Pagar o desplazarse: la elección que deben tomar las mujeres de León para abortar
Las mujeres de la provincia de León que deciden interrumpir de manera voluntaria su embarazo dentro de los supuestos legales llevan años viajando a Salamanca para hacerlo, en una clínica privada con concierto con el sistema público de Salud. En total, 929 desde el año 2015 hasta el primer semestre de 2019.
Sanidad tiene reconocida a la clínica privada Buenavista de la capital leonesa como acreditada para la práctica, incluso, en 2018 modificó los criterios para la adjudicación de los conciertos para que ésta pudiese concurrir al proceso de licitación. Tal y como hizo, pero para la administración ha pesado más en la adjudicación del nuevo contrato el bajo precio del aborto de la clínica vallisoletana Ginemédica que la proximidad, y comodidad que eso puede ofrecer a las mujeres, de la clínica leonesa.
Y por eso, a partir de este 2020 las mujeres de León y sus comarcas que quieran abortar sin que les suponga un coste económico tendrán que hacerlo en Valladolid. “Una vez más se trata a la mujer como mercancía y Valladolid se queda con servicios que se podrían prestar en León”, sentencia Emilia García, psicóloga de Buenavista.
La ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo 2/2010 del 3 de marzo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010, recoge en su artículo 18 que los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, posibilitando la objeción de conciencia de los profesionales, y la posibilidad de externalizar el servicio “ante la imposibilidad de realizar esa actividad con medios propios”.
El Hospital de Miranda de Ebro, en Burgos, es el único de Castilla y León en el que se practican abortos, después de que 437 profesionales adujeran objeción de conciencia en la Comunidad en la única consulta que se les hizo a la aprobación de la ley. El grupo de Podemos en las Cortes ha pedido esta misma semana la actualización de los datos, “porque es posible que los profesionales hayan cambiado de opinión. Acababa de aprobarse la medida y había mucho desconocimiento pero me consta que hay especialistas que estarían dispuestos a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la actualidad”, manifestó a este medio la procuradora Laura Domínguez.
Una nueva consulta podría abrir la puerta a que todos o una amplia mayoría de hospitales públicos de Castilla y León empezasen a practicar abortos con el consiguiente ahorro económico para las arcas públicas y de inconvenientes para las mujeres. “No habría que emitir tantos conciertos con el sector privado porque se haría con recursos propios”, subraya Domínguez.
Castilla y León ha invertido 83.893,50 euros en las prácticas de abortos en 2018. Cerca de 400.000 euros desde 2015 hasta el primer semestre de 2019.
Atendiendo a los datos de la Consejería de Sanidad, cerca del 60 por ciento de las leonesas optaron por asumir el coste de su aborto en el año 2015. Una tendencia que se ha mantenido en el tiempo hasta 2018. La clínica Buenavista, por su parte, ha realizado de manera privada 387 abortos a leonesas en 2015, 379 en 2016, 350 en 2017, 367 en 2018 y 328 en 2019.
“León no garantiza el acceso al servicio igual que en otras provincias”, entiende la psicóloga del centro sanitario privado. Las mujeres de Burgos, Salamanca, Segovia, León, Valladolid y Zamora tienen como única opción públicoprivada para efectuarse un aborto la clínica vallisoletana. Las de Ávila, Palencia y Soria lo harán en las otras dos clínicas privadas con concierto público de Madrid Centro Clínico El Bosque y Clínica Isadora.
“Se está tratando de invisibilizar este problema. Tenemos que estar vigilantes para no retroceder en derechos de la mujer y más en el clima de auge de la extremaderecha que estamos viviendo en la actualidad. Parece mentira que después de 10 años tengamos que estar reclamando al servicio público centros donde poder realizar abortos con mayor comodidad”, denuncia la procuradora de Podemos.
Así las cosas, las mujeres de la provincia tendrán que esperar al menos otros cuatro años para poder acogerse a su derecho al aborto dentro de los límites geográficos de León.
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