El Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea, ha admitido a trámite la reclamación que CCOO y UGT presentaron contra la Junta de Castilla y Léon al entender que el Gobierno autonómico “con sus actuaciones vulneraba y vulnera, clara y flagrantemente, varios preceptos de dicha Carta Social”.
En una nota de prensa, ambos sindicatos han explicado que ña admisión de dicha reclamación supone una “resolución ejecutiva”, porque el Gobierno de España “tiene la obligación de hacer cumplir la Carta Social Europea a la Junta de Castilla y Leó”
De acuerdo con la comunicación recibida, el Comité da traslado al Gobierno de España de “los incumplimientos denunciados”, y emplaza al Ejecutivo central a responder por escrito antes del próximo 31 de mayo. A esa respuesta escrita, las dos organizaciones sindicales reclamantes podrán formular alegaciones en su caso.
Para CCOO de Castilla y León, han señalado, “esta admisión a trámite es una noticia muy importante y un motivo de esperanza de que el Estado Español actúe con prontitud y obligue a la Junta de Castilla y León a cumplir con sus obligaciones”. Esta actuación urge especialmente en algunas materias, como el SERLA, cuya situación se ha agravado en los últimos meses, hasta el práctico colapso de su funcionamiento.
A juicio de CCOO, son al menos cinco los artículos de la Carta Social Europea que están siendo “vulnerados”: artículo 3 (derecho a la seguridad y salud en el trabajo), 5 (derecho de sindicación), 6 (derecho a la negociación colectiva), 9 (derecho a la orientación profesional y 19 (derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia).
La reclamación ante el Comité de derechos Sociales es una más en la batería de actuaciones que el Sindicato tiene en marcha contra las actuaciones de la Junta que “vulneran los derechos de las personas trabajadoras”.
El comunicado, concluye señalando que “después del espaldarazo de algunas decisiones judiciales y la admisión de nuestra petición en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, esta admisión constituye un paso más contra las políticas destructivas del Gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León”.