El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha zanjado el debate sobre las medidas antiaborto anunciadas por Vox y asegura que no obligará a los médicos a ofrecer escuchar el latido fetal o ecografías 4D a las mujeres embarazadas que quieran (o no) abortar. Esto se contradice con lo que ha planteado este mismo lunes el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), que ha asegurado que el protocolo sería de obligado cumplimiento para los sanitarios.
Estas medidas, de ser obligatorias, supondrían unas “coacciones directa e indirectas a la mujer embarazada”. “La Junta de Castilla y León ni las va a promover ni a amparar”, ha asegurado en una declaración institucional, en la que no ha aceptado preguntas de los medios de comunicación, en la que también ha estado presente el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aunque no se ha dirigido a las cámaras ni a los periodistas.
Además, la Junta de Castilla y León ha remitido a una nota de prensa que clarifique cuáles y cuándo se aplicarán estas medidas, que todavía no han entrado en vigor pese a lo que dice Vox, porque no se ha enviado instrucciones a las gerencias de Salud.
Mañueco ha defendido que incorporar de forma generalizada una ecografía 4D —la escucha del latido fetal ya está prevista a lo largo del embarazo si así lo desea la mujer— supondrá una “mejora y modernización” de los servicios, en los que seguirá primando “el criterio médico y la legislación vigente”. “No se actualiza el protocolo de actuación a las mujeres que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo”, ha reiterado Mañueco, puesto que además la sociedad médica de Ginecología no ha solicitado ninguna modificación.
El presidente autonómico ha mostrado su “sorpresa y estupefacción” por que el gobierno central haya anunciado un requerimiento que todavía no han recibido. “Su único propósito es sacar rédito político y es lamentable”, ha reprochado poco antes de recordar las rebajas en las condenas que han tenido algunos agresores sexuales por la Ley del 'Solo sí es sí'. En Castilla y León ha habido catorce rebajas de condena en aplicación de esta norma.
“No vamos a aceptar que se utilice a las mujeres embarazadas para hacer oposición a la Junta de Castilla y León”, ha criticado Mañueco, quien ha asegurado que sus medidas —que pretendían “ayudar” a las mujeres embarazadas— han sido “utilizadas de manera interesada”. “No vamos a hacer a las mujeres rehenes de este debate en esa utilización partidista”, ha concluido Mañueco, que ha instado al Gobierno de España a “arreglar su chapuza de Ley” —en referencia a la de 'Solo sí es sí'—.