Asesores, directores de comunicación, secretarios, conductores... La Ley del Empleado Público contempla la figura del personal eventual como aquel puesto que es nombrado y cesado libremente y que realiza funciones “de confianza y asesoramiento especial”. La Ley obliga a las Administraciones Públicas a publicar el número de personal eventual y las retribuciones, pero cada una decide cómo da esa información: si publica las retribuciones anuales, mensuales (pero no concreta el número de pagas) o los grupos y complementos salariales. Algunos publican los nombres y apellidos también del personal eventual contratado —más allá de en el Boletín Oficial, donde es obligatorio— en sus páginas web de Transparencia y lo actualizan, otros no.
Desde hace unos meses, este diario ha preguntado a todas las Administraciones y entidades públicas de Castilla y León por su personal eventual en los últimos tres años. La reacción no ha sido la misma. Mientras que algunas Administraciones —como los ayuntamientos de Zamora— han entregado los datos además en formato editable (.csv, como había sido solicitado), otros —como los ayuntamientos de Palencia o León y la Diputación de Zamora— han optado por el silencio administrativo o por la información parcial —Ayuntamiento de Salamanca—. El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha recibido nueve recursos formulados a diputaciones, ayuntamientos y las Cortes de Castilla y León porque sus respuestas no han sido satisfactorias: no han contestado o han remitido a información incompleta.
En Castilla y León hay actualmente 349 trabajadores eventuales en las principales escalas de la Administración Pública: la Junta de Castilla y León y el parlamento autonómico, diputaciones y ayuntamientos de capitales de provincia e instituciones públicas como el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. La Junta de Castilla y León es la administración más grande y con más personal eventual, seguida de los ayuntamientos de León y Salamanca. El gobierno de coalición PP-Vox ha llegado a tener 49 eventuales, aunque de momento este número se ha reducido a 44, aunque los nuevos equipos todavía están terminando de cerrarse.
El Procurador del Común —el Defensor del Pueblo de Castilla y León— tiene tanto personal eventual porque prácticamente no tiene personal propio que haya accedido a su puesto a través de una Oferta Pública de Empleo, que debe tramitar el parlamento autonómico. El Procurador del Común es una institución que depende de las Cortes, que cuentan con 94 funcionarios —aunque no se proporciona el número correspondiente a la institución propia—.
Estos 347 trabajadores eventuales incluyen a los contratados a dedo por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, diputaciones, el gobierno autonómico, el parlamento y las instituciones propias; pero hay municipios más pequeños que también cuentan con personal eventual propio. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Castrojeriz (763 habitantes, Burgos) tiene dos peones de obras públicas y un guía turístico que están contratados como personal eventual; el Ayuntamiento de Medina de Pomar (5.866 habitantes, Burgos) tiene un asesor para las funciones de protocolo, comunicaciones y agenda del alcalde, con una retribución anual de 25.112 euros. En Ávila, los municipios de Arenas de San Pedro (6.464 habitantes), Arévalo (7.768 empadronados) o Cebreros (3.256) también cuentan con personal eventual destinado al Gabinete o a Comunicación.
La principal función del personal eventual es la de asesoramiento en distintas áreas como los gobiernos y los grupos políticos, pero tienen distintas responsabilidades: algunos son expertos en Comunicación o Protocolo, y otros pertenecen al equipo personal del responsable político de turno: jefes de gabinete, secretarios y chóferes son algunas de las categorías que más se repiten. En general, muchos cargos no son muy definidos y en la publicación de sus nombramientos solo figura 'técnico asesor' o 'administrativo', lo que dificulta conocer cuáles son realmente las funciones de estos trabajadores, cuyos sueldos pueden incluso superar los 70.000 euros, como Juan Feliciano Martín, uno de los técnicos superiores del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Los sueldos de este personal eventual no están fijados legalmente, por lo que las retribuciones por el mismo cargo pueden variar en función de la Administración Pública de la que se trate. El jefe de gabinete del Procurador del Común cobra 27.778 euros y el de la Diputación de Soria percibe 33.864 euros anuales, mientras que el de la Diputación de Burgos percibe 62.000 euros.
Algunos han ido escalando dentro de esa Administración, otros se han movido —siguiendo al cargo público si este cambia de responsabilidad política— y otros incluso han pasado de ser personal de confianza a cargo público como concejales, o son concejales o diputados que pasan a ser personal eventual cuando no salen elegidos. Los casos más sonados son los de Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía entre 2011 y 2016, —aunque por fechas no está en esta base de datos—, Arenales Serrano (exdiputada y exsenadora, que fue personal eventual) y Carlos Paramio (exconcejal en el Ayuntamiento de Valladolid), entre otros.
Ahora mismo hay una concejala (la portavoz del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez) y un diputado provincial (Eloy Tomé es diputado provincial en Zamora) y también un diputado en Cortes (Óscar Ramajo Prada, asesor de Presidencia en la Diputación de Zamora, ahora es diputado en el Congreso) que han trabajado como personal eventual. El caso del exconcejal de Salamanca, Daniel Llanos, es un proceso llamativo. Dimitió en mayo de 2021 tras triplicar la tasa de alcoholemia cuando la Policía le paró y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le fichó como personal eventual en abril de 2022.
La Ley de Transparencia de Castilla y León obliga a las Administraciones a publicar los puestos de personal eventual con su grupo o categoría profesional y sus retribuciones anuales. Sin embargo, algunas entidades son más transparentes que otras: algunas no publican los nombres de los trabajadores en su portal o no se actualiza con suficiente rapidez; y otros son mucho más minuciosos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ponferrada publica en su portal de datos abiertos la relación de personal de confianza desde 2003 con las fechas de alta, baja, nombre y apellidos, cargo específico, nivel, complemento específico y retribución anual.
Sin embargo, no todos tienen una política de transparencia tan activa. De hecho, algunas administraciones e instituciones de varios signos políticos se han negado a facilitar esa información cuando ha sido solicitada: el Ayuntamiento de Burgos (PP-Vox), el Ayuntamiento de Palencia (PSOE), el Ayuntamiento de León (PSOE), y la Diputación de Zamora (PP). El Ayuntamiento de Segovia (PP) no ha dado fechas ni retribuciones exactas y el Ayuntamiento de Soria (PSOE) ha remitido al personal de confianza actual. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca, por ejemplo, ha enviado los enlaces de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), donde no se publican los cargos pero no el nombre de quién lo ocupa.
Además, las Cortes de Castilla y León ha alegado que es necesario reelaborar la información y ha rehusado facilitar los datos de los últimos tres años pese a que ha sido solicitado a través del portal de Transparencia y reiterada la petición a la Mesa de las Cortes.
Fe de errores: por un error en la información, se decía que Cristina Zamorano continuaba en la Junta de Castilla y León, pese a que fue cesada el 7 de enero de 2024