La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha llevado a Consejo de Gobierno la subvención directa de 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) de Castilla y León, Serla, integrada en el sector público autonómico, cuyo objeto es la solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León.
Esta aportación implica un ahorro del 60% para la Junta de Castilla y León con respecto a la financiación anterior. De este modo, a partir del 1 de julio, quedarán excluidos de los gastos objeto de subvención los derivados de contratos de alta dirección de la Fundación, que actualmente ascienden a 76.000 euros; los de arrendamiento, y los intereses deudores de las cuentas bancarias.
Según ha explicado el consejero y portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, se establecerán “algunas líneas de ahorro del gasto” sin “menoscabo” del servicio a través de la eliminación del puesto del director del Serla y dejar de pagar el alquiler de la sede, para trabajar en un espacio público. Además, en los conflictos solo trabajará un mediador.
Carriedo ha apostado por hacer un “uso razonable” de los fondos para conseguir “el mayor nivel de eficiencia posible”. Ante la posibilidad de que se agote el presupuesto, el portavoz del gobierno autonómico ha asegurado que se examinará si llega el caso.
La justificación de los gastos estará limitada exclusivamente a los vinculados a la gestión de los conflictos colectivos y a la intervención de un mediador o un árbitro, según corresponda, en cada conflicto colectivo atendido.
A principios de abril, la Consejería de Industria inadmitía el requerimiento del Ministerio de Trabajo y Economía Social para que financiara el Serla. El portavoz del gobierno autonómico ha garantizado durante semanas que habría aportación al Serla para garantizar el servicio “El compromiso es cumplir la ley y realizar las aportaciones necesarias”, afirmaba a mediados de marzo.