El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes los Presupuestos autonómicos de 2025, que ascienden a 15.084 millones de euros y que no ha condicionado a un posible adelanto electoral. “Mi intención es agotar la legislatura y que se aprueben los Presupuestos. En cualquier caso, no va a estar condicionado al fin de la legislatura”, ha asegurado en rueda de prensa.
El presidente autonómico quiere negociar el techo de gasto antes de los Presupuestos, aunque no descarta abordar de manera paralela “una negociación puntual” de las cuentas. “Del presupuestos hablaremos una vez que se haya aprobado el techo de gasto”, ha apostillado el líder autonómico, quien ha destacado: “Tenemos un buen instrumento para empezar el diálogo”,
Mañueco ha pedido “altura de miras” a los grupos de la oposición, con quienes pretende reunirse en función del número de parlamentarios autonómicos. “No es una cuestión de peajes o exigencias, sino de ser capaces de dejar nuestras posiciones, líneas rojas y posturas irrenunciables. Hay que sentarse con la mente abierta”, ha reivindicado el presidente ‘popular’.
Ante la posibilidad de que el PP no consiga el apoyo de la mayoría de la cámara parlamentaria para el techo de gasto, Mañueco ha apuntado que se iniciaría de nuevo un proceso de diálogo. Hasta ahora, el proceso de diálogo se había mantenido en una reunión con los portavoces políticos, a quienes habían instado a esperar a los Presupuestos para tener una base sobre la que negociar. El presidente autonómico ha destacado la importancia de estas nuevas cuentas, que “merecen ser respaldadas”.
El presidente autonómico no ha querido entrar en cómo este Presupuesto habría sido diferente de estar Vox en el gobierno, como en los dos últimos ejercicios.
Cuatro nuevas rebajas fiscales
Mañueco ha calificado su política fiscal de “inteligente y moderada”. En este Anteproyecto de Presupuestos se contemplan cuatro nuevas rebajas fiscales que supondrán 709 millones de euros que las arcas públicas dejarán de ingresar por los beneficios fiscales de 558.000 contribuyentes.
Se pretende rebajar el tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF del 9% al 8,5%, lo que situaría a Castilla y León como la comunidad con el segundo tipo autonómico más bajo en el impuesto de la renta. El impuesto de acceso a la vivienda de los jóvenes tendrá un tipo superreducido del 3% en el medio urbano y del 0,01% en el medio rural; se incrementará del 15% al 20% el porcentaje de deducción en el IRPF que se aplica a las rehabilitaciones de viviendas en el mundo rural para alquiler, con el objetivo de dinamizar el medio rural; y ampliar el número de beneficiarios con la reducción del 99% de la base imponible del impuesto sobre sucesiones por la adquisición de explotaciones agrarias, hasta los colaterales por consanguinidad de cuarto grado y trabajadores de la propia explotación, con el objetivo de fomentar la continuidad de la actividad en estas explotaciones.
Todo esto, claro, si el PP consigue el apoyo de la mayoría de la cámara autonómica, lo que aún no está tan claro. Este miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registrará el techo de gasto en las Cortes para su tramitación de manera ordinaria.
Violencia de género y violencia intrafamiliar
Alfonso Fernández Mañueco también ha informado sobre dos partidas que provocaron tensiones con su anterior socio de gobierno, Vox: las de protección a la mujer y violencia intrafamiliar.
La Junta de Castilla y León pretende aprobar 19 millones de euros para “apoyar a la mujer y a seguir avanzando en la promoción de igualdad y en la prevención de la violencia machista”, una cantidad superior a los 14,8 millones del ejercicio anterior.
También se mantiene la partida de 500.000 euros para la concienciación sobre la violencia intrafamiliar, como ya hizo en los años en los que gobernaba con Vox, cuando esta partida de incrementó tal y como estaba previsto en el Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 2019-2023. Según ha explicado Mañueco, estos 500.000 euros van destinados a la sensibilización y concienciación de este tipo de violencia y a poner en marcha “centros de mediación familiar” que sirvan para resolver los conflictos dentro del entorno familiar y no solo se aborden casos de violencia.