El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha asegurado que el Gobierno regional no rehuirá a una posible modificación de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración, si bien ha matizado que actualmente no lo consideran “necesario”, después de que el Grupo Parlamentario Socialista haya señalado que el nuevo Código Ético y de Austeridad solo será efectivo si tiene rango de Ley.
Así lo ha señalado Igea este viernes en su comparecencia ante la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las Cortes regionales para comunicar la actualización del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad, un documento que “interpreta” y “precisa” la normativa del Estatuto aprobada en el año 2016.
El debate entre los grupos que forman el Gobierno regional y la oposición se ha centrado en la efectividad real o no de este documento, ya que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Palomo, ha considerado que el Código Ético sería verdaderamente “eficaz y eficiente” solo si está enmarcado en una norma “con rango de ley” pues tal y como viene tramitado, entiende, carece de valor “coercitivo y punitivo”. De hecho, la procuradora ha mantenido que las infracciones graves serían sancionadas con una “declaración de incumplimiento y la publicación en el Portal de Transparencia”.
De hecho, las propuestas formuladas por el PSOE en la Comisión se han planteado como aportaciones a un futuro debate de un Proyecto de Ley que ampare este código ético y que reclaman que se lleve al Parlamento regional, propuestas que han sido rechazadas.
El consejero y procurador de Ciudadanos ha subrayado, en la réplica a la procuradora socialista, que el Gobierno regional no rehuirá la modificación de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos, si bien en su intervención de cierre del debate ha matizado que no entienden “necesario en este momento” llevar a cabo ese trámite normativo. De hecho, ha recalcado que con este Código Ético no habría “obstáculo legal” para que el incumplimiento de este código suponga una “sanción grave”, pues ya se encuentra regulado en una norma autonómica.
Igea ha recalcado que esta actualización responde al compromiso adquirido para el “endurecimiento” del mismo en los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Ciudadanos para pactar el Gobierno de la presente Legislatura y ha explicado que está fundamentado en que la actuación de los altos cargos debe seguir marcada por la objetividad, transparencia y ejemplaridad, a las que se añaden la eficacia y eficiencia.
“De esta forma se garantiza el respeto a las normas y la no discriminación y se incorpora además la promoción del mérito y la capacidad del trabajo en equipo”, ha señalado el vicepresidente del Gobierno regional, quien ha añadido que se establecen diferentes criterios para la consecución de objetivos, entre los que figura la “actuación imparcial”, la ejemplaridad o la limitación de mandatos.
Así, se endurecen las condiciones relativas a la aceptación de regalos, al uso de los vehículos oficiales, a la presencia en consejos de administración, a la difusión de las agendas públicas, la ampliación de la exigencia de dimisión para delitos de ordenación del territorio, urbanismo o contra el medio ambiente o a la limitación de mandatos, aunque en algunos de los casos ya se habían aplicado estas cuestiones antes de que se presentara esta actualización del Código Ético.
Para determinar la eficiencia y eficacia se incorporan criterios acordes con dichos principios y se establece su evaluación y desarrollo conforme a criterios objetivos. Además, con respecto al seguimiento, se produce un nuevo cambio ya que se encargará de ello la Comisión de Ética Pública., un órgano, según Igea, “más independiente” que la Comisión de Secretarios Generales que se encargaba hasta ahora de esta tarea.
A este Código estarán sometidos todos los altos cargos, incluidos los directores generales, independientemente del tipo de contrato, ya que será “la verdadera naturaleza del contrato y no su denominación la que determine la sujeción al código”.
“Maquillaje”
La procuradora socialista Alicia Palomo, que se ha mostrado “a priori” a favor de este Código Ético y ha reconocido que supone un endurecimiento, ha advertido en varias ocasiones de que teme que todo sea una operación “de maquillaje” para dar cumplimiento “sin contenido” a uno de los puntos del acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos. Así, ha ironizado con que se debería rebautizar la Consejería que dirige Igea a “de Apariencia de la Transparencia”.
Palomo ha recalcado que el trabajo del PSOE al respecto de esta tramitación irá encaminado a que reciba el respaldo de una norma con rango de Ley, debido a que cree que actualmente la Junta tiene una “dudosa capacidad” para poner más limitaciones a sus cargos públicos de las que marca la Ley del Estatuto de los Altos Cargos.
Por ello, ha subrayado que el “endurecimiento” solo será efectivo si las Cortes modifican la citada norma a la que, en todo caos, ha recordado que el PSOE presentó una treintena de enmiendas en su día que no fueron aceptadas “por el Partido Popular”, entre las que se incluía por ejemplo el deber de dimisión cuando un alto cargo está inmerso en un procedimiento judicial o apertura de juicio oral.
Francisco Igea ha respondido a la crítica sobre el posible “maquillaje” con referencias a otros gobiernos como el de España, el cual según el vicepresidente incumple criterios como la publicación de agendas de los cargos públicos o de los datos sobre transferencias a medios de comunicación. “Puede que vayamos más avanzados en maquillaje que otras administraciones”, ha apostillado.
Por su parte, la procuradora del Partido Popular Amparo Vidal, ha destacado que su Grupo “comparte lo esencial, los valores de honestidad, respeto, empatía y responsabilidad” que defiende este Código Ético y ha coincidido con Igea en que no creen en “maquillajes ni postureos”, sino en la efectividad de este documento. Asimismo, ha recordado que la Junta “va por delante de muchas administraciones” en transparencia “pero ya desde 2015”.
Finalmente, el compañero de partido de Igea, David Castaño ha recordado que con este actualización, se cumple el acuerdo del pacto de Gobierno, al tiempo que ha incidido en que ha visto sus expectativas “cumplidas y mejoradas”. PP y Ciudadanos han presentado una propuesta final conjunta en la que se respalda el texto “serio” presentado por el vicepresidente y que ha quedado aprobada.