El fichaje estrella de Ciudadanos en Castilla y León, Silvia Clemente, afronta un serio problema de imagen en los tribunales. La Justicia ha comenzado a rastrear las millonarias subvenciones que recibió su marido, el empresario Javier Meléndez, por parte de la Junta de Castilla y León. En los años en los que Clemente era consejera de Agricultura, las empresas de Meléndez se llevaron 1.906.970 euros en ayudas públicas de esa consejería. Y varios de los expedientes sobre esas subvenciones han desaparecido de los registros informáticos de la Junta. Alguien ha borrado esos archivos.
Desde hace unos meses, un juzgado de Valladolid está investigando la misteriosa destrucción de estos expedientes. La Policía ha requisado ordenadores del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), un órgano adscrito a la Consejería de Agricultura, para intentar identificar quién fue la persona que los borró, según confirman a eldiario.es fuentes cercanas al caso. El autor de esta destrucción de documentos se podría enfrentar a una condena penal por estos hechos.
Esta investigación judicial arrancó de carambola, por un pleito que inició el propio marido de Silvia Clemente, Javier Meléndez. El 31 de diciembre de 2009, Agricultura aprobó una subvención de 598.000 euros a una de sus empresas, Patatas Meléndez. Pero en 2015 Clemente dejó la consejería de Agricultura para ser nombrada presidenta de las Cortes de Castilla y León. Tras su salida de la consejería, la subvención a su marido fue cancelada.
Según confirmaron a este diario fuentes del caso, la subvención se anuló porque la empresa de patatas del marido de Silvia Clemente había cobrado otra ayuda casi idéntica, por el mismo proyecto, del presupuesto de otro organismo público, el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), que también dependía de la Consejería de Agricultura.
Javier Meléndez, el marido de Silvia Clemente, no quedó conforme con la anulación de esta subvención. Y tras agotar la vía de las reclamaciones ante la administración, Meléndez acudió a los juzgados, como publicó eldiario.es. En concreto, ante a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
Una vez recibido el recurso de Meléndez, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León requirió al Itacyl la documentación y los expedientes relativos a las distintas subvenciones o contratos con las empresas de Meléndez. Fue en ese momento cuando se descubrió que no estaban. Cuando los funcionarios quisieron recabar la información solicitada, se encontraron con que todo había desaparecido de los archivos informáticos. Al director del Itacyl, designado por el Gobierno de Juan Vicente Herrera, no le quedó más remedio que presentarse en la Fiscalía de Valladolid para denunciar lo ocurrido.
El caso hoy continúa abierto en otro juzgado de instrucción por la existencia de indicios de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos regulado en el artículo 197.2 del Código Penal. Lleva ya varios meses en marcha, y es una investigación penal que arrancó antes de que Silvia Clemente abandonara el PP el pasado jueves 21 para fichar por Ciudadanos. Con la orden del juez, la Policía requisó los ordenadores en la empresa pública para proceder a su análisis e intentar dar con la persona que procedió al borrado de archivos.
eldiario.es ha contactado con Javier Meléndez y Silvia Clemente para recabar su versión sobre estos hechos. “No tengo constancia de ninguna investigación penal abierta por hechos relativos a la subvención que tengo recurrida ante el TSJ”, asegura Meléndez. Según el empresario, la subvención se anuló por “cuestiones técnicas sin ningún fundamento”. Por su parte, Silvia Clemente afirma a eldiario.es que “los recursos jurídicos que mi marido interponga contra decisiones de la Consejería de Agricultura que considere injustas ni me corresponden a mí ni afectan a mi labor política”.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León −que aún no ha dictado sentencia sobre el recurso de Meléndez− tendrá que hacer referencia a la desaparición de los expedientes y fuentes judiciales consideran probable que deba deducir testimonio. En otras palabras, que se vea necesidad de abrir otra investigación penal si constatase que se intentó pagar o cobrar dos subvenciones por el mismo concepto –una de Agricultura, otra de Itacyl–, lo que supondría un fraude.
La subvención anulada no es la única que recibió
La subvención concedida en 2009 a Javier Meléndez y anulada en 2017 formaba parte de la línea de Ayudas para proyectos de I+D Agrarios o Alimentarios para llevar a cabo una 'Evaluación e impacto de diferentes estrategias de envasado en la vida útil, seguridad y calidad de productos de IV Gama y Prefritos derivados de la patata’. La inversión que pretendía acometer la empresa patatera era de 598.000 euros y el departamento de Agricultura dirigido entonces por Silvia Clemente, novia en aquel momento y hoy esposa de Meléndez, concedió el 100% del importe.
El plazo que estipulaba el acuerdo de las ayudas para realizar las inversiones era el año 2013 con una prórroga hasta 2014. La empresa presentó sendas modificaciones del proyecto en 2015 y 2016, que intentó justificar pero la Consejería de Agricultura que en ese momento ya no dirigía Silvia Clemente sino su sucesora, Milagros Marcos, determinó que lo ejecutado no cumplía las exigencias de la concesión.
Tras estudiar las alegaciones que presentó Patatas Meléndez SL, el 8 de agosto de 2017, se declaró el “incumplimiento y pérdida del derecho a la ayuda” por parte del departamento que dirige Marcos, la sucesora de Clemente en Agricultura. Agotada la vía administrativa, Meléndez acudió a la judicial.
La subvención anulada no es la única que recibió la empresa de Meléndez durante la etapa en que su pareja, Silvia Clemente, presidía la Consejería de Agricultura: el 30 de diciembre de 2008 se aprobó una ayuda de 128.925,16 euros y en esa misma fecha otra más de 866.576, 62 euros. Un mes antes, el 4 de noviembre, la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León, adscrita a otro departamento en el mismo Gobierno, la Consejería de Economía, le había concedido también a las empresas del hoy marido de Clemente 143.569,80 euros.
En 2009, Patatas Meléndez también consiguió varias subvenciones: el 9 de diciembre de 2009 el departamento que dirigía su novia entonces aprobó la concesión de 17.581,20 euros; el 22 de noviembre, y el último día del año, el 31 de diciembre, la misma consejería autorizó otras tres subvenciones: una de 199.986,47 euros, otra de 29.987,81 euros y la que años después anuló la sucesora de Clemente por 598.000. La última partida de Agricultura hacia Patatas Meléndez en la etapa Clemente es del 28 de diciembre de 2012 por 83.007,35 euros.
La sociedad también recibió en 2009 ayudas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que aprobó la concesión 455.923,07 euros.
La firma de Javier Meléndez incrementó exponencialmente su facturación y multiplicó por 30 los beneficios durante la etapa en que su entonces novia y hoy esposa ejercía como consejera de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera. En los últimos quince años, sus empresas han cobrado más de seis millones de euros en subvenciones públicas de distintas administraciones.
Clemente dejó el puesto en el Gobierno en 2015 y asumió la presidencia de las Cortes de Castilla y León hasta el pasado jueves, cuando dimitió de todos sus cargos, y abandonó el PP para fichar por Ciudadanos. Hoy compite en unas primarias por ser la candidata de este partido para la presidencia de la Junta.