La Junta de Castilla y León ha revocado la atribución temporal del jefe territorial de Medio Ambiente de Valladolid, que se le había concedido el pasado 5 de agosto para atender “necesidades funcionales de carácter inaplazable y urgente”. El cese se produce un mes después de que elDiario.es publicase que a la pareja del funcionario se le había adjudicado el contrato de comunicación del operativo de incendios y que por causas que Medio Ambiente no ha explicado, quedó exento de iva a pesar de que por ley, como todo contrato de servicios, lleva aparejado un 21% de ese tributo.
La plaza de jefe territorial de Medio Ambiente en Valladolid queda vacante a pesar de que, tanto el funcionario ahora apartado como al menos otros dos, han solicitado ocuparla. En el documento interno al que ha tenido acceso elDiario.es, la Dirección General de Función Pública acuerda la revocación solicitada por la Consejería de Medio Ambiente el pasado 5 de octubre.
Según la Consejería “en estos momentos el operativo de incendios de la Junta de Castilla y León se encuentra en época de peligro medio, por lo que las actuaciones del mismo han disminuido”. Además “se han iniciado las actividades docentes en la Escuela de Capacitación agraria” que dirige el funcionario.
De este modo, deja de ser un cargo de confianza de Medio Ambiente para serlo sólo de Agricultura, si bien su pareja sigue desempeñando las labores de comunicación que se le adjudicaron por 104.000 euros por un periodo de 24 meses. La Consejería de Medio Ambiente sigue sin aclarar a este diario por qué se eliminó el 21% de iva que llevaba aparejado ese contrato, tampoco revela cuántas personas trabajan para llevarlo a cabo y no ha facilitado la oferta que hizo la adjudicataria, en la que teóricamente debía aparecer tanto el personal que aportaba, su experiencia, y su formación, además de un plan de comunicación. Del mismo modo, Medio Ambiente oculta las razones por las que decidió invitar al procedimiento negociado sin publicidad a las respectivas parejas de dos cargos de confianza que ni siquiera tenían una empresa inscrita en el Registro Mercantil.