Apenas ha pasado un año desde que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dinamitó su acuerdo de gobierno con Ciudadanos con un tuit. Tampoco se ha cumplido un año de Gobierno de coalición con Vox y, sin embargo, la continuidad del pacto se tambalea. Las medidas antiaborto que impuso el partido de Santiago Abascal y que el PP, que tiene la Consejería de Sanidad, aceptó sin rechistar y presentó en rueda de prensa han provocado una crisis, pero no solo entre los socios de Gobierno, también ha agrietado las relaciones del PP de Castilla y León con Génova 13.
Ha sido el partido de extrema derecha el primero con amenazar con una ruptura, si bien descafeinó la advertencia poco después hablando de una 'revisión' del cumplimiento de los acuerdos. Lo que la Consejería de Sanidad transmitió tras matizar las medidas 'pro vida' que había explicado el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), a los periodistas hace una semana es que esas medidas se enviarían a los médicos de Castilla y León a través de una instrucción. Entre medias, la dirección nacional del Partido Popular ya había pedido explicaciones a Mañueco y ya le había exigido que diese marcha atrás. A ello se sumó el requerimiento de Moncloa, pidiendo explicaciones a la Junta y advirtiendo de que ese nuevo protocolo podía tener consecuencias legales. De hecho el requerimiento, al que la Junta no ha contestado, es el paso previo a denunciar en el Tribunal Constitucional. La instrucción, que debería haberse hecho efectiva desde el pasado lunes, no se ha enviado “de momento”. Mientras, Vox sigue exigiendo que se cumpla lo acordado y Génova presiona para sacar ese tema de la agenda. No solo eso, también le sugiere a Mañueco acabar con un socio que no deja de dar problemas y que puede lastrar los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y de las generales después.
Gobernar en minoría y laminado por Vox
Lo que ha quedado claro en los últimos seis días es que Vox no va a soltar la presa. Las opciones de Mañueco son escasas: en un escenario en el que sea Vox quien rompa el pacto, se quedaría gobernando en minoría, y ello paralizaría la comunidad. Difícilmente saldrían adelante iniciativas legislativas. Además, se está tramitando aún la Ley de Medidas Tributarias que acompaña a los presupuestos y que va con retraso porque PP y Vox votaron mal en el primer intento. Con una ruptura de por medio cuesta creer que Vox votase a favor de esa ley, sin la que los Presupuestos quedarían tocados e inejecutables, y mucho menos el resto de partidos de la oposición, a los que no se aceptó una sola enmienda a las cuentas. Mañueco se vería probablemente obligado a disolver el Parlamento autonómico –que preside Vox– y a adelantar las elecciones.
La otra posibilidad es que Mañueco sea quien rompa el pacto azuzado por Génova y por una presión de Vox que no va a cesar y que puede incluso aumentar con varios temas que están aún sobre la mesa, como una nueva normativa de memoria histórica. Tanto en una situación como en otra, Mañueco quedaría políticamente debilitado para ser candidato a la presidencia. En 2019 perdió las elecciones y solo logró ser presidente gracias a Ciudadanos, a quien defenestró a mitad de legislatura. Los resultados de las elecciones en las que se embarcó en 2022 fueron peores que los de 2019, de hecho fueron los peores resultados de la historia del PP de Castilla y León. Pero esta vez, la entrada de nuevos partidos (Soria Ya) y la consolidación de otros, como Vox o UPL, le hicieron ganador aunque sin mayoría absoluta y le obligaron a pactar con la extrema derecha.
“Si se quieren ir del Gobierno, que se vayan”
Transcurrido un año desde la disolución de las Cortes, y finalizado también el primer periodo de sesiones, como marca el Estatuto de Castilla y León, Mañueco puede volver a hacerlo, pero todo apunta a que no sería en este momento, sin la Ley de Medidas aprobada. Tendría que esperar como mínimo a finales de enero, que es cuando previsiblemente se aprobará, para romper el pacto con Vox y cesar a sus cargos. En ambos casos, rompa Vox o rompa el PP, la disolución de la Cámara, que solo puede hacer el presidente, tendría que demorarse hasta el 4 abril si quiere que la nueva convocatoria electoral coincida con las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Otra cosa es que una vez pase a la oposición Vox aproveche los próximos meses para laminar, aún más, al Partido Popular. A la dirección nacional no parece preocuparle mucho la situación de Mañueco. Este miércoles se insistía en que el Gobierno de Castilla y León no va a implantar ningún protocolo antiaborto como asegura Vox. “Si se quieren ir del Gobierno de Castilla y León, que se vayan”.
El PP dice que las medidas antiaborto son “un bulo socialista”
En el Partido Popular de Castilla y León, entretanto, vuelve a rozar el surrealismo. El vicesecretario de Acción Parlamentaria y Electoral del PPCyL, Javier Lacalle, remitió una carta a la dirección nacional del PSOE y en concreto al denominado 'Comité de la Verdad' creado por ese partido, pidiendo acabar “con el bulo socialista”. Según Lacalle, Moncloa ha estado hablado de “un hecho inexistente”, ya que Mañueco ha negado “que se vaya a modificar el protocolo de atención en la interrupción del embarazo en Castilla y León”. Lacalle no comprende “que varios ministros del Gobierno que sustenta ese partido hayan continuado con sus ataques a una medida sobre Ia que ni ha habido ni va a haber trámite alguno” y que incluso “se haya elevado al Consejo de Ministros un requerimiento para reprobar una decisión inexistente”. De ese cambio “inexistente” del protocolo, que se explicó en una rueda de prensa en presencia del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se tendrá que hablar este jueves, en un nuevo Consejo de Gobierno con su correspondiente rueda de prensa.