La Junta de Castilla y León no se va a echar atrás con las medidas “pro vida” que anunció el pasado jueves el vicepresidente, Juan García-Gallardo. El Gobierno autonómico ha publicado en su web un comunicado en el que reacciona duramente al requerimiento que le hace el Gobierno central. Moncloa, que le ha advertido que acudirá a la Justicia si lleva a cabo el plan antiaborto de Vox, le ha pedido “que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que contestará este lunes por escrito, se pronuncia en los mismos términos indicando al Gobierno de Pedro Sánchez “que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al simple amparo de noticias en medios de comunicación. Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia”, es decir, que culpa a los medios de unas medidas que se anunciaron en rueda de prensa y que están matizando desde entonces.
Añade además que Castilla y León “tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario”. Pero además, se niega, como pedía Moncloa, a comunicar al Ministerio de Sanidad el cambio en el protocolo de atención a mujeres embarazadas. Lo justifica precisando que “las obligaciones de colaboración interadministrativa están establecidas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos” por lo que Castilla y León no tiene “ninguna obligación específica” para en que en el ejercicio de sus competencias “comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias”.
La Junta además amenaza al Gobierno, cuando advierte que “en el caso de que con esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que mañana pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España” no descarta “implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”. No sólo eso, ya que añade que estudiará “si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”.
En el comunicado también se alude a que las medidas de “fomento a la natalidad y de apoyo a la familia” se aplicarán con respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios. Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, por supuesto, se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, “como ya le explicó el consejero de Sanidad a la ministra del ramo a través de una carta enviada el pasado viernes”. La Junta persiste en insistir en que ofrecer escuchar el latido del feto tanto a mujeres que quieren abortar como a las que quieren continuar con su embarazo, es fomentar la natalidad, y lo mismo hace con las ecografías 4D. Todo ello a pesar de que esas medidas se presentaron incidiendo en el número de abortos voluntarios, que a García-Gallardo le parece “escalofriante”. Es más, el vicepresidente de la Junta incidió en que si con las medidas se salvaba “a un solo niño”, las medidas habrían valido la pena.
Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley.
La Junta de Castilla y León “utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente. La Junta de Castilla y León velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias”, dice en el comunicado.