El procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, ha sido elegido este viernes como presidente de la 'Comisión de investigación sobre la gestión del COVID en Castilla y León, medidas y decisiones adoptadas para minimizar su impacto en las residencias' que se volverá a reunir en la primera semana de octubre para analizar los planes de trabajo que presente cada grupo a los que ha dado un plazo de una semana.
Así lo ha explicado Pascual Muñoz al término de la primera reunión formal de esta comisión de investigación que tiene su origen en la solicitud de creación registrada el pasado 29 de abril por el Grupo Parlamentario Socialista y los procuradores de Podemos, UPL y Por Ávila y la no adscrita y que ha ampliado finalmente el objeto de investigación a todas las administraciones y etapas que pidieron PP y Ciudadanos.
Finalmente, esta comisión seguirá el esquema normal del resto de comisiones y no tendrá la figura de vicepresidente que había propuesto el Grupo Socialista para dar la posibilidad a Pascual Muñoz, que también es el representante del Grupo Mixto, a preguntar personalmente a los distintos comparecientes, según ha argumentado la socialista Nuria Rubio, que, en un deseo de “favorecer la operatividad”, se ha mostrado dispuesta a trasladar todas las peticiones y preguntas tanto del procurador abulense como de otros parlamentarios.
“Ha sido una reunión muy cordial”, ha asegurado Pascual Muñoz que ha sido respaldado por todos los partidos que ven en el abulense, médico de urgencias en ejercicio que ha luchado en primera línea contra el COVID, a un “buen presidente” para este cometido. A expensas de analizar los planes de trabajo de cada uno de los grupos parlamentarios, el de Por Ávila se ha mostrado convencido de que todos quieren trabajar “en el mismo sentido”.
El presidente ha preferido no pronunciarse sobre si hay discrepancias en el objeto de análisis, que el PSOE quiere centrar en la gestión de la Junta en las residencias, mientras que PP y Cs amplían la investigación a lo que ha ocurrido en todo el territorio, con la petición de comparecencias ya anunciadas del ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y del exministro de Sanidad, Salvador Illa, sin descartar llamar también al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y “a todo el que tenga que venir” tras analizar la documentación.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, ha advertido por su parte la socialista Nuria Rubio que ha insistido en la necesidad de centrar la investigación en lo ocurrido en las residencias de Castilla y León “desde el primero hasta el último responsable”, lo que incluye al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el “máximo responsable de todo lo que ha ocurrido en esta tierra”. “Para eso estamos en este Parlamento”, ha recordado.
No obstante, las comparecencias serán el tercer paso en la labor de esta comisión de investigación que primero tendrá que consensuar el plan de trabajo --el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, se ha mostrado convencido de que los grupos van a “coincidir bastante” porque “hay más consenso del que parece”-- para después pedir la documentación a estudiar y de la que surgirán las peticiones de comparecencias con una cuarta fase para las conclusiones.
“Es un objetivo ambicioso. Va a ser un trabajo exhaustivo e intenso”, ha asumido por su parte el procurador 'popular' Alejandro Vázquez, quien, tras abogar por llevar a cabo un plan de trabajo “serio y concienzudo” y por una “reflexión y análisis profundo de la documentación”, se ha mostrado confiado en que se pueda acabar toda la investigación y las conclusiones antes de que acabe esta legislatura, si bien ha aclarado que dependerá, entre otras cosas, de la cantidad de comparecientes que se citen y a los que “se tardará un tiempo” en poder atender.
David Castaño ha aprovechado la ocasión para asegurar que Ciudadanos cree “sinceramente” en la “buena fe” y en la “buena voluntad” de todos los responsables políticos que han tenido que hacer frente a las consecuencias de la pandemia mientras que Vázquez, que ha afirmado no dudar de la buena fe de nadie, ha sido tajante al rechazar cualquier intento de hacer un uso “partidista y circense” de esta comisión de investigación.
“No estamos aquí para hacer circos mediáticos”, ha manifestado en concreto mientras que Nuria Rubio ha vuelto a cargar contra PP y contra Ciudadanos por haber puesto “todas las trabas posible” para impedir que echase a andar esta comisión de investigación --es la segunda que ha registrado la oposición tras el rechazo de la primera cuando PP y Cs sumaban mayoría absoluta--. “Llevamos más de un año perdido”, ha lamentado la socialista en un llamamiento a trabajar “desde el minuto uno” y “con toda la energía y ganas”.
“Hoy es un buen día (...) hoy cumplimos con la palabra dada”, ha reivindicado la procuradora socialista que ha insistido en la necesidad de investigar lo sucedido durante la pandemia en las residencias de mayores de Castilla y León, donde han fallecido más de 4.000 personas, para que no vuelva a ocurrir, como piden, entre otros, la plataforma de afectados y un “clamor social”.
Los integrantes de la comisión, presidida en su primera reunión formal por el jefe del Legislativo, Luis Fuentes, para la posterior designación del presidente de la misma son, como ya se había registrado: María Isabel Gonzalo y Nuria Rubio, por el Grupo Socialista; Alejandro Vázquez y Pablo Trillo-Figueroa, por el Grupo Popular, y David Castaño y Francisco Javier Panizo, por el Grupo Ciudadanos.
El título concreto es: “Comisión de Investigación sobre la gestión del COVID en Castilla y León, medidas y decisiones adoptadas para minimizar su impacto en las residencias de Castilla y León, modelo de cogobernanza surgido de la declaración del estado de alarma, coordinación administrativa en la lucha contra el COVID, gestión y actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad Autónoma ante la pandemia de COVID-19