El sindicato de trabajadores CCOO en Castilla y León ha remitido este martes una carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que le piden que convoque el Consejo del Diálogo Social en la Comunidad después de que se haya cumplido un año sin reunirse. El sindicato ha lamentado en un comunicado de prensa que, de no reconducirse pronto las relaciones institucionales y de diálogo social, “se entraría en una etapa de riesgos evidentes contrarios a la cultura política y social de la Comunidad”.
En la carta, CCOO ha recordado a Mañueco que el 11 de julio de 2022 se celebró el último Consejo de Diálogo Social, un órgano que él mismo preside. Además, en los próximos días, a finales de julio, también se cumplirá un año de la última Comisión Permanente del Consejo.
“Esta desidia pone de manifiesto que los órganos de participación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo son inútiles a día de hoy”, ha expresado el sindicato. Asimismo, CCOO ha reflejado en la misiva su “gran preocupación” por el “deterioro de los procesos institucionales en el ámbito de las relaciones laborales y el empleo”, con un “desencuentro constante en sus materias, que son muchas, con la administración laboral de la Junta”.
El sindicato también se ha referido a los acuerdos vigentes con las Consejerías que gestiona el PP. Si bien en la mayoría de los casos “se ejecutan y desarrollan”, desde CCOO han asegurado que “resulta cada vez más difícil, porque en muchas materias influye la nefasta actuación de la Consejería de Empleo”. Como consecuencia, “los desarrollos y los posibles nuevos acuerdos no se pueden realizar, precisamente por dicha actuación. Algunos de estos acuerdos importantes han culminado en años anteriores y están prorrogados formalmente y otros acuerdos de importancia culminan en este mismo 2023”, han argumentado.
Por todo ello, un año después, y ante este escenario, CCOO ha solicitado a Mañueco, de forma extraordinaria, una reunión del Consejo de Diálogo Social de Castilla y León, “a celebrar lo antes posible”, como fórmula que permita “salvar, al menos, la necesaria interlocución y la institucionalidad democrática entre las partes y, si aún es posible, el modelo de diálogo social en la Comunidad”