Quienes conocen lo que pasó en esas cuatro paredes hablan de la reunión más tensa de todas las que ha celebrado el Gobierno de Castilla y León desde que Alfonso Fernández Mañueco pactó con la extrema derecha para continuar como presidente de la Junta. El pasado jueves, tras una semana de vaivenes y anuncios contradictorios sobre el protocolo antiaborto impuesto por Vox, la cita entre el presidente Mañueco y su socio Juan García-Gallardo derivó en un enfrentamiento directo. Durante siete días los socios de coalición habían intentando salvar a base de declaraciones ambiguas dos posturas incompatibles sobre lo que se había pactado el 12 de enero en que estalló la polémica con las famosas “medidas pro vida” que iba a poner en marcha el Gobierno regional y que la extrema derecha vendía como una forma de fomentar la natalidad, ya se sabe, la imposición a los médicos para que ofreciesen a cualquier mujer dispuesta a abortar que escuchase el latido del feto y las célebres ecografías en 4D durante las primeras semanas del embarazo.
La polémica había traspasado las fronteras de Castilla y León y cortocircuitado la estrategia de Alberto Núñez Feijóo de hacer guiños al electorado de centro, para que perfiles moderados como Borja Sémper o Íñigo De la Serna, ejerzan durante el año electoral como las caras amables del partido. En pleno viraje al centro, uno más desde la sede de Génova 13, los socios del partido en Castilla y León (y el único aliado posible para llegar a La Moncloa según las encuestas) azuzaban el debate contra el aborto, un tema tabú para el Partido Popular, más en año electoral. El vicepresidente sin cartera de Castilla y León había anunciado las medidas en presencia del portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, sin que este último corrigiese una sola coma de las medidas, y además el Gobierno regional había repartido a los medios una nota de prensa.
Desde la dirección nacional del PP se repitieron las llamadas y toques de atención a su partido en Castilla León y durante siete días el PP hizo equilibrios para dar a entender que el protocolo que se había anunciado oficialmente no era lo que había comunicado el vicepresidente del Gobierno ante el portavoz popular. La controversia acaparó el debate en los medios nacionales pero Vox no dio su brazo a torcer. Dirigentes como Rocío Monasterio habían acusado al PP de ceder ante la izquierda. Todo eso sucedió entre el jueves 12 y el 19. Y justo antes de la segunda reunión que el Ejecutivo regional celebraba a la vuelta de vacaciones estalló todo. El presidente de la comunidad y su socio se enfrentaron en una sala antes de reunirse para deliberar con el resto del Gobierno. Durante la conversación, Mañueco llamó “liante” a su vicepresidente, que, según testigos conocedores de la conversación, no se arredró.
Juan García-Gallardó llamó “cobarde” al presidente regional y le recriminó haberse echado atrás en unas medidas que habían pactado y revisado las dos alas del Gobierno antes de presentarlas a los medios la semana anterior.
Horas después de la bronca el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, completamente descolocado y con un discurso inconexo, se enfrentó a otra rueda de prensa para tratar de explicar, por enésima vez, las medidas antiaborto acordadas con Vox una semana antes. Acorralado por los medios se limitó a defender que eran “mejoras en las prestaciones” sin aclarar cuándo y cómo se aplicarían.
El anuncio no había sido una ocurrencia de Vox: la Consejería de Sanidad, en manos del PP, fue quien hizo la nota de prensa en la que se enumeraban las derivaciones de las embarazadas al departamento de salud mental si el ginecólogo así lo consideraba oportuno y la obligación de los médicos de ofrecerles escuchar el latido del feto o ver su cara en una ecografía 4D tanto si querían seguir adelante con el embarazo como si no. La nota de prensa, como todas las que se suben al portal de la Junta, fue revisada por la Dirección de Comunicación, que gestiona el PP, sin que alertase de error alguno.
En ese primer momento, se explicó desde la Junta que el objetivo era el “fomento de la natalidad” uno de los ejes del acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Las fuentes consultadas aseguran que ni Mañueco ni el PP midieron la dimensión de la crisis, y mucho menos calibraron que la polémica iba a saltar a las portadas de los medios nacionales. Nadie previó el escándalo ni que intentar cambiar la voluntad de una mujer que decide abortar podía llegar a ser considerado una coacción, ni que, como dijo la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, tanto la escucha del latido fetal como las ecografías 4D tienen que tener un objetivo médico, nunca recreativo y que en el caso de las ecografías, en el primer trimestre incluso pueden ser fatales para el feto.
El choque entre el presidente y el vicepresidente no fue a más ni se reprodujo en la reunión posterior del Consejo de Gobierno ya con el resto de consejeros como testigos. No hubo, según las fuentes consultadas, amenazas de ceses ni de ruptura del pacto, pero por primera vez las dos cabezas visibles del acuerdo en Castilla y León se habían insultado, aunque de manera privada.
El vodevil continuó todavía unos días más porque la instrucción del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que debía desarrollar el anuncio de García-Gallardo nunca se produjo (aunque debía ser remitida el día 16) pero sí un requerimiento del Gobierno central exigiendo explicaciones y advirtiendo de acciones judiciales si se alteraba el protocolo de atención a embarazadas o se limitaba algún derecho a las mujeres.
Todo se quedó en el limbo, incluso después del enfrentamiento del presidente y su número dos en el Gobierno. Los testigos consultados aseguran que tras el enfrentamiento verbal Mañueco y García-Gallardo no llegaron a ninguna conclusión y tampoco se pactó una postura del Gobierno sobre la aplicación o no del polémico protocolo. Sí aludieron a la cercanía de las elecciones municipales (Castilla y León no celebra este 28 de mayo comicios autonómicos por el adelanto electoral de 2022) y con ese argumento se dejó despachado el asunto.
Horas después, Carriedo, con explicaciones ambiguas precisamente porque no había una postura pactada por las dos alas del Gobierno, trató una vez más de esquivar las preguntas de los periodistas. Las medidas seguían adelante, dijo, pero no formaban parte del protocolo, y aunque se supone que los médicos están obligados a hacer el ofrecimiento a las embarazadas, el portavoz de Mañueco lo negó.
Este mismo lunes, Jorge Buxadé, portavoz político de Vox, volvía a asegurar que se aplicarán, a la vez que reconocía que no se romperá el pacto si no se hace. García-Gallardo en el stand de la feria de cocina Madrid Fusión se negaba a hablar de nada que no fuese la gastronomía o los alimentos de Castilla y León. La convivencia inestable de PP y Vox continúa en la comunidad, ante la desconfianza de la dirección del partido que ha visto como otra vez más, un barón regional (y esta vez no fue Ayuso) entorpece su enésima estrategia de viaje al centro.
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