El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido por quinta vez en las Cortes para explicar la gestión de la pandemia en la Comunidad, algo que según él, ha afrontado “con decisión”, con el marco legal disponible -el Gobierno central ha presentado un recurso por el adelanto del toque de queda- y escuchando al comité de expertos.
Fernández Mañueco no ha dado una sola explicación sobre la razón de la “subida vertiginosa” de los casos de COVID-19, que multiplicó por 12 la incidencia, pero sí ha defendido que las medidas de Castilla y León durante las fechas navideñas, no sólo no fueron las más laxas, como le han apuntado los líderes del PSOE y de Podemos, Luis Tudanca y Pablo Fernández, sino que fueron muy duras. Así ha puesto como ejemplo el toque de queda a las 22.00 que sólo se amplió dos días, Nochebuena y Nochevieja. El presidente no ha mencionado que Castilla y León no se cerró perimetralmente en los días clave o que las reuniones en las viviendas podían ser de hasta 10 personas.
Apenas 24 horas después de que la consejera de Sanidad, Verónica Casado alertase de que las plantas de los hospitales de Castilla y León alcanzarían este viernes el pico máximo de ocupación y que las UCIs lo harán la semana que viene, por lo que cuentan con un plan para trasladar enfermos a otras comunidades, el presidente ha justificado la alta incidencia por la gran cantidad de test que se están realizando. De hecho, ha hablado de la “prevención y anticipación” de las pruebas masivas, si bien estas se empezaron a practicar cuando la Comunidad se situó entre las primeras con mayor número de positivos y los hospitales empezaron a tener que habilitar quirófanos para acoger a los pacientes críticos. Hasta el momento se han practicado más de 253.000 pruebas que han roto 2.771 cadenas de transmisión.
Respecto a las medidas adoptadas en la tercera ola, que según él, se está doblegando, ha criticado al Gobierno central por no creer en la “cogobernanza” y recurrir el adelanto del toque de queda en lugar de apostar por el diálogo. Fernández Mañueco ha puesto duda la vulneración de derechos fundamentales que se esgrime en el recurso porque no ha optado por pedir medidas cautelarísimas que suspenderían de inmediato la medida.
También ha defendido la legalidad del adelanto, que considera amparada por el Estado de Alarma y la prórroga aprobada en el Congreso de los diputados. “Es una medida equilibrada que nos permite proteger a las personas y evitar el mayor daño posible a la economía y está avalada por razones sanitarias, sociales y jurídicas”, ha dicho. Pero, además de haber actuado “con la ley en la mano”, Fernández Mañueco ha afirmado que adelantar el toque de queda a las 20.00 horas “es la medida de mayor consenso social” y que “los ciudadanos” demuestran su apoyo porque lo están cumpliendo. Lo que ha obviado el presidente es que la Junta de Castilla y León sanciona con multas de entre 100 y 600.000 euros el incumplimiento del toque de queda, por lo que ese “apoyo” no es más que la consecuencia de cumplir una norma que, de vulnerarse, lleva aparejada una sanción.
El responsable del Gobierno autonómico ha vuelto a repetir que informó de la medida a alcaldes, presidentes de la diputación e incluso al líder del PSOE, partido mayoritario en las Cortes, Luis Tudanca. Ha citado sus declaraciones en “una entrevista en un conocido medio digital el pasado 31 de enero”, en referencia a elDiario.es en las que Tudanca aseguraba que en ningún momento se le mencionó el toque de queda y mucho menos un adelanto, para precisar que le llamó el consejero de la Presidencia y le informó.
“Son medidas que tomé yo, asumiendo mi responsabilidad, después de escuchar a los miembros de mi Gobierno, a los expertos y a representantes de sectores económicos y después de escuchar a portavoces de los grupos parlamentarios, a los alcaldes de los principales municipios y a los presidentes de Diputación”, ha aseverado. En su intervención, Tudanca se ha reafirmado, mientras que a través de twitter el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, también ha desmentido al presidente. “Se convoca a los alcaldes con la decisión de anticipar el toque de queda tomada, minutos antes de hacerla pública, se nos oculta y después se nos utiliza para justificarla. Lo que está haciendo el Presidente de Castilla y León quiebra el más mínimo principio de lealtad institucional”, ha escrito.
En su insistencia por justificar el adelanto del toque de queda, Fernández Mañueco ha tirado de cifras y ha recordado que la incidencia acumulada a 7 días “ha caído un tercio desde el 24 de enero, cuando se registró el pico de esta tercera ola y la tasa de crecimiento intersemanal ha pasado de crecer un 147%” cuando se estableció la medida a “bajar el 11%”. Es decir, vincula el freno en la incidencia al toque de queda y obvia que esa restricción, que entró en vigor el 16 de enero, fue acompañada de medidas como la reducción de aforo en lugares de culto o la reducción de reuniones de no convivientes a cuatro personas. Además, cinco días antes se decretó el cierre de establecimientos comerciales y deportivos, el cierre del interior de la hostelería o la prohibición de asistencia de público a eventos deportivos.
Según él, es una medida “lógica, justa y equilibrada” ,“un acto legal que protege la vida por encima de cualquier otro derecho como puede ser la libertad de circulación de las personas” y que se adoptó “usando al máximo las herramientas jurídicas” a su alcance.