Más de un centenar de personas, entre magistrados, jueces, fiscales, abogados y procuradores, junto con otros operadores del ámbito judicial, se ha concentrado este viernes a las puertas del Palacio de Justicia de Valladolid, sede de la Audiencia Provincial, para mostrar su más enérgico rechazo a la politización de la Justicia.
La concentración había sido convocada por la Audiencia de Valladolid en el marco de otras movilizaciones ya celebradas en Salamanca, hoy también en León y la próxima semana en Palencia y Segovia para hacer público el malestar de los operadores judiciales ante el acuerdo PSOE-Junts que contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política.
El sentir unánime de todos ellos ha sido expuesto por el presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, quien, a través de un comunicado, ha advertido de la necesidad de garantizar la separación de poderes y la independencia judicial, exigencia que, tal y como ha puntualizado, se pone en peligro ante una “supuesta judicialización espuria de la política” y la fiscalización de la actuación de los jueces por parte de comisiones parlamentarias.
“Queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a toda injerencia y fiscalización por parte del poder ejecutivo o legislativo en la actuación de los jueces, que son independientes y actúan sometidos únicamente al imperio de la ley, como garantía última de los derechos de los ciudadanos libres e iguales ante la ley”, ha trasladado Carranza.
Su postura es plenamente coincidente con la ya expuesta por el Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, las salas de gobierno de distintos tribunales superiores de justicia, incluido el de Castilla y León, los presidentes de las audiencias provinciales, los jueces decanos, todas las asociaciones judiciales y de fiscales, multitud de instituciones, colegios y despachos de abogados y asociaciones profesionales de todo orden y muchos jueces y magistrados en distintas ciudades que se han concentrado y se siguen concentrando al día de hoy con sus togas a la puerta de los juzgados y las audiencias.
La toga, un símbolo
Precisamente, el hecho de acudir al acto público provisto de la toga reglamentaria, ha explicado Carranza, tiene el significado de “reflejar que esto es un poder del Estado, que el poder del Estado es una de las patas del Estado de Derecho. Hay tres, es un taburete, y esta pata debe respetarse y no debe fiscalizarse de ninguna manera”.
Con posterioridad, y a preguntas de los periodistas, el máximo responsable de la Audiencia vallisoletana ha invocado la “absoluta neutralidad política, sin partidismo de ningún tipo” de actos de protesta de este tipo que, simplemente, buscan rechazar todo aquello que suponga un peligro para la independencia judicial.
“Yo soy consciente de que hay alguna asociación judicial que ha manifestado que no era procedente concentrarse de esta forma. Aquí no estamos defendiendo ni vamos contra ningún partido político, nos da igual cualquiera que hubiese hecho ese acuerdo. Vamos contra un acuerdo, cualquiera que sea el que lo haga”, ha insistido Carranza.
El portavoz de los allí concentrados ha precisado también que la defensa del poder judicial no pretende otra cosa que proteger los derechos de los ciudadanos, “que no queden inermes ante las actuaciones que puedan tener de otros particulares, también de los otros poderes del Estado. Es la función esencial de la judicatura. Sin esa función, el Estado de Derecho se resiente, el Estado de Derecho puede desaparecer”, ha sentenciado Carranza.