El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha propuesto al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que convoque de manera “urgente” una manifestación tras el acuerdo firmado entre PSOE y Junts; porque considera que tendrá “consecuencias para la separación de poderes, el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y la unidad nacional”.
“En este momento histórico de extrema gravedad, los partidos han de aparcar sus diferencias y llamar unidos a la movilización ciudadana desde las instituciones”, en opinión de García-Gallardo, que este viernes está en Budapest (Hungría) en un congreso organizado por el grupo europarlamentario ECR, del que forma Vox y en el que él va a intervenir como vicepresidente.
Desde el parlamento húngaro, al que ha acudido como vicepresidente —puesto que figura en su agenda pública—, García-Gallardo ha subido a la red social X una fotografía suya, ha aludido a la presentadora Ana Rosa Quintana —que criticó el plan antiaborto fallido de García-Gallardo y sus afinidades con Hungría— y ha repetido una de las consignas gritadas en las concentraciones frente a Ferraz esta semana: “Prensa española manipuladora”.
Para el vicepresidente autonómico, el acuerdo PSOE-Junts es un “golpe” contra la democracia y la ley, que supone “la abolición del Estado de Derecho y la separación de poderes”, así como la “deslegitimación” de todas las instituciones clave de nuestra convivencia, desde la Corona al Poder Judicial, pasando por las fuerzas del orden o los parlamentos.
García-Gallardo considera que es “una amenaza a la soberanía nacional de los españoles y a la unidad del país”, porque asegura que se compromete un referéndum de autodeterminación y la posibilidad de una mediación internacional, lo que “deslegitimaría” la “nación” española “ante el mundo”.
Lo que realmente recoge el acuerdo firmado, es que Junts señala que se “propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya”, algo que ya ha rechazado el PSOE. Asimismo, ambos partidos firmantes han acordado “dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.
García-Gallardo ha apuntado que es “la hora de que las instituciones se enfrenten con todos sus recursos frente a esta situación crítica, incluyendo la convocatoria de movilizaciones ciudadanas desde el ejecutivo regional”. El vicepresidente ha expresado que “la gravedad de la amenaza” ha puesto de acuerdo a “todas las asociaciones judiciales, así como a fiscales, representantes de los inspectores de trabajo o los abogados, entre otros colectivos”.