100 días de gobierno PP-Vox en Castilla y León: las políticas de extrema derecha se imponen a la “moderación”

El jueves la Junta de Castilla y León recogía en una nota de prensa las “principales medidas puestas en marcha” en sus primeros 100 días de gobierno, con datos sobre el “fortalecimiento de la economía” que han favorecido ayudas y programas concretos, “mejora de los servicios públicos” y “cohesión territorial y municipalismo”. El balance que hace el ejecutivo de su propio mandato es triunfalista. Todo ha mejorado y lo que no, no se enumera. El partido de extrema derecha ha impuesto su línea política a Mañueco, tal y como se intuía en el pacto que firmaron ambas formaciones.

Por un lado, el gobierno autonómico ya ha asumido una de las principales reivindicaciones de Vox: tramitar una ley autonómica de violencia intrafamiliar. El partido de Santiago Abascal es negacionista de la violencia de género y, además de exigir que se legisle sobre la violencia intrafamiliar —aquella que se produce en el seno de la familia— pretende que se derogue la ley autonómica de violencia machista. La norma sigue vigente, pero Vox pretende dejarla sin financiación. No sólo a la ley, también a programas concretos: en la última comisión de empleo del Diálogo Social, en las ayudas a las empresas por contratar determinados colectivos en riesgo de exclusión, ha desaparecido el epígrafe que bonificaba la contratación de víctimas de violencia de género.

El Diálogo Social, que era la joya de la corona de la Junta de Castilla y León, también ha quedado seriamente tocado por el pacto de gobierno. Hace un par de meses, mientras se trataba en el Ministerio de Industria el acuerdo para no cerrar la galletera palentina Siro, el vicepresidente, Juan García-Gallardo, convocaba a la prensa para reducir en 20,3 millones de euros las subvenciones directas del Diálogo Social a los sindicatos. Nadie ha contradicho al vicepresidente. Actualmente se están reuniendo comisiones del Diálogo Social para revisar 18 acuerdos, pero hasta el momento, sin resultados positivos. Como ejemplo, lo ocurrido las líneas de ayudas para el Plan de Empleo Rural, que el consejero se ha negado a convocar y 4.000 puestos de trabajo en el limbo.

Dinamitar los sindicatos era parte de lo que reclamaba Vox antes de alcanzar el pacto. En un documento que dio a conocer el propio García-Gallardo cuando las negociaciones se estancaron, aparecía la condición de reducir las subvenciones a las organizaciones sindicales, que considera “ultrasubvencionadas” y “apesebradas”. Cuando se firmó el acuerdo, ese punto se había eliminado, pero el PP ha permitido ese recorte anunciado en una rueda de prensa, sin previo aviso y sin aprobación en el Consejo de Gobierno, donde tan sólo se mencionó.

Vox también eliminó, aparentemente, su petición de derogar el decreto de Memoria Histórica de las exigencias para facilitar la presidencia a Mañueco. No aparece específicamente en el pacto, pero sí dice que hay que “reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”. Poco después de la firma, Vox aseguraba que se iba a tramitar la Ley de Violencia Intrafamiliar y una Ley de Concordia, y además en los tres primeros meses de gobierno. La de Ley de Violencia Intrafamiliar está en marcha y la de concordia, según Vox se ha quedado sin respuesta, ya que el PP no ha respondido a la documentación en la que se plantean las líneas. Tanto es así, que el propio Santiago Abascal se lo recriminó a Alberto Núñez Feijóo en el debate del estado de la nación.

Sin resolver está otra de las condiciones que exigió Vox para llegar al pacto pero que tampoco se incluyó en él, reducir la publicidad institucional. El vicepresidente ha anunciado varias veces que esto ocurrirá, pero hasta el momento, PP y Vox no han llegado a un acuerdo. Para Vox todo entra dentro del punto “reducir el gasto superfluo”, algo que solo aplica a terceros. Desde que se formó el gobierno, no ha dejado de aumentar el número de asesores, con un total de 44. Entre ellos está la 'dircom' que ha fichado García-Gallardo después de no haber conseguido hacerse con la Dirección General de Comunicación de la Junta, que sigue en manos del PP. La situación no ha dejado de dar problemas: Vox hace anuncios en nombre de “los consejeros de Vox”, ha metido el logo de la Junta junto al del partido en un vídeo y, en resumen, ha optado por una comunicación en paralelo. Porque hay algo que está claro: Vox y PP no forman un “único gobierno” como insistieron los primeros días. Ahora, ambos partidos actúan por separado y quedó claro cuando la Junta convocó un minuto de silencio por una víctima de violencia de género y en la foto aparecían Vox y PP, y cuando la vicepresidencia convocó un minuto de silencio por un hombre que murió a manos de su mujer y en la foto sólo salieron los de Vox.

En las Cortes, que preside Vox, también se intenta dejar la firma de extrema derecha: se han negado a proyectar la bandera LGTBI+ el día del Orgullo, se ha desposeído a algunos medios de las cabinas de prensa que se les adjudicó en 2019 y hay zonas comunes que Vox ha empapelado con su cartelería. En el Partido Popular tuercen el gesto cuando se les pregunta. En tan sólo tres meses han dejado de estar cómodos con su socio, pero aguantan. Una ruptura seguida de una nueva convocatoria electoral acabaría con la escasa firmeza política de Mañueco. De momento, el presidente de Castilla y León acata todo lo que hace Vox hasta el punto de asumir parte su argumentario, incluido el negacionismo del cambio climático y el ataque a los ecologistas, tal y como se ha podido ver en la crisis de los incendios.