Durante casi 15 años, Luis Alberto Samaniego, exjefe del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, habría adjudicado obras municipales con sobrecostes por valor de 2,4 millones de euros, a través de 1.316 facturas de contratos menores, a empresas de la familia, en las que el propio Samaniego participaba. Este lunes arranca el juicio por este caso, en el que está involucrado el propio Samaniego, así como su hijo, su primo y un contable, para quienes la Fiscalía pide para en global 35 años de prisión.
Los hechos tuvieron lugar entre los años 2000 y 2014 y en esta causa está personado el Ayuntamiento de Valladolid que, por su parte, pide para los cuatro investigados 45 años de cárcel. El juicio está previsto que finalice el próximo jueves y en él se trata de determinar si son culpables de delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas, falsedad en documento mercantil y estafa, mediante la concesión, desde el Consistorio, de obras de pequeña cuantía de forma reiterada.
En concreto, se investigan los supuestos sobrecostes por importe de casi dos millones y medio de euros que el grupo de empresas perteneciente a esta familia recibió durante ese periodo. Según el escrito del fiscal, Luis Alberto Samaniego, jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, gestionó y contrató pequeñas obras, a través de 1.316 facturas por valor de 11 millones de euros, de los que 9,5 millones pertenecerían a contratos menores, a pesar de que conocía que, debido a su cargo, no podía realizar esas operaciones en beneficio de sus empresas familiares.
Samaniego no puso en conocimiento del Ayuntamiento el destino de esas obras, en algunos casos sin ejecutar y en otros realizadas por trabajadores del Ayuntamiento. Además, se han detectado algunos contratos adjudicados que no se correspondían con obras las realizadas.
En concreto, la Fiscalía solicita once años de cárcel para Luis Alberto Samaniego, mientras que para el hijo, su primo y el contable del entramado de empresas que se creó para facturar al Ayuntamiento de Valladolid, se solicitan penas de ocho años de cárcel para cada uno.