Once asociaciones memorialistas han manifestado, a través de un comunicado, su malestar por la futura Ley de Concordia que sustituirá al Decreto 9/2018 de 12 de abril que regulaba las actuaciones sobre memoria democrática en el ámbito autonómico y que consideran de “discordia”. Tal y como precisan, la futura ley “oficializa el negacionismo, reescribe la historia, tratando incluso de eliminarla, equipara democracia y dictadura y es contraria a los derechos humanos” y anuncia que la denunciará. Las firmantes son Asociación Recuerdo y Dignidad, Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro, Asociación Las Merindades de la Memoria, Asociación Pozo Grajero, Foro por la Memoria de Zamora, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera, Asociación En Medio de Abril, Asociación Salamanca Memoria y Justicia, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos.
Advierten que la aprobación de esta Ley “supondría un retroceso que impone y oficializa el discurso de odio de ultraderecha, equiparando en su limitación temporal democracia y fascismo y en su planteamiento general a víctimas y verdugos”. La ley, argumentan es “una excusa y un disfraz para el propósito de facto que es un blanqueamiento de un periodo de Crímenes Contra la Humanidad, una ocultación de dichos crímenes, y, en parte, la vuelta a la imposición del silencio”.
La Exposición de Motivos “llega a ser contradictoria” pero además calca párrafos de la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana. En ella se sentencia que “las nuevas generaciones... han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad”, cuando no han recibido ningún tipo de educación sobre Memoria Democrática en base a los Derechos Humanos, pese a que lo contemplaba el Decreto 9/2018 de 12 de abril de la Junta de Castilla y León, que nunca se llegó a desarrollar y aplicar.
Desde las asociaciones memorialistas regionales también consideran que el Decreto era “claramente insuficiente”, que no estaba desarrollado, que los Consejos llevaban sin renovar un año y medio, que las convocatorias se hacían por medios no oficiales, y que las organizaciones no disponíamos de tiempo suficiente para presentar proyectos, informes y presupuestos. “Era, sin duda, un Decreto insuficiente que además fue aprobado por el Gobierno regional del Partido Popular, que con la sustitución por esta Ley innecesaria, engañosa, retrógrada, ideologizada y maliciosa reniega de su propio trabajo para anclarse al poder, al conseguir el apoyo de la ultraderecha”, afirman.
Un proyecto de ley “esperpéntico y vergonzoso”
Para estas asociaciones “se trata de un proyecto esperpéntico y vergonzoso que va en sentido opuesto al respeto hacia los Derechos Humanos y hacia las víctimas de crímenes tan graves. En este sentido, y debido a las restricciones sobre los tipos de víctimas por un lado y a la intención de difuminar los graves delitos sufridos por las víctimas del levantamiento militar de 1936 y el franquismo en las casi cuatro décadas de dictadura por otro, ignora las torturas, el trabajo esclavo, el robo de bebés, las desapariciones forzadas, la represión ejercida contra las mujeres o la violencia por prejuicios de tipo sexual entre otras”.
Califican artículos como el 4.4, “especialmente lesivo”, como contrarios al Deber de Memoria, de obligado cumplimiento en caso de violación de los derechos fundamentales.
“Desde luego, tanto a nivel práctico cuando por ejemplo en el artículo 11.3 decreta que la recuperación de víctimas podría desarrollarse ”mediante la gestión directa con medios propios de la Administración autonómica.“, como a nivel teórico general, la Ley muestra una profunda ignorancia sobre lo que suponen, tanto estos trabajos, como los deberes en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, dentro de las obligaciones respecto a los Derechos Humanos”, argumentan.
Lo que hará la futura ley, dicen “es ocultar a las víctimas” hasta tal punto que no se puede hablar de ellas ni difundir los documentos que demuestran los crímenes y abusos, “documentos ya de por sí tendenciosos que fueron producidos por el régimen. No permiten difundir fotografías o nombres de las víctimas, con el objetivo de borrarlas definitivamente de la Historia”. La consecuencia, advierten, es que se reabren heridas “cuando todavía no están cerradas ignorando el dolor de las víctimas. Es un ejemplo de la demagogia implícita en la norma y un intento totalmente descarado de disfrazar de concordia la discordia que la ultraderecha misma ha sembrado con sus discursos de odio contra la Memoria Democrática y los Derechos Humanos que la incorporan”.
Mezcla de víctimas
Critican también que la ley mezcle distintos tipos de víctimas “llegando a incluir a las del terrorismo en este totum revolutum, ignorando u ocultando que por ejemplo la ley de memoria histórica de exhumaciones del Franquismo tiene 83 años, así como que la dictadura, e incluso la democracia del 78 otorgaban reparaciones como licencias de estancos, gasolineras, administraciones de lotería etc. a las viudas de víctimas (civiles o militares) de quienes lucharon junto a Franco”.
Además, “les fueron concedidos reconocimientos, toda una política de favorecimiento económico y simbólico sólo para esas víctimas”. Mientras tanto, a los 16.000 civiles ajenos al conflicto bélico de Castilla y León, “víctimas de un auténtico plan de eliminación física del adversario ideológico, en una comunidad donde no hubo prácticamente frente de guerra”. La Concordia de las políticas de ultraderecha, afirman, “recuerda mucho a la reconciliación del Valle de los Caídos”.
En los últimos años se han recuperado los cuerpos de 2.767 castellanos y leoneses “hechos desaparecer por la fuerza” y enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización. Se ha intentado infructuosamente la localización de varios cientos más. Y todo ha sido llevado a cabo por parte de organizaciones sociales. Castilla y León ha sido la comunidad con mayor número de personas encontradas.
En definitiva, la Proposición de Ley “atenta contra los Derechos Humanos, reconocidos en el Derecho Internacional, con el trampantojo de una concordia que ya se da en la comunidad y que no hace falta, y que precisamente está impulsada por quienes alimentan la discordia y provocan el enfrentamiento con sus discursos de odio”.
“En lo que a las asociaciones memorialistas se refiere, se expulsa totalmente a quienes llevamos casi un cuarto de siglo trabajando en estos temas. Se nos saca del Consejo Técnico y también de los proyectos de investigación para concedérselo en exclusiva a Universidades, fundaciones, y 'centros de estudios de concordia'. Nuestras organizaciones, bajo los dictámenes de la Ley, nos veríamos sustituidas en las investigaciones que llevamos desarrollando durante más de dos décadas por dichos 'centros de estudios de concordia', de los que no tenemos conocimiento en Castilla y León. Mucho nos tememos que el propósito sea expulsar a las asociaciones para repartir fondos entre organizaciones ”de concordia“ hechas a medida”.
También se saca a estas asociaciones de la Comisión de exhumaciones, a pesar de su conocimiento y experiencia. “Muestra de ello es que cuando una entidad, los medios de comunicación, historiadores, familias.., tienen que hacer una investigación, a los primeros que acuden es a nosotros, a las asociaciones de memoria democrática”.
Según la Proposición de Ley, todo lo relacionado con la memoria democrática recaería en las “entidades vinculadas a la concordia”. Es decir “Las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro constituidas con la finalidad de defender la dignidad de todas las víctimas”. Desde las asociaciones memorialistas, como asociaciones de defensa de los derechos humanos, aseguran, han trabajado siempre por la dignidad de todas las víctimas “a pesar de las difamaciones de los discursos de odio de la ultraderecha”.
“Volver al barro de explicar lo obvio”
Para las asociaciones, “la aprobación de este despropósito supondría que tener que ”volver al barro de explicar lo obvio y de lo que trata la memoria democrática, y separarlo de la basura que la ultraderecha está vertiendo“ bien para que no se ocupen de esta tarea ·”tan necesaria o porque tienen miedo de que esto se afronte y se supere“ y se avance como sociedad democrática.
“Esta Ley la promulgan quienes no conocen la Memoria Democrática, ni siquiera han acudido a las exhumaciones, o que nunca han hablado ni escuchado a las familias de las víctimas y que son capaces de derogar un decreto que ya era ya de por sí insuficiente. Entendemos también que se va a dificultar nuestro trabajo por las trabas administrativas impuestas. La Proposición de Ley de PP y Vox enfanga todo en tiempos y procedimientos llegando incluso a utilizar la herramienta del ”silencio administrativo“ para denegar permisos”, critican.
También se pronuncian sobre el espacio temporal que establece la futura ley, “un intento vergonzoso de equiparar las posibles víctimas que hubiera de 1931 al 1936, que serían mínimas si es que existen, en comparación con la desaparición forzada y enterramientos clandestinos de las 16.000 víctimas del levantamiento militar ayudado por los nazis y los fascistas italianos”, por lo que anuncian que tomarán las medidas necesarias en cualquiera de los ámbitos para parar esta Ley“ tanto con recursos de inconstitucionalidad como con denuncias ante los distintos organismos regionales, estatales, europeos o de Naciones Unidas al ser una Ley que vulnera claramente los Derechos Humanos.