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Dos días de desconcierto en la Junta de Castilla y León mientras Vox insiste en que su plan antiabortista sigue adelante

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (i), y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco el pasado 22 de diciembre

Laura Cornejo

13 de enero de 2023 22:35 h

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La de este jueves fue una de esas ruedas de prensa que marcan un antes y un después para un Gobierno de coalición, como el que Vox y el PP comparten en Castilla y León. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (de la formación de extrema derecha), anunció medidas “provida” para acabar con el “escalofriante” número de aborto en la Comunidad: ecografías 4D para que las mujeres embarazadas pudiesen ver los rasgos del feto y escuchar su latido. Tras una tarde y una noche de silencio, el Partido Popular de Mañueco optó por desmentir las medidas periodista a periodista, sin un comunicado o unas declaraciones públicas.

Tan tímida fue la desautorización que Vox decidió redoblar el pulso a su socio de Gobierno. Las medidas, insistió García-Gallardo, se aplicarán “inmediatamente”.

Con ese desmentido alambicado, la Junta de Castilla y León intentaba aplacar una nueva crisis de gobierno generada por las imposiciones de Vox, que exigió, en pos del pacto de gobierno firmado hace menos de un año, comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para explicar esas medidas. En realidad las medidas anunciadas no habían sido adoptadas en un acuerdo del Consejo, pero Vox consiguió así su objetivo: dar el mensaje antiaborto en una rueda de prensa que siguen la mayoría de los medios de la Comunidad y en presencia del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (del PP) sin que este le contradijese o matizase.

García-Gallardo aseguró que los médicos estarían obligados a ofrecer a las mujeres que quisieran abortar escuchar el latido del feto, verle la cara en una ecografía o ayuda psicológica, para que tomasen la decisión de manera más “consciente”. La rueda de prensa estuvo plagada de las inconcreciones. El vicepresidente no sabía indicar ni el presupuesto para implantar esas medidas, ni los momentos de la gestación donde se llevarían a cabo.

Sin corrillos tras la rueda

Él mismo indicó que era algo que precisaría la Consejería de Sanidad. Aunque es habitual que en ruedas de prensa en la que afloran muchas dudas que se den explicaciones cuando acaba, ni García-Gallardo ni Fernández Carriedo lo hicieron. Tampoco Sanidad envió una nota para aclarar nada o dar más información.

Horas después, la Consejería matizaba lo que había trasladado García-Gallardo, pero solo a los periodistas que llamaron para resolver dudas. Ya durante la mañana del viernes, el consejero, Alejandro Vázquez, atendía a agencias de noticias para desmentir las afirmaciones que había hecho el vicepresidente y a la vez contradecir la nota de prensa de su Consejería.

Por un lado aseguraba que no habría cambios en los protocolos de atención a embarazadas y por otro matizaba que tanto la escucha del latido fetal –que sólo se hace a partir de la 12 semana de embarazo– como la ecografía 4D, no se ofertaría a las mujeres sino que eran pruebas que se harían bajo criterio del ginecólogo ante sospechas de problemas en el feto. Es más, esta última prueba, la de la ecografía que permite ver al feto en movimiento, sólo se hace en la etapa final del embarazo y en casos muy concretos de posibles malformaciones y nunca con el objetivo de ver la cara del feto.

La “implicación emocional” de la madre

García-Gallardo había explicado que esta ecografía servía para ver “la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado”. Pero también en la nota de prensa de Sanidad se decía textualmente que esta prueba se promoverá “a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo”, algo que “favorece la implicación emocional para la madre y la familia”, un objetivo que ahora niega.

Sanidad ha subrayado primero a elDiario.es que no habrá cambios en el protocolo de atención a embarazadas más allá de que el ginecólogo, además del médico de atención primaria, pueda derivarlas a un psicólogo clínico si ellas lo piden. El porqué de contradecir su propia nota puede explicarse, aunque ni la Junta ni la Consejería de Sanidad lo han confirmado, es que se elaboró a dos manos. Una parte la hizo personal de Vox y otra personal del Partido Popular. De otro modo sería difícil de explicar que un consejero que es médico de profesión hubiese permitido que se hablase “de implicación emocional para la madre” al hablar de una prueba que nunca ha tenido esa finalidad y que no puede hacerse a todas las embarazadas y menos en los primeros meses de gestación. A la vez, esa dualidad en la autoría de la nota explicaría que no se mencionase en ningún momento que fuesen medidas “provida” o que no apareciese nunca la palabra “aborto”, algo que sí dijo García-Gallardo en la rueda de prensa.

Sin embargo, a última hora de este viernes, fuentes de la Consejería de Sanidad precisaron a elDiario.es que enviará el lunes una instrucción a los profesionales sanitarios informándoles de las medidas planteadas por Vox, si bien dejará a su criterio médico la decisión de aplicarlas o no.

García-Gallardo siguió insistiendo en declaraciones periodistas que todo se había “consensuado” con la Consejería de Sanidad y que el protocolo sí se iba a llevar a cabo. Y se ratificó en ello a través de twitter pasadas las tres y media de la tarde: “Las medidas provida anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno fueron previamente consensuadas con el consejero de Sanidad, y se aplicarán con carácter inmediato, tal y como figura en la nota de prensa difundida ayer por la Consejería de Sanidad”, escribió.

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