El Ayuntamiento de Burgos, formado por la coalición PP-Vox, utilizará a la Policía Local para buscar a inmigrantes ilegales en sus viviendas particulares, a pesar de que no está entre sus competencias. El vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acítores (Vox) ha presentado la iniciativa este miércoles en una rueda de prensa en la que ha anunciado “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”. Martínez-Acítores y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña han reconocido que no manejan datos de empadronamientos ilegales vinculados a la inmigración en Burgos y que su cruzada cuenta con el visto bueno de su socio de gobierno.
“Datos como tal no tenemos, empezamos a detectar algunos, nos lo cuentan, de alguien que se empadrona y no vive allí y que incluso vive fuera del país y percibe ayudas. Los motivos para empadronarse son para recibir ayudas, intentar regularizar situación, fraude electoral...hay varias causas todas relacionadas con casos de inmigración ilegal”, han llegado a afirmar sin aportar un sólo dato. Respecto a la opinión de su socio de gobierno, el PP, han dicho: “Nos dijeron que era nuestra área y que actuáramos como quisiéramos, que trabajásemos libremente”.
Un día después de este anuncio, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha desautorizado a Vox y ha recordado que las órdenes a la Policía solo las da ella. Ayala ha adelantado que tratarán este asunto en la Reunión de Coordinación del Ayuntamiento del martes de la próxima semana.
El artículo 53 de la Lay 2/1986 regula las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad y en concreto, restringe las competencias de la Policía Local a: Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano, Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia, participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.
También está entre sus funciones la prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil, efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad, vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello y cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. En ningún caso se le atribuyen competencias en inmigración y mucho menos pueden “inspeccionar” domicilios particulares sin una orden judicial.
Pero es que además, el vicealcalde ha llegado a afirmar que la Policía tirará de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Gerencia de Servicios Sociales, esta dependiente de la Junta de Castilla y León “para compartir información relevante y coordinar esfuerzos en la detección y prevención de empadronamientos ilegales”, otra iniciativa cuestionable puesto que los servicios sociales están para prestar ayuda a los inmigrantes y la información que recabe no puede servir para denunciarlos. Por si eso fuera poco, quieren implicar a los ciudadanos para que hagan de delatores sobre “posibles casos de empadronamiento ilegal” mediante denuncias anónimas para que la Policía Local haga un “seguimiento”, compruebe la ilegalidad y “tomar medidas necesarias para corregir la situación y sancionar a los responsables”.
Asimismo, otras de las medidas será el establecimiento de canales “de denuncia anónima para que los ciudadanos puedan informar sobre posibles casos de empadronamiento ilegal”, tras lo que la Policía Local hará seguimiento de estas denuncias, y en el caso de que se compruebe la ilegalidad del empadronamiento, como ha explicado el Martínez-Acítores, “se tomarán las medidas necesarias para corregir la situación y sancionar a los responsables”. Pretenden además buscar “colaboración” con la Policía Nacional, la Guardia Civil y los “servicios de inmigración” para “compartir información relevante”. No sólo eso, se suspenderá “cualquier tipo de ayuda social” a quienes estén empadronados ilegalmente o “hayan ingresado ilegalmente en Burgos”.
El PP dice que la “propuesta” de Vox se llevará a cabo cuando pase por el Pleno
A pesar de haber asegurado que el PP les había indicado que actuasen “libremente” en su área, horas después de la rueda de prensa, el socio de gobierno les ha desmentido mediante un comunicado, si bien de manera tibia, porque no llega a negar que la iniciativa pueda llevarse a cabo. La nota, que han enviado en la tarde del miércoles “ante el debate generado a raíz de las declaraciones realizadas esta mañana por el Grupo Municipal de Vox”, el Grupo del PP en el Ayuntamiento de Burgos manifiesta “que el contenido de las propuestas planteadas por sus socios de Gobierno municipal se debatirá cuando se presenten ante el Pleno”.
Desde las filas populares recuerdan que las medidas anunciadas por los concejales de Vox forman parte de una proposición elaborada por ese partido, propuesta que trataron de llevar de urgencia al pleno ordinario de mayo, si bien finalmente no se incluyó en el orden del día. “La postura del grupo popular se manifestará en la próxima sesión plenaria cuando vaya esa moción”, han señalado desde el PP en el Ayuntamiento. El PP precisa además que “algunas de las medidas” que plantean sus socios en el Gobierno local ya se están llevando a cabo, otras no son de competencia municipal y en algunas más no comparten el mismo criterio. Además, han recordado que desde el seno de este grupo municipal siempre se ha actuado de la misma manera a la hora de abordar los asuntos en materia de inmigración,
“dentro de los cauces que determina la legislación, de modo que si se detectan situaciones irregulares se da traslado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que procedan a realizar las acciones oportunas. Así se ha operado siempre y así se seguirá haciendo”, han señalado.