El consejero que pasó de las grabaciones del caso Enredadera a culpar a los ecologistas de los incendios

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, capea como puede la crisis de los grandes incendios que asolan la comunidad mientras algunas fuentes del PP apuntan a que su carrera política ha acabado. El jurista entró en política en 2012, cuando era decano de los jueces de León y fue nombrado subdelegado del Gobierno en León. Gobernaba el PP y presumía de su excelente relación con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esa escasa experiencia de poco menos de tres años en la subdelegación, Suárez-Quiñones daba el salto a la política autonómica en 2015, cuando el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, lo fichó como consejero de Fomento y Medio Ambiente.

Suárez-Quiñones era la cara amable de la Junta. Su profesión de juez y su incorporación tardía a la política le daban cierto barniz de servidor público. Pero la gestión no fue todo lo eficiente que habría querido el PP, porque le tumbaron desde la Ley de Caza a la orden de caza del lobo al norte del Duero. Aún así, no protagonizó grandes polémicas hasta 2018, cuando la Operación Enredadera destapó una presunta trama de alteración de concursos públicos. A la cabeza de la red, el juez instructor colocaba al empresario leonés de los medios y de la construcción –actualmente condenado en Gürtel y pendiente de otro juicio– José Luis Ulibarri.

En ese enorme sumario había meses de escuchas telefónicas y en una de ellas aparecía una llamada de Suárez Quiñones a Ulibarri en la que le ofrecía hacerse cargo de la obra de una carretera, sin pasar por un proceso de licitación. “Yo soy la Administración”, razonó el consejero. Una vez que se hizo público, Suárez-Quiñones llegó a plantearse actuar contra la Justicia, pero no llegó a hacerlo. No fue imputado a pesar de que la UDEF apuntaba a la comisión de presuntos delitos. Para el consejero “no tenía un pase” que la llamada apareciera en el informe policial aludiendo a posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos.

Aunque el gobierno de Herrera se sacudió el asunto de encima, el consejero sí tuvo que dar explicaciones en una comisión. El problema se presentó un año después, cuando Alfonso Fernández Mañueco estaba negociando un pacto de gobierno con Ciudadanos y Francisco Igea lo vetó. Aquello duró unos días, porque el pacto se firmó y Suárez-Quiñones siguió liderando la misma consejería, y con fallos similares, porque sigue empeñado en convertir al lobo ibérico en especie cinegética a pesar de las sentencias contrarias a su decisión de permitir su caza.

El año pasado el incendio de Navalacruz (Ávila) que calcinó más de 20.000 hectáreas, también colocó al consejero en la picota. El fuego se originó en un vehículo en una carretera comarcal junto a la sierra. Se avisó al 112, el servicio de emergencias que depende de la Consejería de Fomento, y ni una sola de las llamadas –y fueron bastantes– consiguió que se activase a medios de extinción. El fuego iba a llegar al monte, pero el protocolo establecía que un fuego en una cuneta no era forestal y tenían que ocuparse los bomberos del Ayuntamiento de Ávila, a más de media hora de distancia. Y así se gestó la tragedia.

Las características de ese fuego incontrolable durante días fueron las mismas que las de los incendios de este verano: temperaturas de más de 30 grados, humedad no superior al 30% y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Los resultados fueron desoladores y Suárez-Quiñones dijo que había que hacer cambios para evitar desgracias similares.

Más de 60.000 hectáreas arrasadas, dos muertos y un operativo de incendios cuestionado

De las más de 20.000 hectáreas de ese fuego de Navalacruz se ha pasado a las 60.000 de los incendios de la Sierra de la Culebra y de Losacio en Zamora, sin contar fuegos como el de Monsagro en Salamanca, Montes de Valdueza en León o el de Sabinares del Arlanza en Burgos. El primer gran incendio, en la Sierra de la Culebra, se produjo el 15 de junio, en una ola de calor que venía durando varios días, con una sequía evidente y con previsiones de tormentas eléctricas. Pero el consejero no dio la orden de decretar el riesgo alto, que hubiera puesto en marcha un operativo muy distinto del que hubo esa noche en la que una decena de rayos desató el infierno. La orden no se dio porque todos los años el riesgo alto se fija el 1 de julio.

Pero además, al operativo reducido e insuficiente, se suma el modelo de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, que es mixto, con medios públicos y privados, y que contrata a bomberos solo durante unos meses y no durante todo el año. De este modo el fuego encuentra cortafuegos descuidados, pistas forestales sin limpiar, y combustible de sobra para volverse incontrolable. La gravedad del segundo incendio que ha asolado Zamora, el de Losacio, ha acabado con dos vidas, la de un bombero forestal y la de un pastor al que rodearon las llamas.

A ello hay que sumar las cuestionables condiciones laborables de los bomberos, que han mostrado en twitter la vitualla que recibían: bocadillos con escaso relleno, poca bebida y poca fruta. Este lunes, el consejero se defendía en una entrevista en la Cadena SER asegurando que la situación de los bomberos no era cosa suya sino de las empresas que los contrataban y de los convenios colectivos, y que parte de la culpa de la situación con los fuegos era cosa de las “nuevas modas” de los ecologistas, asumiendo el discurso negacionista de Vox, socio de gobierno del PP.

En esa huida hacia delante está también el propio Mañueco que afirma alternativamente bien que los incendios forman parte de la “naturaleza” bien que personas –que no concreta– “quieren quemar Castilla y León”. Este miércoles, la Guardia Civil detenía a un agricultor como presunto autor del incendio en la provincia de Burgos que obligó a evacuar varios pueblos. El hombre está investigado por haber realizado presuntamente trabajos agrícolas en una finca de cereal en horario prohibido. Ha quedado en libertad tras negarse a declarar, pero está investigado. Además, la Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación contra Suárez-Quiñones tras una denuncia de CCOO por su gestión del incendio de la Sierra de la Culebra. Todos los partidos de la oposición han pedido ya su dimisión.

La evolución de los incendios –y de la crispación vecinal y política– dejarán ver dentro de poco si el presidente deja caer a su consejero.