Pleno de Prespuestos

Carriedo, a favor del diálogo y el acuerdo, afirma que la Junta no renunciará al interés general para obtener apoyos

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que la Junta de Castilla y León está “a favor del diálogo y el acuerdo” pero ha aclarado a renglón seguido que como Gobierno nunca renunciarán al “interés general” para obtener apoyos parlamentarios.

“Siempre pondremos por delante los problemas reales de las personas de Castilla y León”, ha aseverado el también portavoz de la Junta en su intervención al inicio del pleno vespertino de este jueves en el que se debaten las enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley Presupuestos Generales de la Comunidad 2023 y de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.

“Considero que estamos ante un buen proyecto de presupuestos”, ha reiterado el consejero de Economía y Hacienda que, “con humildad y determinación”, ha pedido el apoyo de la Cámara a unas cuentas que, según ha asegurado también, están “avaladas” por la AIREF y adaptadas a un contexto de “dificultades” y de “deterioro” de las expectativas de crecimiento por la “elevada incertidumbre” derivada, a su vez, de la “alta inflación”, del aumento de los costes energéticos, de la subida de los tipos de interés “o del anuncio de subidas de impuestos por parte del Gobierno de España”.

El consejero ha recordado a los grupos de la oposición que hoy piden la devolución del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2023 que el objetivo de las cuentas presentadas por la Junta por valor de 13.809 millones de euros es ayudar a las personas y a las familias en un momento de crisis y de favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo a lo que ha añadido la necesidad de impulsar la transformación que necesita Castilla y León. “Construir, entre todos, el futuro que queremos para nuestra tierra”, ha sentenciado.

“Menos impuestos, mejores servicios públicos, más apoyo para las familias, más inversiones y más compromiso con el mundo rural”, ha resumido el consejero de Economía y Hacienda que ha reconocido que las cuentas de 2023 contemplan una “importante subida” de recursos del modelo de financiación, aunque “insuficiente”, con un déficit de cerca de 500 millones de euros para cubrir los gastos de sanidad, educación y servicios sociales.

A esto ha añadido que la Junta de Castilla y León tiene que hacer frente con esos “limitados recursos” a los gastos vinculados al territorio, “el más extenso de España”, por lo que ha reiterado la necesidad de reformar un sistema de financiación autonómica “que penaliza especialmente a Castilla y León, por razones relacionadas con el envejecimiento y la baja densidad de la población, la elevada extensión y la dispersión territorial”.

Y según ha explicado una vez más, el bloque de recursos que más crece son los fondos que tienen su origen en la Unión Europea que aumentan un 62 por ciento con respecto al último presupuesto aprobado, el de 2021, por la incorporación de los Fondos de Nueva Generación, unos incrementos que, según ha lamentado, se ven frenados por la disminución de las transferencias, procedentes fundamentalmente del Estado, en un 30 por ciento por la eliminación de los fondos COVID que suponían 633 millones “y ayudaban a financiar la prestación de unos servicios públicos que hoy siguen siendo necesarios y seguimos atendiendo”.

“No existe pues justificación al recorte que el Gobierno de España ha decidido aplicar a estos recursos”, se ha reafirmado el consejero que ha asegurado por otro lado que Castilla y León se enfrenta al nuevo

escenario de subida de tipos de interés en una situación de solvencia financiera “mejor” que la del resto de Comunidades Autónomas.

Y respecto al aspecto tributario, ha reivindicado que la Ley de Medidas no crea nuevos impuestos que afecten a los contribuyentes de Castilla y León, “ni incrementa los tipos impositivos respecto de los ya existentes” y ha significado que sí recoge “diversas modificaciones” que buscan favorecer a las familias, los jóvenes, los emprendedores, los autónomos y las pymes, especialmente en el medio rural.

“Con ello consolidamos una política fiscal que reduce la carga impositiva para familias y empresas, estimula el consumo y la inversión, y favorece el crecimiento económico y la creación de empleo”, se ha reafirmado.

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