Un juzgado decidirá si el Congreso Provincial del PP de Salamanca puede seguir demorándose sin que nadie dé razones. La demanda de una afiliada ya ha conseguido que, por el momento, el Juzgado de Primera Instancia 6 señale una vista el próximo 14 de diciembre para dirimir si hay que acordar la medida cautelar que pide: que se ordene al Partido Popular la “inmediata” convocatoria del Congreso. Con la demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la afiliada quiere que se proteja el derecho fundamental de asociación en su vertiente de asociación política y que se declare que el PP la ha vulnerado.
El congreso provincial acumula un retraso evidente. Los estatutos del PP especifican que deben celebrarse cada cuatro años y el plazo para la celebración del de Salamanca venció el 27 de mayo de 2021. Un año y cinco meses después ni se ha convocado, ni tal y como explicaron desde el partido a este diario hace unos meses había una fecha prevista para ello. Según la demandante “múltiples afiliados al Partido Popular de Salamanca” solicitaron por escrito al Comité Nacional de Garantías la celebración de dicho Congreso Provincial, pero desde Génova se trasladó esa queja al Comité Autonómico de Derechos y Garantías de Castilla y León, que a su vez dio una respuesta “vaga e indeterminada”. “Le informamos que acaba de recibirse del Comité Nacional de Derechos y Garantías, en este Comité Autonómico, la carta que en su día envió usted, firmada también por los afiliados, con relación a la celebración del congreso provincial de Partido Popular de Salamanca. A este respecto, le indico que, una vez se ha tenido conocimiento de la misma, se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”.
Los afiliados, volvieron a dirigirse a Génova 13 el 28 de julio de 2022 con un burofax para el presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, José Antonio Monago, reiterándole la queja “sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta”. Es por ello por lo que se ha procedido a una demanda con petición de medida cautelar. Argumenta la demandante que es “flagrante el incumplimiento” del PP de sus propios estatutos por los que se rige así como de la propia Ley Orgánica de Partidos Políticos y por ende la infracción del derecho fundamental que invoca. Pero además, existe jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS 4207/2020 ). En 2016 un afiliado del PP interpuso una demanda por el mismo motivo cuando el Congreso Nacional del PP que debía celebrarse en febrero de 2015 se retrasó. El Supremo falló a su favor declarando “que la no convocatoria del congreso nacional del Partido Popular que debió celebrarse en febrero de 2015” vulneró su derecho de asociación en su vertiente de derecho de participación democrática en el partido y condenó al Partido Popular al pago de las costas de primera instancia.
En la demanda se precisa que el Comité Ejecutivo, que debe reunirse según los estatutos una vez al mes, en todo el año 2.020 sólo se reunió en una ocasión, en 2021 dos, por dos juntas directivas extraordinarias y en 2022, sólo se ha celebrado una reunión en junta extraordinaria “lo que da cuenta del deficiente funcionamiento interno del Partido Popular de Salamanca, con graves incumplimientos de sus propios Estatutos”.
El 'caso primarias' y un presidente imputado
Lo que en parte puede explicar la parálisis del PP de Salamanca, también está en un juzgado. El presidente, Javier Iglesias, está imputado en el 'caso primarias', desde noviembre de 2021, cuando se le llamó a declarar en calidad de investigado. Aunque Iglesias declaró como testigo en una primera ocasión, en esa segunda, a la que debía acudir con abogado, decidió no declarar y se basó en un recurso que había interpuesto sobre esa citación, algo totalmente inusual en el ámbito judicial.
Con un presidente imputado y un congreso en ciernes sólo cabían dos opciones: que Iglesias, imputado, fuese candidato de nuevo con riesgo de fracasar, o que se le apartase y se diese a entender que su situación judicial era grave, lo que también dejaría en el aire su continuidad como presidente de la Diputación de Salamanca. El problema es que el PP ha esperado a que la situación judicial se resuelva y el tiempo ha pasado sin que la Audiencia Provincial de Salamanca se haya pronunciado aún sobre si Iglesias debe o no declarar como investigado ante el juez instructor.
Lo que se investiga en el 'caso primarias' es una presunta financiación ilegal del partido que se habría producido en 2017, una semana antes de las primarias que ganó el actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Al frente de esa financiación estaría Iglesias, como presidente del PP de Salamanca.
En solo una semana, entre el 10 y el 17 de marzo de ese año , el partido recaudó más de 60.000 euros para pagar cuotas de afiliados morosos y lograr que estos votasen en las primarias a favor de Mañueco que se enfrentaba a Antonio Silván, entonces alcalde de León y delfín de Juan Vicente Herrera. Mañueco las ganó y se convirtió en presidente del PP de Castilla y León. El dinero, según el relato oficial, provino de “donaciones altruistas de altos cargos del partido”, que por no saber, según reconocieron ante el juez, no saben ni a quién entregaron el dinero ni qué deudas con la organización estaban pagando.
En aquellas primarias se inscribieron para votar 1.400 militantes, votaron 1.200, y de ellos, 800 eran morosos que regularizaron sus cuotas en el último momento. La operación fue un éxito. La mecánica para recaudar 61.937,65 euros, o como lo denominó el propio Javier Iglesias cuando declaró en calidad de testigo, “la maquinaria ingente”, consistió en que cargos del Partido Popular a nivel provincial, autonómico y nacional, entregasen cantidades que oscilaron entre los 300 y los 1.000 euros por cabeza. La decisión tampoco tiene un responsable: surgió “de manera espontánea” al conocer que el PP celebraría unas primarias por primera vez y que uno de los candidatos a presidir el partido en la región era el salmantino Fernández Mañueco.
Tal y como publicó en exclusiva eldiario.es el pasado mes de febrero, entre esos donantes altruistas estaba el propio Mañueco, que presentó un documento en el juzgado en el que reconocía haber aportado 1.000 euros “en metálico”.