La Junta de Castilla y León no desautoriza a su vicepresidente por un mensaje xenófobo sobre el traslado de migrantes a León

La Junta de Castilla y León no va a desautorizar a su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), por pedir a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, alojara “en su casa” a los migrantes llegados de Canarias a León o “billete de vuelta a su país” . El portavoz Carlos Fernández Carriedo (PP) ha aseverado que la postura del Ejecutivo en materia de inmigración la fija la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (PP).

Ante la posibilidad de que haya dudas entre el mensaje de ambos socios en un mismo Gobierno, el portavoz ha señalado que desde la Junta están “a algo que importa al conjunto de los ciudadanos”, algo que les diferencia “mucho” del Gobierno de España que está “a otras cosas”.

“Estamos para resolver los problemas diarios de la gente”

El portavoz ha enumerado citado la resolución de ayudas de viviendas, bajar las tasas universitarias o reducir impuestos en el tramo autonómicos además de presumir de buenos datos económicos y de empleo. “Estamos para resolver los problemas diarios de la gente, que son muchos, y siguen siendo muchos y es lo que nos piden todos los días”, ha apostillado Carriedo sin hacer mención a los migrantes.

Carriedo ha afirmado que se enteraron por los medios de la llegada de migrantes a León, algo que el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha desmentido ya que la Administración autonómica conocía “en tiempo real toda la información”.

La consejera de Familia exigió este miércoles una mayor coordinación e información al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración en estos casos. Blanco, como ha hecho también Carriedo este jueves, señaló que Castilla y León es una tierra “de acogida y solidaria y va a continuar siéndolo” como ha demostrado en otras crisis migratorias en los últimos años.

Carriedo deja en lo personal las declaraciones del vicepresidente

Fernández Carriedo ha querido dejar en en el ámbito personal las palabras de García-Gallardo, de baja por paternidad, y ha reiterado que es la consejera de Familia quien decide sobre esta cuestión. Preguntado en varias ocasiones por los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha querido zanjar la polémica asegurando que hay que “discernir claramente cuál es la posición de una persona cuando ejerce en su cargo institucional, de la que pueda tener a título personal o a título de un partido político del que forma parte. Naturalmente tiene esa capacidad de expresar su opinión en un estado como es el de España”.

Cuestionado por si el portavoz hiciera este tipo declaraciones si le gustaría que separase entre el político y la persona, Carriedo ha señalado que su posición es “la de la Junta” aunque entiende que los responsables políticos de forma partidista hagan manifestaciones que “a veces no siempre son las que institucionalmente están en condiciones de poder manifestar”

Esta polémica ha surgido a raíz de un mensaje publicado en X por García-Gallardo por el anuncio del Gobierno de alojar en el Centro de Atención a Personas Migrantes que se pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalé del Pozo, a las afueras de León, en el municipio de Villaquilambre.

El espacio tendrá capacidad para acoger hasta un máximo de 180 personas migrantes, todas ellas mayores de edad, que se encuentran en situación de tramitación de protección internacional. Esta es la segunda polémica entre Junta y Gobierno por la ubicación de migrantes en la Castilla y León. En octubre, el realojo de migrantes desde Canarias en en el Hotel Balneario Palacio de las Salinas, en Medina del Campo (Valladolid) también levantó las críticas.

El Ejecutivo también aseguró que se fueron informados en tiempo y forma y García-Gallardo se hizo grabar delante del alojamiento para para lanzar el mensaje de que “un gobierno central que se arroga la protección de las mujeres” y que ha traído a “183 jóvenes varones en edad militar” y que “generan tanta sensación de inseguridad”.

En esa ocasión, el vicepresidente afirmó que había “preocupación” en la localidad y afirmó que había una “invasión migratoria” que hay que denunciar así como a los que “con su efecto llamada desde los gobiernos” los traen. El dirigente autonómico apuntó también a las oenegés que “colaboran con las mafias del tráfico de personas”. Según él, lo que su partido quiere proponer “es una inmigración legal, con capacidad de adaptación social” y cultural para que “venga a construir una España mejor”.

Izquierda Unida y el procurador de las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, denunciaron ante la Fiscalía a García-Gallardo al entender que estaba cometiendo un delito de odio. La justificación de IU se basaba en lo recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU que considera “ningún ser humano es ilegal” y que “todo ser humano tiene derecho a no ser discriminado por su raza, color o posición económica” además del artículo 510 del Código Penal, que califica el delito de odio, con penas de prisión y multas, para los que “fomenten públicamente o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una parte del mismo por motivos racistas o de aporofobia”.

En febrero de este año, García-Gallardo volvía a criminalizar a los migrantes y ha asegurado, sin aportar datos concretos, que en la Comunidad “cada vez hay más machetazos y agresiones sexuales”. “España no se puede convertir en el reformatorio de los jóvenes conflictivos del resto del mundo y esto es lo que parece”, aseguraba.

El vicepresidente también acusaba a Cruz Roja y a Accem de ser “colaboradoras necesarias” de “la industria tan lucrativa del tráfico ilegal de personas” pero “disfrazadas bajo una apariencia de solidaridad”. García-Gallardo criticó a ambas oenegés por contribuir “de manera decisiva” al “éxito de esta industria ilegal”. El dirigente de Vox tuvo que matizar sus palabras ya que tuvo que agradecer el trabajo de ambas organizaciones.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado este jueves que va a pedir al Gobierno de España saber “si se está contribuyendo a través de subvenciones públicas a facilitar el tráfico ilegal de personas”. García-Gallardo ha afirmado que los medios no han recabado sus palabras “exactas” y ha destacado la importancia de los “matices”. “Vamos a estar muy atentos a qué está haciendo desde el Ministerio en esa materia y lo que podemos hacer es agradecer la labor social de las organizaciones sociales que ayudan a integrarse a todas esas personas que nos ayudan a combatir el invierno demográfico”, ha afirmado el vicepresidente autonómico.