El Foro de la Familia ha reclamado que se paralice la tramitación de Ley antidiscriminación LGTBI de Castilla y León. En un documento remitido a la Junta de Castilla y León a través de la plataforma de Gobierno Abierto, la organización ultracatólica pide que se frene al considerarla una norma “innecesaria, discriminatoria y creadora de inseguridad jurídica”.

El presidente del Foro, Ignacio García-Juliá, considera, en unas declaraciones publicadas en la página web de la organización, que el Gobierno de Castilla y León “yerra gravemente” al asumir los preceptos de la “ideología de género” para la creación de una norma que, según él “atentaría contra la mayoría de los ciudadanos privilegiando a unos pocos sólo por su orientación o identidad sexual”.

Aunque el pasado 11 de septiembre, PP y Ciudadanos se descolgaron de la proposición de Ley de Igualdad Social y Diversidad Sexual que los colectivos LGTBI de Castilla y León registraron en las Cortes, la intención de la coalición, es que la norma salga adelante también con los votos del PP a lo largo de la legislatura, para que Castilla y León deje de ser una de las únicas comunidades sin una normativa específica.

Por ello, el Foro de la Familia ha enviado una serie de reclamaciones en la plataforma Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, donde desde el pasado 17 de septiembre y hasta el 2 de octubre, los ciudadanos y organizaciones pueden aportar sugerencias a la norma. La propuesta del Foro se trata de cuatro puntos en los que detallan las razones para frenar su tramitación.

Según la organización ultra, la norma parte “de un error conceptual”. Se parte de la existencia de personas LGTBI, como si su orientación sexual les convirtiera en seres distintos a las personas a secas. Se pretende dar el mismo tratamiento a la persona, su comportamiento sexual y a ciertas opiniones cuando en realidad se trata de tres realidades distintas.

El segundo punto del documento que ha remitido a la Junta el Foro de la familia es que la leyes antidiscriminación LGTBI suponen “una amenaza para la libertad, porque suponen ”la imposición legal de la ideología de género como verdad absoluta“ y se coarta, dicen, las libertades fundamentales de pensamiento y expresión. ”Con estas leyes será posible perseguir la discrepancia de opiniones sobre sexualidad y conductas sexuales como si de discriminación a las personas se tratase“.

Además, según la crítica que hace esta organización, la propuesta genera “una gran inseguridad jurídica”, ya que utilizan un lenguaje no estandarizado, “de interpretación discutible”. Aplicar las técnicas jurídicas para superar la discriminación basada en realidades objetivas como el sexo o la raza a otras realidades subjetivas y cambiantes como la orientación sexual genera “una gran inseguridad jurídica, amenaza la libertad y crea un riesgo de gran litigiosidad”.

Por último, el Foro de la Familia considera que la tramitación de la norma supone el “abandono de la neutralidad de las administraciones públicas” ya que consideran que obligar por ley a hacer visible en todos los ámbitos sociales una visión concreta de la sexualidad “supone un posicionamiento por parte de los poderes públicos en favor de esa visión en concreto”.