A cinco meses de las elecciones municipales –en Castilla y León no habrá autonómicas tras el adelanto electoral del pasado 13F– dos procesos distintos de primarias han dinamitado el PP de Salamanca y el PP de León. Sus respectivos presidentes se han visto obligados a dimitir bajo el eufemismo de dedicarse a algo que ya estaban compatibilizando con la presidencia del partido. En ambos casos, sin explicaciones a los militantes, se han elegido a dedo a quienes se harán cargo de la dirección.
Las dimisiones, más que voluntarias son por “indicación” de la dirección nacional del partido, según señalan fuentes del PP a elDiario.es. Para suavizar el golpe, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, antes se le hizo un 'favor' desde Génova 13 con el despido del gerente del PP de Castilla y León al que el entonces secretario de Organización, Teodoro García-Egea, había colocado tras despedir a su antecesor, mentor de Mañueco.
La dimisión más llamativa, por lo que se ha alargado, es la del presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, imputado en la investigación de la presunta financiación ilegal del partido durante las primarias de 2017 que ganó Mañueco. Iglesias aparece en la causa como el ideólogo del sistema de recaudar dinero para pagar las cuotas de militantes morosos y garantizar los votos favorables a Mañueco, que entonces era alcalde de Salamanca. En cuestión de una semana, el PP provincial consiguió amortizar más de 60.000 euros de deuda. El dinero, cuentan testigos e imputados, se recaudó entre cargos del Partido Popular, que aportaron cantidades que oscilaron entre los 100 y los 1.000 euros y que se recogieron en dependencias del Grupo Popular en la Diputación de Salamanca, que preside Javier Iglesias, y en el Ayuntamiento. Después de una larga investigación en la que el PP ha recurrido la práctica totalidad de las decisiones del juez instructor, hay indicios de que no todo es como lo han contado los implicados. Para empezar hay algo más de 24.000 euros de los que no se ha acreditado su procedencia, pero además, hay escasas explicaciones de cómo se produjo todo el proceso, más allá de que fue “una decisión espontánea” de hacer “una donación altruista”.
Los “donantes”, entre los que se cuentan senadores, diputados o concejales, han sido incapaces de precisar al juez a quiénes estaban pagando una deuda, a quién entregaron el dinero o si lo metieron en un sobre. Además, la suma del dinero que aparece en las declaraciones juradas que el PP aportó al juzgado no se corresponde con el montante que se recaudó. Para justificarlo, el PP aportó poco después recibos de extracciones de cajeros que en algunos casos no cuadran con la fecha de las primarias sino que son posteriores. Entre los “donantes” aparece el propio Fernández Mañueco, que en febrero de 2022 reconocía en un documento entregado al juzgado que donó 1.000 euros procedentes de su “patrimonio personal” para que los afiliados morosos saldasen su deuda y votasen en las primarias. El asunto ha cristalizado no sólo en la imputación de Iglesias, también en la de la gerente del partido y en la del propio PP de Salamanca como persona jurídica.
El PP de Salamanca en manos de una gestora y el PP de León con una presidenta designada directamente
El pasado viernes Iglesias anunció su dimisión, si bien la desvinculó de su situación judicial y dijo que se centraría en su trabajo como presidente de la Diputación salmantina. El partido ha quedado en manos de una gestora ya que Iglesias había retrasado sin ninguna explicación el congreso provincial que debió celebrarse hace más de un año. Es otro asunto que está también en manos de un juez, ya que una afiliada no sólo lo ha denunciado, sino que pide como medida cautelar que el juez señale una fecha para la celebración del congreso.
Poco antes, el 24 de noviembre, se produjo otra dimisión, la del presidente del PP de León, Javer Santiago Vélez, a quien demandaron varios cargos públicos del PP, entre ellos quien fuera su rival en el último congreso provincial, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García. García exigía la anulación del congreso por las presuntas irregularidades en el censo de afiliados y el juicio estaba señalado para febrero de 2023. Tras la dimisión de Santiago, García ha anunciado que retira la demanda. Pero no era el único proceso judicial en marcha, porque otros cargos del PP de León denunciaron a Santiago Vélez ante la Fiscalía de León por presuntos delitos de “malversación, tráfico de influencias, prevaricación, comisión de deber de perseguir delitos, estafa, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, administración desleal”. La Fiscalía remitió las diligencias de investigación a la Fiscalía de la Sala Penal del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Vélez por ser senador. Aunque la remisión se produjo el pasado verano, la Junta de Fiscales no ha tratado aún el asunto.
En el comunicado en el que se anunció su dimisión, se obviaron las denuncias que pesan contra Santiago, que seguirá siendo senador por León y encargado de coordinar las iniciativas sobre despoblación en la Cámara Alta. En el caso de León, la presidencia ha sido rápidamente ocupada por la exsenadora y actual delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Ester Muñoz, con una designación directa.
Ambas dimisiones ponen en cuestión no sólo la forma de desarrollar primarias y congresos en el PP, sino el liderazgo de Mañueco. De hecho, ambas dimisiones se producen por orden de la dirección nacional del partido, que quiere unas elecciones municipales y autonómicas, esta vez con un nuevo presidente nacional, en las que no se mencione la presunta financiación ilegal del partido.