La Junta de Castilla y León otorga 21,4 millones de euros a RTVCyL con el único voto favorable del PP

La Junta de Castilla y León ha aprobado conceder cerca de 21,4 millones de euros a Radio Televisión Castilla y León S.A., de titularidad privada repartida entre el empresario Antonio Miguel Méndez Pozo y la familia Ulibarri. Así lo ha decidido la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre en la que solo el voto favorable del Partido Popular y del Ejecutivo autonómico -representados por el consejero de la presidencia, Jesús Julio Carnero, y los directores de Comunicación de la Junta y de Telecomunicaciones y Administración Digital- han permitido aprobar la financiación de este medio de comunicación privado que ejerce de televisión autonómica. En contra se han mostrado el Grupo el Mixto y el PSOE, que no ha participado en la reunión, mientras que Vox y UPL-Soria Ya se han abstenido.

La empresa ha trasladado que ha llegado a un acuerdo con los trabajadores en el cual se les incrementará un 6,5 % de su salario de cara a 2023, así como el reconocimiento de antigüedad de los mismos a partir de cinco años de desarrollo de su profesión, lo que supondrá un incremento medio del 8 % en el salario de los propios empleados. En total la cuantía destinada a RTVCyL ha aumentado un 5,7% respecto al año pasado al crecer en la relación al IPC, como así ha solicitado la empresa, lo que asciende a un total de 21.388.395 millones de euros.

Como cada año, la Junta concede una “subvención”, que la Audiencia Nacional en sentencia firme la calificó en 2018 como un contrato de prestación de servicios sujeto a IVA- a la televisión privada que explota su licencia de TDT. La fórmula de la “subvención directa” evita que la decisión pase por control presupuestario o por la Intervención de la Administración.

El PSOE critica el incremento “unilateral” de financiación a RTVCyL

La ausencia del PSOE a la comisión de la TDT se debe a “la ruptura del consenso por parte del PP y el incremento unilateral de financiación a RTVCyL”. Así lo ha trasladado el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León que, además, ha criticado los 'populares' hayan decidido “en solitario votar a favor de incrementar la financiación a un medio de comunicación que ha sido controlado en parte por un condenado en la Trama Gürtel y que ha sido denunciado por sus trabajadores por manipulación informativa”.

Los socialistas también ha señalado “la falta de transparencia” de un medio de comunicación que “recibe más de 20 millones de euros anuales de financiación de las arcas autonómicas, de los bolsillos de toda la ciudadanía”.

En un comunicado, el PSOE ha defendido que “no les sorprende” este incremento de financiación “acordado únicamente por el PP de Mañueco dadas las denuncias de manipulación informativa vertidas por los profesionales de RTVCyL, que siguen sufriendo pésimas condiciones laborales”. Asimismo, han apuntado que no ha habido respuesta “a la propuesta de crear un grupo de trabajo para cambiar el modelo de televisión de nuestra Comunidad”.

Parece que las iniciativas de los socialistas caen en saco roto. El Grupo Socialista ha recordado que en julio y en agosto reclamaron “la evolución anual de la masa salarial y número de trabajadores de la empresa desde su creación” y “los contratos de personas que estén trabajando en cualquiera de las sedes de la empresa y cuyas condiciones se encuentren fuera del convenio colectivo”.

Ante esta pregunta, han señalado que solo han recibido respuesta de la Consejería de Presidencia y de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con “el habitual expediente administrativo”. Por ello, el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, ha apuntado que “este hecho pone de manifiesto la falta de transparencia y de respeto de la empresa a la Comisión y, especialmente, al Grupo Parlamentario Socialista”.

Además, según han desvelado fuentes del PSOE, este miércoles han registrado otra pregunta para saber quienes son “los propietarios de las sedes” de la redacciones de La 8, la segunda cadena de CyLTV, con presencia en todas las provincias, además de la delegación de El Bierzo.

Igea critica que el modelo de financiación “no aseguran las mínimas garantías de neutralidad informativa”

En contra subvencionar a RTVCyL de la manera actual, el procurador de Ciudadanos Francisco Igea ha criticado el modelo de financiación y las modificaciones en las condiciones para RTVCyL al entender que “no aseguran las mínimas garantías de neutralidad informativa”.

Según ha explicado Ciudadanos, “se ha acordado incrementar la financiación sin introducir los cambios solicitados por sindicatos y representantes políticos”. Es por ello que Igea ha señalado que “la televisión no puede ser un instrumento de propaganda, que se someta de manera permanente y cada seis meses al chantaje de las mayorías de gobierno”.

Por este motivo, el procurador de Ciudadanos ha anunciado que no volverá a participar en las reuniones de esta Comisión “mientras no se planteen los cambios imprescindibles para garantizar la neutralidad y la calidad del servicio público”. 

Los trabajadores señalan la “deriva” de la gestión

RCyLTV se encuentra en el foco de la polémica debido a la situación por la que pasan sus trabajadores. Desde el Comité de empresa se lleva denunciando públicamente desde hace meses las malas condiciones laborales a las que se enfrentan y el enroque de la dirección de la empresa a atender sus peticiones de mejora. Tras el anuncio hecho por la empresa de que sube el salario de cara 2023, entre fuentes del comité de empresa señalan la dificultad para firmar el acuerdo además de que la empresa no ha atendido a los puntos sociales que reclamaban y que “para los trabajadores es insuficiente”

Asimismo, los trabajadores han llamado la atención a “la deriva” que está tomando su centro de trabajo en lo referente a la gestión. En un comunicado afirmaban que “en los últimos meses” se ha pasado de contar con “una plantilla cercana a los 100 trabajadores a no llegar a 75 y la carga de trabajo, lejos de disminuir proporcionalmente, ha aumentado dejando algunas áreas concretas, como las que soportan el peso del informativo diario”.

En otro comunicado también ponían el acento en que RTVCyL, una televisión privada financiada por la Junta, sufre una manipulación de la información política desde que se despidió al director de informativos. Por todo ello, el comité de empresa anunció a finales de enero movilizaciones para forzar a la empresa a que mejorase sus condiciones laborales.

El modelo de financiación de la 'tele' privada, cuestionado por casi todos

El modelo de financiación de CyLTV ha sido cuestionado por todos los grupos parlamentarios salvo por el PP. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, cargaba contra esta práctica antes de las elecciones autonómicas del pasado año. Desde su grupo en las Cortes, el procurador Francisco Javier Carrera aseguraba que las televisiones autonómicas —en general— no son “más que un gasto” que “además son superados por otros medios de difusión audiovisual”. “Es imprescindible cambiar el modelo y en ello estamos trabajando con responsabilidad”. Pese a sus palabras, en las diferentes iniciativas parlamentarias de otros grupos, Vox no ha querido ejecutar esa modificación.

Desde el PSOE, ausentes en la comisión, y Ciudadanos se han llevado varias iniciativas a las Cortes. Entre las últimas está una Proposición No de Ley en la que proponía crear un grupo de trabajo en el que negociar un nuevo modelo de televisión autonómica, cesar con carácter inmediato la financiación pública a la televisión privada, estudiar la revisión de la prórroga de quince años de la licencia y garantizar la subrogación de la empresa concesionaria para que no haya interrupción del servicio ni del cobro de los trabajadores. La Proposición No de Ley no salió adelante puesto que ha recibido el voto en contra de PP y Vox.

En declaraciones recogidas por elDiario.es, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, recordaba que RTVCyL es propiedad del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, y de la familia de José Luis Ulibarri, condenado en Gürtel por cinco delitos. “Ya sabemos quiénes son los accionistas, claro que lo sabemos. No puede ser que esté bajo el control de alguien condenado por financiar ilegalmente al PP y estos luego financian sus medios. Un gobierno que le llama ofreciendo obras porque 'somos la Administración'”.

Tudanca, en el pleno del 5 de octubre de 2022, criticaba que se destinen 21 millones de euros públicos “a financiar a grupos empresariales corruptos” en los que se produce “manipulación informativa”. “¿Recuerdan el vídeo de los vecinos recibiendo a Mañueco en la sierra de la Culebra con pitos y abucheos? Salió en todos los sitios menos en la televisión que pagamos los castellanos y leoneses”.

A las críticas también se sumaba el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien afeaba a Vox mantiene la financiación pública de RTVCyL porque “blanquea” al partido ultraderechista y acusó a Vox y a PP de usar RTVCyL “como si fuera el NO-DO”. “Es indecente, que se haya despedido al director de informativos porque ha pedido su cabeza Mañueco. Es un comportamiento mafioso”.

La procuradora de Soria ¡Ya!, Vanessa García, pedía que la televisión llegase a todos los puntos de la Comunidad y que reflejara mejor la pluralidad política al entender que su formación, con tres de cinco procuradores en la provincia, no se informaba lo suficiente.

Por parte de Ciudadanos, Igea también ha sacado a la palestra la cuestión de la televisión autonómica. En septiembre de 2022, a raíz de las quejas de los trabajadores, proponía una PNL para elaborar un nuevo modelo de televisión autonómica que fuese realizado con un grupo de trabajo con el resto de formaciones para crear un nuevo sistema de adjudicación y que, además, “no se adjudicase nuevas subvenciones hasta que esta propuesta haya sido elaborada”. Tampoco se tuvo en cuenta.

En el último pleno, Igea expuso el caso de RTVCyL. El procurador indicó la falta de “pluralidad” que se materializó “con la sustitución del director de informativos ”por presiones políticas“. Ante tal acusación, Igea cuestionó la neutralidad del medio al comparar la presencia de representantes de diversos partidos en un programa. ”Me fui a un programa de política y actualidad y medí cuántas intervenciones en cuántos programas hubo de miembros de unos partidos y otros había: 31 del PP, 15 del PSOE y tres de Ciudadanos y Podemos. Debe ser cuestión de prioridades“, apostilló en referencia al citado programa.