La Junta Electoral Central (JEC) ha condenado al portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo a pagar 2.200 euros por quebrantar el principio de neutralidad que deben tener los poderes públicos en campaña electoral.
La JEC considera que el también consejero de Economía y Hacienda, Carriedo (PP), realizó afirmaciones “con contenido valorativo y electoralista” en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 29 de junio de 2023, durante la campaña electoral.
Carriedo quebrantó el principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral y la merma del principio de igualdad entre las formaciones políticas. La Ley del Régimen Electoral General establece que las multas oscilarán entre 300 y 3.000 euros.
El contenido íntegro de la resolución, junto con las explicaciones de voto resultantes de la deliberación, serán comunicadas a lo largo del día de mañana.
El 29 de junio, el portavoz autonómico aseguró que la Junta de Castilla y León había hecho “el mayor esfuerzo” en las ayudas a la sequía en Agricultura y Ganadería (Vox), incluso que “ninguna otra Comunidad Autónoma”. La JEC consideraba cuando incoó el expediente que el portavoz del gobierno autonómico quebró el principio de neutralidad institucional.
“Castilla y León ha sido relegado en sus intereses por parte del Gobierno de España y nosotros lo que hacemos es defenderles; esto es así, las propias opas lo señalan porque demandaban esta ampliación de las ayudas del Gobierno, que creo recordar que algún representante del Gobierno en Castilla y León había anunciado que se iba a hacer, y finalmente no se ha realizado”, continuó Carriedo ese 29 de junio. La Junta Electoral estableció en su expediente que estas apreciaciones negativas podían hacer que el electorado “fácilmente asocie” con la formación política que respalda al Gobierno. “El señor consejero es consciente de ello o, al menos, debería serlo”, criticaba entonces la JEC.
Carriedo ya ha sido requerido dos veces por hacer alusiones a los logros obtenidos por hacer campaña electoral de cara a las locales del 28 de mayo durante sendas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. La JEC ya le pidió en mayo que “extremase su diligencia” para evitar vulnerar el deber de neutralidad en el curso de actos institucionales, que ahora considera “quebrantado”.