Castilla y León acatará la sentencia y hará públicos los datos de las residencias de ancianos en la pandemia ahora que el auto les ha “habilitado” para ofrecer los datos desagregados de las residencias privadas y no solo de las públicas. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido en que no habían hecho públicos esos datos porque había un informe jurídico de la Abogacía del Estado y de los Servicios Jurídicos del gobierno autonómico y las autoridades en materia de Protección de Datos que no iban en esa dirección.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado el argumento de que su difusión podría perjudicar los “intereses económicos y comerciales” de las empresas que las gestionan. “Hay un auto que nos habilita a ofrecer mayor desagregación, y los ofreceremos en los próximos días”, ha afirmado Carriedo, quien ha asegurado que no solo darán los datos de marzo y abril, sino también de “todo el periodo”. Algunas autonomías sí hicieron públicos los datos de mortalidad en las residencias privadas como la Comunidad de Madrid, Galicia —después de una resolución de la Valedora do Pobo y de una sentencia— o Baleares.
Este miércoles, PP y Vox votaban en contra de hacer públicos los datos sobre muertos en las residencias, una petición que formulaba el PSOE en una enmienda de adición a una moción en materia de Transparencia de Ciudadanos. “Ayer lo que se votó en contra no tenía nada que ver con la sentencia que plantea. Vamos a aprovechar la puerta que nos abre la sentencia para publicar lo que la sentencia nos permite publicar”, ha afirmado Carriedo.
El PSOE proponía en realidad instar a la Junta a hacer públicos los datos de fallecimientos en centros residenciales privados y hacer públicos los datos sobre enfermos trasladados y no trasladados a hospitales, indicando si el fallecimiento se produjo en las residencias o los hospitales. PP y Vox votaron en contra de este aspecto en concreto, puesto que los 12 puntos de la moción se votaron de forma individual.
El exdirector general de Transparencia, Joaquín Meseguer, consideraba que no se había “tenido en cuenta el interés público o privado que justificaba” el acceso a la información. Preguntado por la posición de Meseguer ha insistido en los informes de los Servicios Jurídicos. El Comisionado de Transparencia también afeó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que negara estos datos a elDiario.es.
Los argumentos de la administración autonómica eran que conocer en qué centros residenciales de mayores se habían producido decesos a consecuencia del virus “podría causar un daño económico” a los privados, que se trata de “datos personales” a salvaguarda de la protección de datos y que el interés de conocerlos era “muy escaso”, por encima del derecho al acceso a la información. El Comisionado de Transparencia de Castilla y León resolvió en una petición de infoLibre y otra similar de ILEÓN considerando que los datos de fallecidos por COVID-19 en residencias privadas que Castilla y León era de “especial interés público”, por lo que instaba al Gobierno autonómico a su entrega.