El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina que la Junta de Castilla y León está legitimada y existen fundamentos jurídicos suficientes para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, al considerar que su aprobación requeriría de previa reforma de la Constitución.
El órgano consultivo ha apuntado, en un dictamen aprobado el pasado 8 de agosto por mayoría de votos -con uno particular-, que hay “fundados argumentos” para mantener que la Ley de Amnistía “no tiene cabida en la vigente Constitución Española”, ha indicado en nota de prensa remitida este miércoles.
De los cuatro consejeros, tres han votado a favor y el cuarto, el procurador del PSOE Francisco Ramos, ha emitido un voto particular, han confirmado a EFE fuentes del Consultivo.
El Consejo Consultivo, cuyo informe es vinculante dada su condición de órgano consultivo superior, considera que la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña vulnera varios derechos y principios recogidos en la Carta Magna.
En concreto, el derecho de igualdad (art. 14 CE) y los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como los preceptos contenidos en los artículos 117 y 118 de la Constitución, atinentes al Poder Judicial, en relación con el principio de separación de poderes, han explicado.
Al mismo tiempo, ha apuntado que no debe entenderse vulnerada la Constitución ni el bloque de la constitucionalidad, por haber sido utilizado el procedimiento legislativo de urgencia para la aprobación de la Ley de Amnistía, de conformidad con lo previsto en el artículo 162.1.a) de la Constitución y en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Por tanto, el dictamen, del que ha sido ponente el presidente del Consultivo, Agustín S. de la Vega, recoge que existen fundados argumentos para mantener que ley “no tiene cabida en la vigente Constitución Española” y su aprobación, conforme a los principios y valores constitucionales, requeriría la previa reforma de la Constitución.
También que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para que la Junta presente un recurso de inconstitucionalidad, pues estaría “legitimada” para ello, dando así garantía previa ante la intención del gobierno autonómico, expresada por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de recurrir la ley.
El Consejo Consultivo ha recordado que su misión es la de dictaminar con carácter previo a la toma de decisiones por parte de la Administración, con el fin de garantizar su adecuación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
La función del Consejo Consultivo, en asuntos como el presente, es la de ofrecer a la Junta de Castilla y León elementos de juicio suficientes para que la decisión de recurrir la inconstitucionalidad de la ley orgánica estatal sea finalmente tomada con las máximas garantías jurídicas.