La mayor muestra de fuerza del leonesismo fue también uno de sus últimos estertores hasta este mes de diciembre. El 4 de mayo de 1984, más de 90.000 personas abarrotaron las calles de la ciudad de León para pedir que la provincia se constituyese en autonomía. De poco sirvió, porque finalmente una sentencia del Tribunal Constitucional dio por bueno el proceso por el que se había aprobado el Estatuto de Autonomía más tardío de España.
Ahora, 35 años después de esa sentencia, el proyecto autonómico de Castilla y León parece hacer aguas en su flanco occidental. Una decena de consistorios leoneses, entre ellos el de la capital, han aprobado mociones para pedir que la provincia abandone la comunidad que ha formado con Castilla desde 1983, una decisión que respaldan más del 50% de sus habitantes, según una encuesta. Los ánimos también han despertado el histórico sueño del leonesismo de incluir a Zamora y a Salamanca en su misma región.
“En la II República, el Tribunal de Garantías Constitucionales reconoció la suma de estas tres provincias como una región independiente”, explica a elDiario.es el catedrático de Filología, y primer secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Hermenegildo López. Durante el franquismo, la división territorial republicana se mantuvo, aunque con poco peso debido a la fuerte centralización del Estado. A pesar de ello, la Región Leonesa formó parte del imaginario colectivo y hasta los años 80 nadie tenía dudas: Castilla y León eran dos entes separados y distintos.
Con la muerte del dictador se empezó a planear la configuración territorial del Estado. En 1979, antes de que se iniciase el proceso autonómico, la Diputación Provincial de León llevó a cabo una encuesta sobre el futuro político del territorio. Según explica uno de los mayores estudiosos del leonesismo y doctor en Sociología, Daniel Díez Llamas, “la mayoría de los ayuntamientos leoneses se posicionaron a favor de constituirse como comunidad uniprovincial”.
En aquel sondeo, el 50,7% de los consistorios consideraba que León debía ir por su cuenta. El resto de opciones planteadas recibieron, de lejos, muchos menos apoyos. Por ejemplo, la unión con Castilla despertaba las mismas simpatías que la unión con Asturias, que era respaldada solo por el 6,78% de los ayuntamientos. Entonces, ¿por qué España no tiene 18 Comunidades Autónomas?
El papel de Rodolfo Martín Villa
Las grandes tragedias necesitan grandes villanos. Para los leonesistas ese papel recae ominosamente en el exministro del Interior y de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa. Cuando se pregunta a un leonés por qué León no se constituyó como autonomía propia su nombre sale casi al instante. La historia les da la razón. En última instancia fue este prócer del franquismo recalado en UCD quien, en gran medida, bloqueó la autonomía leonesa.
Hasta ese momento, la indefinición de los partidos políticos sobre la configuración del Estado era tal que tanto PSOE, UCD y Alianza Popular se manifestaron en pro y en contra de la autonomía uniprovincial. “Todos salvo el PCE, que estaba a favor desde el comienzo, variaron según el momento”, explica el escritor leonés Máximo Soto. En aquellos años la balanza bien podría haberse decantado por una región leonesa separada.
El propio Martín Villa viró sus posiciones. En septiembre de 1979, Martín Villa aseguró en un comunicado, del que se hicieron eco varios medios de comunicación, que su partido tomaría una decisión que ya se estaba “dibujando y perfilando” sobre la base de León como una provincia autónoma. Ese año, los socialistas se pronunciaron en el mismo sentido, subrayando que León como era una región “sentida y querida por sus habitantes” y “viable y conveniente” desde un punto de vista económico. Unos meses antes, en el cartel del Congreso de 1978 del PSOE, los socialistas incluyeron la bandera de León.
Una unión como contrapeso a Cataluña y País Vasco
Pero la historia iba a dar un vuelco. En 1979, Cataluña y el País Vasco se constituyeron como las dos primeras autonomías. Ante esta tesitura, muchos políticos veían la posibilidad de que la atomización autonómica beneficiase a las dos regiones industriales. “Había que frenar a los nacionalismos catalán y vasco, y para ello, crear comunidades que sirviesen de contrapeso”, explica Díez Llamas. “Martín Villa pensaba que catalanes y vascos controlarían el Estado y que era precisa una alternativa autonómica”, recuerda Máximo Soto.
En marzo de 1980, UCD, en el transcurso de una reunión de sus comités político y ejecutivo; y el PSOE, tras la celebración de su Congreso Provincial, decidieron posicionarse a favor de la opción de unir a Castilla con León. No está claro qué pasó para que los diputados leoneses cediesen, pero el 16 de abril de 1980, PCE, UCD y PSOE, ratificaron el acuerdo de integración con Castilla en un pleno celebrado en la Diputación de León.
Martín Villa obligó a todos sus cuadros a que aceptasen el marco autonómico de Castilla y León. Máximo Soto asegura que los miembros de la Diputación fueron “presionados” como demuestra que, solo tres años después, la misma Diputación leonesa tratase de revertir su decisión. En enero de 1983, con la UCD y Martín Villa fuera del Gobierno, se presentó el proyecto de Ley Orgánica 4/1983 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Entonces, la Diputación de León activó la maquinaria para frenar la autonomía.
Con 22 votos a favor de la UCD y AP, frente a 4 de PCE y PSOE, la Diputación de León rechazó la unión con Castilla. Pero el proceso autonómico ya estaba en marcha y meses después el Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. “La Diputación se pronunció en contra de la unión con Castilla, pero, sin consulta democrática, se decidió seguir adelante con el Estatuto”, explica Díez Llamas.
Ante esta tesitura, un grupo de 53 senadores, en su mayoría de Alianza Popular, acudió al Tribunal Constitucional en contra el Estatuto. Los senadores trataron de hacer valer que la Diputación leonesa se había opuesto en última instancia a la unión con Castilla y que por tanto, el proceso debía revocarse.
La gran manifestación de mayo de 1984 y el rechazo del Constitucional
“La policía nos dijo que teníamos que desalojar porque habíamos superado los 50.000 previstos. Nosotros les preguntamos que cómo”, recuerda Hermenegildo López, uno de los impulsores de aquella marcha en la que un conglomerado de grupos culturales y asociaciones convocaron a la espera de que se aceptase el recurso ante el Tribunal Constitucional.
La manifestación del 4 de mayo fue capitaneada por el alcalde de León Juan Morano Masa, y apoyado por su partido –Alianza Popular–, por el Partido Regionalista del País Leonés, Prepal, y por numerosas asociaciones leonesistas. Bajo el lema 'León Solo', reclamaban que la provincia fuese por su cuenta. De poco sirvió, porque en septiembre, la Sentencia 89/1984 del TC dio carpetazo al sueño leonés de formar una comunidad autónoma independiente. No porque no tuviese derecho a hacerlo –el artículo 2 y el 143 de la Constitución así lo reconocían– sino porque no había ningún defecto en el proceso.
Esta puerta es la que en las últimas semanas han aprovechado los leonesistas para reclamar su autonomía. El TC no declaró inconstitucionales las pretensiones de León, por lo que ahora, según los alcaldes que han firmado las mociones pro autonomía, pueden reclamar una nueva apertura del proceso autonómico para acomodar a León como la decimoctava autonomía, un proceso que los juristas creen agotado y que sólo podría producirse con una reforma de la Carta Magna.