La Junta de Castilla y León ha registrado este martes ante el Tribunal Constitucional un recurso ante la Ley de Amnistía, que incluye la recusación de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez.
“En defensa del Estado de Derecho y del principio de igualdad entre todos los españoles, pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Constitución, la Junta ha registrado hace unos minutos el recurso contra la Ley de Amnistía en el TC”, ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de su perfil de la red social X.
Sobre la recusación, Mañueco ha argumentado que Conde-Pumpido, Laura Díez y Juan Carlos Campo -quien ya anunciado que se abstendrá en esta causa- “deberían abstenerse por su acreditada vinculación con el asunto recurrido”.
Este recurso de la Junta de Castilla y León llega un día antes de que se cumpla el plazo establecido para registrarlo y se suma a la decena de escritos presentados hasta ayer, fundamentalmente por gobiernos autonómicos liderados por el PP, pero también del de Castilla-La Mancha gobernado por el PSOE.
El recurso del Ejecutivo autonómico entiende que la Ley de Amnistía, aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo -y publicada en el BOE el 10 de junio-, vulnera “como mínimo 14 artículos de la Constitución”.
Quiebra del Estado de derecho y del principio de igualdad
La Junta de Castilla y León se considera legitimada para dar este paso al entender que la Ley de Amnistía quiebra, “de forma arbitraria e interesada”, el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución como derecho fundamental de los españoles.
También, el artículo 139 de la Carta Magna, que establece la ‘igualdad territorial’, al disponer que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado; y los derechos de las personas físicas o jurídicas de Castilla y León que residen o trabajan en Cataluña.
El texto del recurso apela a una quiebra del Estado de derecho y del principio democrático, recogidos en la Constitución, y apunta que la Carta Magna prohíbe expresamente en su artículo 62 los indultos generales, y la Junta considera que la Ley de Amnistía es un indulto general, pues no solo perdona la pena sino también da por no cometido el delito.
La ley es también una reforma constitucional encubierta, aseguran en su escrito, y rompe con el principio de separación de poderes, además de vulnerar la libertad ideológica pues “aplicar la amnistía solamente a ciertas personas y por ciertas causas, y al producir una discriminación entre ciudadanos que poseen una ideología y para los que se suspende la aplicación del Código Penal”.
Sin arrepentimiento y vulnerando acuerdos europeos
La Junta de Castilla y León plantea igualmente que la amnistía no exige que los autores muestren arrepentimiento o compromiso de no volver a cometer los hechos, “abriendo la puerta a la posibilidad de amnistiar delitos futuros”.
Y quebranta los compromisos adquiridos por el Estado español a través del Tratado de la Unión Europea, en lo relativo a los delitos de malversación que no hayan supuesto un enriquecimiento propio y delitos de terrorismo, que quedan amnistiados en algunos supuestos, añade la Junta.
El recurso hace referencia también a la aplicación de la figura jurídica de la amnistía, al utilizar el modelo de 'ley singular', que a juicio de la Junta se utiliza de modo “torticero”, sin excepcionalidad ni condiciones extraordinarias, que están amparadas en los supuestos reconocidos por el Constitucional.