Ignacio Cosidó, de director de la Policía con Rajoy a asesor de la nada en Castilla y León

El exdirector general de la Polícia entre 2011 y 2016, Ignacio Cosidó, natural de Salamanca y residente en Palencia, disfruta de un retiro dorado con cargo a la Junta de Castilla y León. Atrás quedaron los años en los que era responsable del cuerpo, pero no las intrigas, ni el espionaje, ni los ajustes de cuentas que se produjeron entre altos cargos al perder el poder el Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado lunes el director adjunto operativo de la Policía durante el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, Eugenio Pino, declaraba ante el juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, que Cosidó, su inmediato superior, “lo sabía todo” sobre la operación.

Fernández Mañueco tiene diez asesores, diez cargos de confianza nombrados a dedo y Cosidó es uno de ellos, pero no cualquiera. Es el que más cobra, según se recoge en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León. Su sueldo anual asciende a 55.120,54 euros, pero lo que no se sabe muy bien es cómo los gana, cuándo va a trabajar y en qué. En su momento se aclaró que se ocuparía de la despoblación y el reto demográfico, tema que ya manejó en su etapa como senador por designación autonómica entre 2016 y 2019, pero lo cierto es que a Cosidó no se le ve en el Colegio de la Asunción, donde se ubica el complejo de la Presidencia del Gobierno autonómico. Fuentes del PP apuntan que tiene incluso un despacho en el edificio H, pero que no lo usa. Tampoco aparece el asesor en los plenos de las Cortes, donde la despoblación es un tema más que recurrente, o en las propias reuniones de asesores.

De manera oficial, en la Junta nadie quiere responder a las preguntas de elDiario.es, ni siquiera desde la Consejería de Presidencia. “A Cosidó había que ponerle en algún sitio y se había pensado en él como senador autonómico otra vez, pero al quedarse Javier Maroto sin escaño por Álava, se descuadró todo”, cuentan fuentes del partido. Lo que ocurrió es una historia ya conocida: Maroto se quedó con el puesto de senador por Segovia con un polémico empadronamiento en el pequeño municipio de Sotosalbos. No había más hueco político para Cosidó, pero desde Génova se insistió en buscarle acomodo. Recaló en la Junta como asesor, pero eso le deja sin aforamiento. Si el juez decide llamarle a declarar, bien como testigo, bien como imputado, el hombre que presumía de un pacto que permitía controlar el Consejo General del Poder Judicial “desde la puerta de atrás” dará explicaciones en una sala de vistas como cualquier ciudadano.

“Si le imputan tiene que dimitir”, apuntan en Ciudadanos

Desde Ciudadanos, socio del PP en el Gobierno de Castilla y León, señalan que, en el caso de que Cosidó acabe imputado por el espionaje a Bárcenas, solo cabrán dos opciones: o que dimita o que Fernández Mañueco prescinda de sus servicios por pérdida de confianza, “porque está en el pacto”, añaden. Lo cierto es que en el pacto con 100 puntos que firmaron PP y Cs, lo único que aparece sobre los cargos de libre designación, en el punto 4, es que se restringirían, “siendo el concurso la regla general de provisión de puestos de trabajo”. Este punto se incumplió desde el primer momento, no solo no se restringieron los cargos a dedo, es que el presidente tiene más asesores que su predecesor en el cargo, Juan Vicente Herrera. En el proyecto de presupuestos para la Comunidad se contempla un gasto de 1.596.695 euros en partidas para asesores, un incremento del 113,9% respecto a los últimos aprobados por el anterior ejecutivo de Herrera. En cualquier caso, si Cosidó no dimitiese por voluntad propia, Fernández Mañueco se vería en un problema. No es fácil prescindir de un “colocado” por Génova y salir indemne, pero tampoco mantenerlo y tener contento al socio de Gobierno.

La presunta implicación de Cosidó en la Kitchen ha provocado un torrente de declaraciones por parte de la oposición. “La pregunta es clara: ¿el asesor de Mañueco accede a dinero público en Castilla y León? ¿En qué materias asesora a Mañueco: en tapar la corrupción, en destruir documentación o en espiar al adversario?”, preguntaba la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, esta semana al tiempo que pedía al presidente unas explicaciones que no han llegado.