Castilla y León ha reservado 35 millones de euros para aplicar desde el 1 de junio y durante este 2023 la vuelta a las 35 horas semanales en los trabajadores de la administración autonómica, desde el 1 de setiembre los docentes, de acuerdo al decreto ley que ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno tras el acuerdo con los sindicatos.
El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que ahora se abre un calendario de negociación en las mesas sectoriales correspondientes para aquilatar las necesidades de plantilla que suponen esas 35 horas con el fin de que los servicios públicos no pierdan calidad.
Carnero no ha entrado a valorar si las 4.500 plazas que estiman los sindicatos que se necesitarían para cumplir con esas 35 horas serían un punto de partida en esa negociación. El decreto ley cuenta con el aval de todos los sindicatos de la Mesa General de Negociación de la Junta CSIF, UGT, CCOO y TISCyL.
El consejero ha recordado que se trata de volver a la jornada que había en el 2012, que por circunstancias económicas pasó a ser de 37,5 horas en todo el Estado, y que permite además conciliar la vida familiar y laboral, informa EFE.
Habrá una jornada laboral obligatoria de 9 a dos de la tarde, y pulo la posibilidad de flexibilizar entre 7.30 y 9 y de 16.00 a 18.30, de lunes a jueves, y el viernes de 14.00 a 16.30.
Además, el decreto ley recoge que se mantiene la posibilidad de exigir a los puestos de libre designación el pedir una duración de jornada superior.
Para volver a las 35 horas, se modifica del Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, salvando el rango reglamentario de esta modificación. También se regulan las necesarias particularidades de los sectores educativo y sanitario.
Sindicatos y Mañueco firman el acuerdo
Los sindicatos UGT y CCOO, que junto a CSIF, han firmado con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este jueves el decreto de aplicación de las 35 horas semanales a todos los empleados públicos de Castilla y León, han advertido de que estarán vigilantes en su aplicación para que “no vuelva a ser parte de una nueva campaña electoral”.
Así se han pronunciado, en declaraciones recogidas por Europa Press, después de que este jueves se haya firmado ese decreto, cuatro años después de que en mayo de 2019, “en fechas cercanas a las elecciones”, se suscribiese el acuerdo entre las centrales sindicales y el Gobierno regional para recuperar las 35 horas semanales, que habían sido suprimidas en 2012.
Al respecto, UGT ha recordado que este decreto “se produce con un retraso de casi cuatro años”, al tiempo que ha recordado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió “en su última campaña electoral para luego desdecirse”.
El secretario de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas, ha asegurado que “lo que queda es vigilar que se aplique adecuadamente a todos los empleados públicos de la Junta y que esto no suponga el incremento de la carga de trabajo para los empleados”.
Por su parte, CCOO ha recordado que el acuerdo se firmó en 2019 “en fechas cercanas a las elecciones autonómicas” aunque “una vez pasada la vorágine electoral” la recuperación de las 35 horas “no se produjo”, a lo que han apuntado que ahora se firma el decreto, por parte del presidente de la Junta por dos razones “fundamentales”, la proximidad de las elecciones y la llegada de “abundantes” fondos estatales.
Asimismo, CCOO estima que “no tiene que existir ninguna dificultad” en la aplicación de este decreto, ya que “bastaría” con contratar al personal necesario.