que cerraron el paso a la alternancia política que el resultado electoral de 2019 demandaba. Hace falta mucha desfachatez.
COSAS VEREDES
La margarita de “Soria, ¡ya!”.- Desde que su alma gemela “Teruel existe” concurrió con éxito a las pasadas elecciones generales de 2019, la plataforma “Soria ¡ya!” viene rumiando la posibilidad de concurrir a las urnas. El paso adelante está decidido una vez que en la reciente asamblea de la “España vaciada”, que reúne a 160 organizaciones de 30 provincias, se haya apostado por la participación electoral.
“Soria ¡ya!” tiene claro que, asumiendo en su futuro programa las 101 medidas reclamadas por la “España vaciada”, se presentará bajo su propia denominación y sin renunciar a su status de plataforma ciudadana independiente. La convocatoria de unas elecciones autonómicas en Castilla y León puede deparar a “Soria ¡ya! La ocasión pintiparada de debutar en las urnas. Ante dicha expectativa, la plataforma deshoja la margarita entre la lógica preocupación de PP y PSOE, que siempre se han repartido los 5 escaños autonómicos que elige la provincia.
Herrera, “el invisible”.- Desde que en diciembre de 2019 se incorporó como miembro nato del Consejo Consultivo (78.010 euros anuales), el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha desaparecido por completo de la vida pública. Desde entonces no ha concedido declaraciones públicas, no participa de la vida interna de su partido y tampoco se deja ver en actos públicos. Un caso ciertamente atípico en alguien que presidió nada menos que durante 18 años el gobierno de esta comunidad autónoma.
Tras su retirada, pocos fueron sus fieles que prolongaron su carrera política y los más significados de ellos, el exvicepresidente De Santiago-Juárez, y la consejera Pilar del Olmo, no precisamente con éxito. Tras fracasar en su intento de hacerse con la Alcaldía de Valladolid, con el tiempo ambos han acabado como el rosario de la aurora con el PP vallisoletano, a cuyo presidente, Conrado Íscar, le han montado un buen pollo en medio de la convención que pretendía reforzar el cierre de filas en el partido.
Premiado un Festival menospreciado por la Junta.- El Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud otorgado al Festival Internacional de Títeres “Titirimundi” ha dejado en evidencia la mezquindad y miopía de la consejería de Cultura y de su brazo ejecutor, la Fundación Siglo. “Titirimundi”, que este año ha cumplido su 35 edición, ha sido galardonado “por haber logrado convertir al Festival, al teatro de títeres y a Segovia en referentes indiscutibles del mundo del títere y del teatro para la infancia y la juventud tanto a nivel nacional como internacional”
Unos valores y una dimensión que no ha sabido apreciar la consejería de Cultura, que, en aplicación de una pueblerina política de subvenciones, ha reducido este año en más de un 85 por ciento la cuantía de 100.000 euros con la que venía apoyando el Festival. Pese a tan drástico recorte y las dificultades de la pandemia, la 35 edición ha discurrido con el éxito habitual, congregando a 21 compañías de diversos países que han representado un total de 128 funciones distribuidas en 35 espacios diferentes.