La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo desde este lunes a los 12 encausados por el denominado caso de 'La Perla Negra', una de las tramas más importantes de corrupción en la etapa de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta de Castilla y León. Tras un periodo de diez años de instrucción y después de suspenderse hace dos años porque las partes no tenían la causa al completo, se han fijado 26 días repartidos entre febrero y mayo para dilucidar si se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración en la construcción y compra del edificio conocido como Perla Negra y que aloja actualmente varios departamentos de la Consejería de Economía.
Entre los acusados están quienes formaron parte de la cúpula de la Consejería de Economía cuando se empezó a tramitar el concurso para el edificio en 2005, así como empresarios beneficiados por la trama. El entonces consejero, Tomás Villanueva llegó a estar imputado, pero falleció repentinamente en 2017, poco antes de declarar ante el juez que instruía el caso. Además del edificio, por el que se pagó un sobrecoste de decenas de millones y que se adjudicó amañando un concurso, el caso abarca la compra de terrenos para un polígono, con precios hasta 9 veces superiores a los de mercado. No es la única causa pendiente de esa Consejería, está pendiente aún el caso de la Trama Eólica, que tiene encausados comunes con Perla Negra.
En el juicio, que se desarrollará a lo largo de los cuatro próximos meses, los primeros tres días están reservados a cuestiones previas, después desfilarán hasta 90 testigos y peritos, entre los que se encuentra el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y por último, declararán los acusados. No es lo común, pero la Sala ha accedido a dejarlos para el final para garantizar el derecho de defensa en un caso de especiales características y complejidad. En la causa, además del Ministerio Público, hay dos acusaciones particulares, el PSOE y el propio gobierno autonómico, que no se personó hasta 2016, momento en que la causa estaba muy avanzada, por considerar que no se había producido ningún perjuicio económico y todo ello a pesar de que la Fiscalía llegó a ofrecerle, al menos en dos ocasiones, la posibilidad de ejercer acciones penales. Pero ni siquiera una vez personado el Gobierno autonómico, tuvo claro los delitos que presuntamente se cometieron al inflar los precios del edificio y del suelo de un polígono industrial que no llegó a construirse. No sólo eso: llegó a pedir el archivo de la causa e incluso abroncó al juez porque algunos medios, como elDiario.es, publicaron datos y documentación sobre la instrucción del caso. De hecho, las peticiones de pena que propone la Junta de Castilla y León su escrito de acusación son notablemente inferiores a las de la Fiscalía y, en el caso de los responsables de empresas públicas que participaron en la trama, ni siquiera les acusa.
Estos son los acusados:
Rafael Delgado. Es el principal acusado del caso junto a Begoña Hernández. Fue viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería y autorizó facturas para pagar 4,4 millones de euros a Unifica, el mismo despacho de arquitectos que reformó la sede del PP en la calle Génova y cobró en dinero negro. En el caso Perla Negra, no se licitó ningún concurso, directamente se eligió a Unifica. Las investigaciones posteriores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional revelaron mucho más. Unifica no sólo recibió los 4,4 millones de manera irregular, sino que parte del dinero retornó a la constructora y a la promotora a través de sociedades administradas por los propietarios de las dos mercantiles. La Fiscalía pide para Delgado 11 años de prisión, el PSOE más del triple, 34 años, la Junta de Castilla y León, 11. Además el PSOE solicita multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial a la Junta.
Begoña Hernández. La sucesora de Delgado como viceconsejera de Economía se enfrenta a una petición de pena de prisión de 11 años por parte de la Fiscalía, de 34 años por el PSOE y de 4 por parte de la Junta de Castilla y León. Además el PSOE solicita igual que a Delgado el pago 50,7 millones a la Junta, en concepto de indemnización por el daño patrimonial creado por el alquiler y posterior compra del edificio por los terrenos del polígono de Portillo, que sigue sin desarrollar.
Los empresarios que presuntamente se beneficiaron de la trama son Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Carlos González Maestro, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Francisco Esgueva. Para todos ellos el Ministerio Público solicita 6 años de prisión y una indemnización solidaria de 16 millones de euros. Todos ellos ya tienen impuesta una fianza solidaria de 18 millones. El PSOE pide penas distintas para todos ellos:
Para Alberto Esgueva el PSOE pide 34 años de cárcel, 105 años de inhabilitación, multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta no le acusa de nada.
Para Ángel Román Montes, el PSOE solicita18 años de cárcel, 42 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 56,3 millones y el pago de 56,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta pide 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones de euros.
Para Francisco Esgueva, el PSOE solicita 14 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración, 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta pide 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones de euros.
Para Germán Martín Giraldo, el PSOE solicita 22 años de cárcel, 42 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración, 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta solicita 11 meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencias y multa de 10 millones.
Para Carlos González Maestro, el PSOE interesa una condena de 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta pide para él 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones.
Para Luis Antonio Recio, la condena que pide el PSOE asciende a 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta pide para él 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones.
Para Luis Ángel Rodríguez, 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta La Junta pide para él 9 meses de prisión por tráfico de influencias y multa de 2,5 millones.
Por otro lado están los acusados que tuvieron cargos en empresas públicas dependientes del gobierno autonómico.
Salvador Molina Martín, que fue director gerente de Gesturcal, se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El PSOE pide 11 años y seis meses de cárcel, 45 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta de Castilla y León no acusa.
Francisco Armero, que fue director financiero de la empresa Gesturcal, se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El PSOE solicita 11 años y seis meses de cárcel, 45 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta no acusa
Juan Carlos Sacristán, que fue consejero delegado de Gesturcal se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de 11 años por delito continuado de revelación de secretos en concurso con delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El PSOE solicita 11 años y seis meses de cárcel, 45 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial. La Junta de Castilla y León no acusa.