Fueron los peores resultados del PP en Castilla y León en toda su historia. El 13 de febrero de 2022, Alfonso Fernández Mañueco fue consciente del charco en el que se había metido tras romper abruptamente el pacto que había sellado con Ciudadanos en 2019. Ganó las elecciones, pero con el menor número de votos conseguido jamás y pagando un precio muy alto: El PP de Castilla y León se había convertido en el primero que abre la puerta a la extrema derecha para integrarla en un gobierno autonómico.
Con el adelanto electoral, la victoria del Partido Popular fue pírrica: pasó de 29 escaños a 31, y quedó muy alejado de la mayoría absoluta (41) que soñaba. Cerrado a pactar con en PSOE, que había bajado de 35 a 28, sólo negoció con Vox, que con 13 escaños era la llave para mantener a Mañueco en el poder. Por segunda vez, el ‘barón’ tenía que buscar la alianza con otro partido para poder gobernar. Desde entonces, Mañueco y su socio son el dolor de cabeza de Génova. Alberto Núñez Feijóo, que tomó los mandos del Partido Popular poco antes del decepcionante resultado electoral de Mañueco en Castilla y León, se esfuerza en dar una imagen de moderación que no es real al noroeste de Madrid.
“¿Ha encontrado usted algún elemento racista, machista o xenófobo el documento que hemos firmado? Le pregunto yo a usted, porque a lo mejor yo lo he leído y no lo he encontrado”, cuestionaba Mañueco el 11 de marzo de 2022 con el pacto ya rubricado. El acuerdo de gobierno contenía muchas intenciones en abstracto pero otras sólo ponían en evidencia qué supone pactar con la extrema derecha, un elefante en la habitación que Mañueco intenta no mirar.
Efectivamente, sí había puntos que pueden considerarse xenófobos en el pacto, en el que se apunta a una “inmigración ordenada” y una “integración cultural” de esta. Mañueco fue incapaz de explicar cuál era el plan o qué es una inmigración ordenada más allá de balbucear que Castilla y León es “tierra de acogida” y a la vez una Comunidad de la que muchos tuvieron que salir para buscar trabajo fuera de España. Pero que se ha aliado con un partido racista es obvio. Poco antes de firmar el pacto, el ahora vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, muy dado a meterse en charcos con sus declaraciones, aseguraba en una rueda de prensa que la “amenaza para las mujeres” son los “ciudadanos del norte de África” que “las violan en manada”. El pasado verano, en una entrevista en un diario local afirmó que la prioridad del Gobierno autonómico es que “las familias españolas tengan niños españoles” o que los inmigrantes del Magreb “se integran peor”. Otro diputado autonómico de Vox, David Hierro, se ha dedicado a revelar la nacionalidad de detenidos por violación en Castilla y León, deplorando que se esté “importando delincuencia” y manifestando que no quiere gente de “esa calaña”. Este tipo de tuits sólo los escribe si el agresor no es de origen español. Desde el PP se ha evitado censurar ese tipo de declaraciones.
La xenofobia toma cuerpo además cuando se elimina el programa de integración laboral y social de las personas inmigrantes y emigrantes de Castilla y León, que formaba parte de las subvenciones a sindicatos que ven recortados 20 millones.
Respecto al machismo, Vox ha dado bastantes pistas en el Parlamento autonómico apostando por facilitar la conciliación a las mujeres como “portadoras o dadoras de vida” para una “región maternal” de “mujeres madres y trabajadoras” y acusándolas a la vez de “utilizar la ley de Violencia de Género para quedarse con la custodia de los hijos”.
Vox niega la violencia de género “porque todas las víctimas son iguales” y desde su llegada a la Junta comparece en minutos de silencio por víctimas mortales de violencia machista, pero hablando de “muerte trágica” o de “asesinato” o de “mujer que ha perdido la vida” y ha llegado a convocar un minuto de silencio por un hombre que presuntamente fue asesinado por su pareja.
Vox ha obligado además a poner en marcha una Ley de Violencia Intrafamiliar “que iguala a todas las víctimas”. La pretensión del partido de extrema derecha era derogar la Ley Autonómica de Violencia de Género, pero según ha asegurado Mañueco, ambas “coexistirán”.
Se han eliminado además las bonificaciones a empresas por contratar a víctimas de violencia machista, no se convocan desde 2021 las subvenciones para que ayuntamientos y diputaciones contraten agentes de igualdad (el consejero de Empleo reconoce que no convocó en 2022 y tampoco lo hará en 2023), y las consejerías de Vox (Cultura, Agricultura y Empleo) deja de priorizar a las mujeres en el acceso a ayudas cuando las solicitudes superaban el límite presupuestario.
Pero sin duda la iniciativa que más ha encendido los ánimos no sólo en Castilla y León sino en Europa es su intentona de poner en marcha medidas antiaborto. En una rueda de prensa de la Junta de Castilla y León, García-Gallardo, acompañado del portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP) anunció que los médicos de la Comunidad estarían obligados a “ofrecer” a todas las embarazadas, incluidas las que quieran abortar, la “posibilidad” de “escuchar el latido fetal” o de ver “los rasgos” del feto en una ecografía 4D. Estas medidas que ni siquiera se consultaron a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, buscaban acabar con el “escalofriante” número de abortos en Castilla y León ayudando a las mujeres a decidir de una manera más “mucho más consciente”. La idea, acordada entre Vox y PP apenas se mantuvo tres días. El Gobierno de España, que entendió que se podía tratar de una coacción a las mujeres y que no se puede alterar el protocolo de atención a embarazadas pidió explicaciones, amenazó con retirar a Castilla y León las competencias en Sanidad y de acudir a los Tribunales. El PP dio marcha atrás sin reconocer que lo hacía para dar a entender que lo que habían escrito en una nota de prensa y explicado ante los periodistas era algo que se había interpretado erróneamente. Pero Vox insiste en que lo que se acordó, se escribió y se anunció, se aplicará.
Vox prometió mucho y hasta ahora ha cumplido poco. Un ejemplo es la “eliminación del gasto político superfluo” que se ha traducido en más asesores y altos cargos que nunca (algunos emparentados entre sí) y en un vicepresidente sin competencias. Tampoco la “siembra” de Vox ha dado grandes resultados: Castilla y León es la Comunidad donde más ha bajado el índice de producción industrial, se intenta desmantelar el Serla, el servicio de mediación en conflictos laborales colectivos y se castiga a los sindicatos sin aclarar en qué se reinvierten las subvenciones que han dejado de convocarse.
Mientras se recortan derechos, el PP intenta no contrariar al socio. No se trata de que el pacto en Castilla y León peligre, lo que aterroriza es que no se puedan pactar ayuntamientos, diputaciones y otros gobiernos autonómicos en las elecciones del 28 de mayo.