La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha leído la cartilla a la Junta de Castilla y León por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Ribera ha aprovechado una pregunta del senador autonómico por Castilla y León Fran Díaz (PSOE), sobre los proyectos de ley básica para regular la situación laboral de los bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales en todo el territorio nacional, para recriminar al gobierno autonómico que pida “solidaridad” a otras comunidades autónomas cuando no se invierte en prevención y dispositivos de incendios y se pone en riesgo la vida de las personas.
La ministra ha considerado necesario recuperar en la sesión plenaria “algunos datos básicos” con “referencias numéricas” de lo que ha ocurrido en Castilla y León. Así, se ha referido al 2022 como “el año más cálido y el sexto más seco desde que hay registros” con “100 noches tropicales y 41 días de ola de calor”, algo que nunca había ocurrido pero que “desgraciadamente cada vez será más frecuente” por lo que es importante trabajar en prevención y extinción de incendios“ y eso es ”competencia de las comunidades autónomas.
De las 270.000 hectáreas quemadas este verano, ha precisado Ribera, casi 98.000 corresponden a Castilla y León. Además, hubo 10.500 incendios de los que 57 se consideran “grandes incendios”. A continuación, Ribera se ha centrado en los recursos que se han dedicado a la prevención y extinción de incendios comparando comunidades. Mientras que Castilla y León destinó 64 millones de euros para 5 millones de hectáreas de masa forestal, mientras que Castilla-La Mancha invirtió 95 millones de euros para 3,5 millones de hectáreas. “Cosa que explica por qué Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con más incendios forestales en todo 2022 solamente por detrás de Galicia”, ha reprochado. Además, Castilla y León, según la ministra, es también la segunda comunidad en la que el Estado ha tenido que intervenir con mayor presencia. “El Estado ha tenido que dedicar el 46% del presupuesto total de refuerzo contra incendios forestales para todo el territorio nacional a Castilla y León, con un número de horas de vuelo que prácticamente es el 50% de todas las horas de vuelo de nuestros aviones y más de 9.500 descargas (de agua)”, ha enumerado. “A mayor riesgo, mayores dotaciones”, ha subrayado. “Pero resulta que Castilla y León hace mucho que no actualiza sus planes. Por eso, junto con el resto del territorio nacional cuenta con la invitación en firme, seria y comprometida hecha por ese decreto ley de agosto en la que pedimos que el plan frente a los incendios tenga aplicación anual y sea transparente, se diga cuales son las zonas, los periodos de riesgo y las dotaciones aprobadas en cada comunidad autónoma”, ha manifestado.
Teresa Ribera ha recordado que el papel del Estado reforzando la lucha contra incendios “no puede sustituir ni desplazar lo que hacen las comunidades autónomas” y ha ido más allá: “no se puede pedir solidaridad a otras comunidades autónomas cuando uno no invierte adecuadamente y pone en riesgo serio la vida de las personas, la vida de los vecinos, la vida de los brigadistas”, ha advertido. En los incendios del pasado verano en Zamora murieron tres personas: un pastor que se vio rodeado por las llamas junto a su rebaño, un vecino que huía del fuego y un brigadista.
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León acusa al Estado de poner en marcha una “retahíla de insuficiencias”
La ministra y su equipo están a la espera de que Castilla y León actualice su plan actual contra incendios y espera que el proyecto de ley básica de agentes forestales, agentes medio ambientales y el proyecto de ley de bomberos forestales permita poner en común y reforzar “la dignidad de trabajadores fundamentales para la seguridad de las personas” que cuidan y que “merecen ser cuidados” por parte de todos.
Los proyectos de ley y el operativo de incendios se han tratado también este martes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en concreto, se ha hablado del decreto ley de la Junta que a juicio de los sindicatos es un retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores y que según la socialista Ana Sánchez, paga guardias “a dos euros”. “Vale más el chaleco de Coronel Tapioca que llevaron su visita. Si tuviera dignidad retiraría el Decreto y se iría a su casa”, ha indicado al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Este ha considerado que el Estado sólo pone en macha “una retahíla de insuficiencias” y ha presumido de haber gestionado bien incendios que se han producido por “extremos climáticos”.