Las Cortes de Castilla y León piden por unanimidad que la Junta elabore un plan de salud mental juvenil

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles, por unanimidad, una moción para que la Junta de Castilla y León elabore un plan específico de salud mental y bienestar emocional para los jóvenes de Castilla y León.

Una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la primera que se aprueba desde la ruptura de gobierno entre PP y Vox, en una sesión en la que los antiguos socios de gobierno autonómico han tumbado con la suma de sus votos otra moción socialista en materia de despoblación.

El procurador socialista Rubén Illera ha señalado que uno de cada cuatro los jóvenes de la Comunidad sufre problemas de salud mental y que Castilla y León cuenta con la tasa más alta de fallecimientos por suicidios de las personas entre los 15 y 39 años.

“La prevención del suicidio debe ser un esfuerzo colectivo y responsabilidad de todos”, ha afirmado, antes de criticar que los recursos autonómicos en salud mental “se han cerrado este verano” y que aún faltan inversiones.

Los parlamentarios del Grupo Mixto - han tomado la palabra Pedro Pascual (Por Ávila) y Pablo Fernández (Podemos), que ha cargado contra la “desidia” y “dejadez” de la Junta en materia de juventud, mientras que Alicia Gallego (UPL) ha afeado que el Presupuesto no recoge partidas específicas para un problema que debe abordarse desde el punto de vista sanitario, social y educativo.

El parlamentario de Vox Miguel Suárez ha afeado el tono de la intervención de los socialistas y ha presentado una enmienda para diseñar un plan integral para atender la conducta autolesiva, que incluye implantar servicios especializados en atención primaria, que no ha sido aceptada.

La procuradora del PP Noemí Rojo ha subrayado la importancia de la salud mental y ha apuntado a que la inclusión de este plan “se encuentra integrado” en la próxima estrategia de salud mental de Castilla y León anunciado por la Junta.

Por otra parte, la iniciativa socialista en materia de demografía ha decaído por los votos en contra de PP y Vox pese a contar con los votos favorables del resto de grupos parlamentarios, una propuesta que pedía la elaboración de una ley de reto demográfico en el plazo de un año, una ordenación del territorio que atienda las singularidades territoriales o la implantación de la fiscalidad diferenciada, entre otras. 

PP y Vox aprueban juntos la Ley servicios rurales “blindados” que la oposición ve “inútil”

Las Cortes de Castilla y León han aprobado, con los votos favorables de PP y Vox, la conocida como Ley del “blindaje” de los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y sociales en el medio rural, aunque el resto de partidos de la oposición han negado que se produzca tal garantía de mantenimiento y el PSOE ha catalogado la norma de “inútil”.

Ha sido el portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, el encargado de volver a defender la proposición de ley que registró el PP antes de romper su gobierno de coalición con Vox, partido que ya respaldó la tramitación de esta norma y que apoyó su contenido, lo que ha ratificado nuevamente hoy.

“Una ley sencilla, concreta y garantista”, ha definido García Nieto sobre una norma con la que el PP pretende que los servicios esenciales “no puedan empeorar” respecto al “extraordinario nivel actual” del que ha presumido el representante del PP, mientras que el resto de partidos de la oposición han negado tal extremo y han votado en contra de la aprobación de esta ley.

Consultorios y escuelas rurales

La norma prevé que la consulta sanitaria se realizará bajo la fórmula de “a la demanda” en las localidades de menos de 50 habitantes, mientras que habrá un día de consulta a la semana en pueblos de 51 a 100 habitantes, dos para núcleos de 101 a 200, tres para los de 201 a 500 habitantes y diaria de lunes a viernes para los de más de 500 habitantes y que no tengan centro de salud.

La ley se refiere a la garantía de permanencia de los 247 centros de salud -al igual que los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria y centros de acción social (CEAS)- existentes en la actualidad y se detalla que la futura previsión de supresión de alguno de ellos tendría que pasar por la deliberación del Consejo de Gobierno y ser comunicado posteriormente a las Cortes de Castilla y León, tras lo que la Junta acordaría finalmente sobre el cierre o no.

En el caso de la Educación, la propuesta de normativa establece lo que la Junta venía desarrollando en los últimos años, en el sentido de que los 186 colegios rurales agrupados (CRA) existentes se mantendrán abiertos cuando alberguen al menos a tres escolares y que la supresión de estas unidades sólo llegaría después de dos cursos escolares sin actividad por la insuficiencia de alumnado.

Por último, la norma establece que los servicios sociales esenciales en el ámbito rural quedan garantizados según lo establecido por los catálogos en cada zona de acción social, para lo que ofrece el actual volumen de financiación a los municipios competentes para su mantenimiento.

El debate

El primero en replicar al PP ha sido el procurador del Grupo Socialista Diego Moreno, quien ha calificado el texto de “inútil e inservible”, ya que no aporta mejoría alguna a los servicios y pretender únicamente “crear la imagen ilusoria de que al PP le importa algo el medio rural”: “Ni un servicio más, ni un derecho más”, ha lamentado.

Sobre el apoyo de Vox a esta norma, Moreno ha considerado que evidencia que los exsocios de gobierno mantienen vigente su acuerdo en Castilla y León, con un texto sobre servicios esenciales que sirve para “dejarlo todo como está”: “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”, ha ironizado.

Por su parte, el procurador de la UPL, José Ramón García, ha lamentado que todas las enmiendas de su partido hayan sido rechazadas por el PP y ha denunciado que esta norma no impide que haya “ciudadanos de primera, segunda y tercera”, en función del lugar de residencia, con especiales problemas en sanidad por la falta de médicos, que se agrava en verano.

En el caso de la representante de Soria Ya Leila Vanessa García, ha reconocido que el PP ha aceptado tres de sus 21 enmiendas, pero ha considerado escasos los cambios introducidos, entre otras cosas por entender que la norma introduce rasgos subjetivos a la hora de acometer la prestación de estos servicios e incluso “flores” sobre la gestión de la Junta, lo que ha rechazado.

Desde el Grupo Mixto, el exvicepresidente y procurador Francisco Igea ha lamentado que hoy se consume el “enésimo timo de la estampita” del PP, ya que entiende que Mañueco prometió en campaña electoral blindar los servicios esenciales, pero no lo hace, ya que la Junta puede optar por cerrar consultorios o colegios rurales, lo que contraviene la idea del PP de blindar la situación actual, sin que exista además régimen sancionador alguno.

En sus réplicas, los portavoces del Grupo Popular han defendido las bondades de esta norma, que creen que sirve para garantizar un “suelo” para la calidad de los servicios públicos y que únicamente puedan estar mejor que en la actualidad.

Tras la votación, en representación de Vox ha intervenido la procuradora Ana Rosa Hernando, quien ha apelado al “sentido común” para aprobar esta norma presentada por el PP: “Es de vital importancia tener una ley que garantice la prestación de los servicios esenciales”, ha argumentado.

Hernando ha añadido que los ciudadanos deben estar amparados “vivan donde vivan” y sin ser perjudicados por la “burocracia” y falta de servicios, de la que ha responsabilizado al Gobierno de España, al que ha pedido un “sistema estable nacional, que dé respuestas justas y equitativas”.

Vox, “desconcertado” con el PP

Vox se siente “desconcertado” con sus exsocios de Gobierno en la Comunidad, el PP, por mostrar una actitud “equidistante” entre ellos y un PSOE “corrupto y traidor”, según ha reconocido este miércoles el portavoz del Grupo Vox en las Cortes y líder de la formación en la Comunidad, el exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

De este modo, el líder de Vox en Castilla y León ha reconocido su “desconcierto” con el Partido Popular de cara a la reunión que mantendrá con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del próximo lunes, 16 de septiembre, en el primer encuentro oficial de ambos política tras la ruptura de la coalición de gobierno.

En esta ronda de contactos que la Junta y su presidente mantendrán con todas las formaciones se abordarán distintos temas, como el posible apoyo a unos presupuestos autonómicos que la Junta ahora no puede aprobar en solitario ya que, tras la marcha de Vox del Gobierno, solo cuenta con el sustento de un PP que tiene 31 de los 81 escaños del Parlamento autonómico, es decir, a falta de diez para la mayoría absoluta.

“No entendemos la equidistancia del Partido Popular, que por un lado critica la deriva autocrática del PSOE, pero luego le invitan a ver si pueden pactar juntos los presupuestos”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara autonómica García-Gallardo, donde ha recordado que los populares tumbaron “miles de enmiendas” socialistas en años anteriores.

García-Gallardo ha planteado la reunión del lunes como una elección para los populares, que deberán elegir entre si quieren el apoyo del Grupo Socialista o si prefieren apostar por políticas como “bajadas de impuestos, reducir, la burocracia o la protección del campo y la industria autonómica” que propone Vox.

“Si lo que quieren es contentar al electorado y a los dirigentes del PSOE, lo van a tener muy difícil para que nosotros le demos un apoyo y manifestemos una voluntad favorable a este nuevo proyecto de presupuestos”, ha advertido y avanzado.

FInalmente, el líder autonómico de Vox ha asegurado sentirse “sorprendido” y “estupefacto” porque los grupos parlamentarios de PP y PSOE hayan votado este miércoles juntos en contra de una iniciativa de Vox en materia fiscal.

Las Cortes instan al Ejecutivo autonómico para acelerar declaración del proyecto regional de Monte la Reina

Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una iniciativa del PSOE para acelerar que el proyecto del campamento militar de Monte la Reina, en Toro (Zamora), sea declarado proyecto Regional de Ámbito Territorial y para la puesta en marcha de un plan integral para toda la provincia de Zamora.

Se trata de una proposición no de ley que ha defendido el portavoz socialista en la Cámara, Luis Tudanca, en sustitución de la procuradora Ana Sánchez, de luto por el fallecimiento de su hermana, y que se ha referido a esta iniciativa como el “sueño” de los socialistas para Zamora.

El líder socialista ha aseverado que “Zamora se desangra” con una pérdida constante de población y con una renta por cápita 4.500 euros por debajo de la media y, para hacer frente a esta situación, su grupo parlamentario apuesta por que en 2027 el proyecto de Monte la Reina “sea una realidad que cambie el destino de Zamora”.

“El objetivo es que la Junta haga algo”, ha reclamado Tudanca, quien ha aprovechado su intervención para criticar que la Junta de Castilla y León no ha ejecutado 130 millones del Gobierno para el desarrollo de esa provincia.

Por su parte, el procurador popular Alberto Castro ha trasladado su apoyo a esta propuesta, aunque ha acusado a los socialistas de intentar apropiarse de esta iniciativa, cuyo origen ha situado en la sociedad civil y el tejido empresarial zamorano.

Todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Mixto, han presentado enmiendas de adición que se han rechazado: el grupo popular ha pedido al Gobierno que agilice los trámites para cumplir los compromisos adquiridos con la Junta en junio.

Desde UPL, Luis Mariano Santos ha valorado este proyecto de “repoblación” para Zamora y en su enmienda de adición ha instado al ejecutivo nacional a acelerar los trámites para recuperar el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata.

Por último, Vox ha destacado la importancia que de este campamento para el tejido económico y social de Toro, así como ha reclamado una línea que mejore las comunicaciones ferroviarias para que los militares puedan adquirir una casa.

El procurador Francisco Igea también ha remarcado la importancia de este proyecto, pero ha advertido de que en una provincia que ha perdido 32.000 personas menos en 20 años, Monte la Reina tal vez sea “el proyecto demográfico más importante de la Comunidad, pero no es suficiente”.