Una denuncia anónima por coacciones, con un nombre falseado, y que en principio quedó desactivada por testificales que la desmintieron, ha acabado en una investigación judicial por presunta financiación del PP de Salamanca durante el proceso de primarias de 2017 que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Tal y como adelantó elDiario.es el pasado 24 de noviembre, el juzgado que instruye el caso desde hace más de un año ha ordenado que declaren en calidad de investigados el presidente del partido en Salamanca, Javier Iglesias, la gerente, Isabel Sánchez y el PP de Salamanca, que deberá designar a una persona que le represente. La causa, que durante meses se armó con testificales y ninguna imputación inicial, ya está centrada.
Y todo porque la documentación que ha presentado el PP de Salamanca deja al descubierto que sus cuentas no cuadran. Los más de 60.000 euros que se reunieron en forma de “donaciones altruistas” de cargos del partido para pagar cuotas atrasadas de militantes para que votasen a Mañueco no están justificados en su integridad. Hay 24.140 euros que no se sabe de dónde salen.
La denuncia inicial, que supuestamente hacía un concejal del PP en 2019 apenas tenía recorrido y se archivó. Bajo una identidad ficticia se relataba que Alfonso Fernández Mañueco “en el afán de conseguir votos a su favor” para el proceso de primarias que arrancó el 10 de marzo de 2017, había exigido a cargos del partido, que aportasen dinero para poner al día cuotas impagadas de militantes y que estos pudiesen votar. Lo que hizo el PP de Salamanca cuando el juzgado admitió la denuncia, fue aportar declaraciones juradas de esos cargos en las que asumían que habían puesto dinero para pagar deudas a terceros. Aunque con ese movimiento la causa quedó archivada provisionalmente, un recurso de Foro Izquierdas- Los verdes, consiguió la reapertura en junio de 2020 para determinar “si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político, o, por el contrario sólo existe un pago de deuda ajena”.
Año y medio después, lo que aprecia el juzgado es que hay indicios de financiación ilegal. Ante el juez han desfilado una treintena de cargos que han relatado que de forma “espontánea”, al conocer que el entonces presidente de la Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no se presentaría a la reelección, y ante lo “ilusionante” que era que un salmantino presidiese el partido y fuese candidato a la Presidencia de la Junta, decidieron poner dinero para aumentar el censo de votantes del partido.
De la documentación aportada por el Partido Popular de Salamanca en todo el procedimiento, el fiscal del caso considera que, con independencia de su origen “más o menos espontáneo”, se configuró una organización en los grupos de asesores del Partido Popular del Ayuntamiento de Salamanca y, especialmente, de la Diputación Provincial, siendo el principal organizador de los mismos el presidente provincial del Partido Popular, Javier Iglesias García, al menos es la versión que sostienen todos los implicados. A través de ese grupo, se entregó dinero para pagar las cuotas de militantes. Según declaró el propio Iglesias ante el juez, se puso en marcha “una maquinaria ingente”, para hacer ganar a Mañueco. Y lo consiguieron.
Los “donantes” no sabían a quiénes pagaban la deuda o cuánto dinero aportaban los demás
Pero aunque todos los testigos han declarado de manera parecida y han admitido que pusieron el dinero, no han sido lo suficientemente precisos, ya que el fiscal remarca varios puntos determinantes: nadie vio que se tomará nota de quién entregaba el dinero, ni cuánto entregaba cada uno de ellos y no se guardaron documentos acreditativos de las entregas, salvo las propias declaraciones juradas de alguno de los cargos políticos elaboradas y presentadas con posterioridad. La falta de documentación no deja de ser llamativa, ya que algunas de esas donaciones superaban los 1.200 euros.
Pero es que además, el dinero donado entraba en las cuentas del Partido Popular sin que cada uno de los donantes supiera, en ningún momento, a qué afiliados se le había pagado su cuota con su dinero. Tras el ingreso en metálico en la cuenta corriente de las cuotas del Partido Popular, según la manifestación de una administrativa del partido, esta despachaba con la gerente del PP de Salamanca, María Isabel Sánchez, quien, sin embargo, declaró en el juzgado estar totalmente al margen de toda esta operación, asegurando que no se le dio cuenta del dinero que entregaron, que no se lo comunicaron oficialmente, que no tuvo conocimiento de que se entregara dinero en la Diputación, que no sabía quién lo recaudó, ni quién recogió el dinero.
El PP de Salamanca ha aportado al juzgado recibos que supuestamente contienen, de manera anonimizada y en varias columnas, el modo en que ese dinero llego a la cuenta del Partido Popular. Pero es que el origen de esos documentos no se ha aclarado, porque la gerente, que es la encargada de las finanzas del partido, dijo no conocerlos.
En el listado anonimizado de afiliados del Partido Popular de Salamanca cuyas cuotas fueron abonadas entre el 1 y el 16 de marzo de 2017 se dividen las cantidades ingresadas por los afiliados en ese periodo en cuatro grupos: cuotas abonada por transferencia en la cuenta corriente entre el 1 y el 16 de marzo de 2017, con un total de 40.121,5 euros; cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en cuenta corriente bancaria, con un total de 7004 euros; cuotas abonadas por afiliados para posterior ingreso nominativo en cuenta corriente, con un total de 9431,5 euros y cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente por cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron al pago de las mismas, con un total de 41.490 euros. La suma de las cuatro categorías supone un total de 61.937,65 euros, que sí coincide con la deuda amortizada que reconoce la gerente.
Reintegros de cajero para justificar donaciones
El juzgado requirió al Partido Popular los justificantes de quienes habían entregado dinero para el pago de las cuotas y la cantidad abonada por cada uno de ellos. El PP aportó entonces un documento que el fiscal califica como “un conglomerado desordenado” con varios tipos de justificación: declaraciones juradas de personas que donaron cantidades para el pago de cuotas de afiliados, 39 en total por un importe global de 17.350 euros. Además se presenta “de manera desordenada, sin ningún criterio y con una absoluta dejadez”, una serie de documentos bancarios en el que figuran reintegros de cajero de muy diversas fechas, con los que se pretende justificar las aportaciones de otras personas para el pago de cuotas.
Por un lado hay cantidades que se extraen entre el 10 y el 17 de marzo de 2017, en concreto hay 17 justificaciones por un montante de 9800 euros. Pero también hay cantidades extraídas fuera de ese periodo, a excepción de una que es de 2018, todas las demás son anteriores al día 10 de marzo, y hasta esa fecha, se desconocía que fuesen a celebrarse las primarias. Se trata de 12 justificaciones por un valor de 7.250 euros.
Las cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente de cuotas por cargos electos son 515 y suman la cantidad de 41.490 euros. Sumando las cantidades que constan en las declaraciones juradas, éstas hacen un total de 17.350 euros, por lo que quedan sin justificar 24.140 euros. Pero es que si además de las declaraciones juradas se aceptarán como válidos los justificantes, las cantidades extraídas de las cuentas personales de cargos públicos entre el 10 y el 17 de marzo, que suman 9.800 euros y aún quedarían sin justificar 14.340. Incluso aceptando las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo, que asciende a 7.250 euros, aún quedarían sin justificar 7.090 euros.
De este modo, en el mejor de los casos para el PP de Salamanca, se han ingresado en la cuenta en la que se recogen las cuotas de los afiliados 7.090 euros, como mínimo, procedentes de donaciones que no se sabe de dónde proceden y por lo tanto son anónimas, y en el peor, son más de 24.000 euros sin justificar.
Desde el PP de Salamanca apuntan desde que arrancó la investigación a un “complot contra el partido”, y el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, subrayaba ante la prensa el pasado miércoles que la denuncia “se puso el mismo día en que PP y Ciudadanos” firmaban su pacto de gobierno. Por el momento, Mañueco asegura que el presidente provincial tiene todo su apoyo, pero lo cierto es que el congreso provincial no se ha celebrado aún, no tiene fecha y se desconoce si Iglesias será de nuevo candidato.