El 39% de las resoluciones estimatorias del Comisionado de Transparencia de Castilla y León en 2023 estaban incumplidas por las administraciones públicas concernidas a mediados de este 2024, según la información aportada este lunes por el Procurador del Común, Tomás Quintana, quien ha llamado a modificar las leyes para forzar al cumplimiento.
Ante la Comisión parlamentaria de Relaciones con esta institución, Quintana ha presentado la Memoria correspondiente a 2023, cuando fueron presentadas ante el Comisionado de Transparencia que ejerce el Procurador del Común un total de 517 reclamaciones de acceso a la información pública, en su mayoría (80%) sobre la falta de respuesta de la administración a peticiones de ciudadanos, entidades o incluso cargos electos.
Esta cifra está muy por debajo de las 794 del año anterior, aunque son superiores a las de 2021, según los datos de la Memoria presentados por Quintana ante los grupos parlamentarios, ante los que ha remarcado que, como en años anteriores, el tamaño y la disponibilidad de personal por parte de las diferentes administraciones influye a la hora de cumplir con el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.
Una mayor claridad en el lenguaje, más información gráfica y visual y una mayor posibilidad de reutilización de los datos aportados son algunas de las demandas comunes por parte del Comisionado respecto a las administraciones que tienen más problemas a la hora de cumplir con estos preceptos.
Ante estas situaciones de incumplimiento por parte de las Administraciones, el Comisionado ha defendido “la introducción de las modificaciones necesarias en las leyes de transparencia, estatal y autonómica, dirigidas a garantizar el cumplimiento forzoso de las resoluciones de estos órganos”.
Quintana ha expresado su “convicción personal” sobre el hecho de que la transparencia es “fundamental para que la actuación de los entes públicos se ajuste al ordenamiento jurídico y, con ello, a la satisfacción del interés general inherente al ejercicio de las potestades públicas”.
“El camino iniciado hace diez años, con la aprobación de la primera Ley de Transparencia general en España, debe seguir avanzando hacía la absoluta interiorización por los entes públicos de la idea de que su actuación, con las limitaciones que el propio legislador establezca, se debe desarrollar con total transparencia; idea de la que han de ser partícipes los propios ciudadanos, en cuanto titulares de un derecho a conocer la información de que dispongan las Administraciones públicas, derecho que están en condiciones de ejercer”, ha argumentado Quintana.