Las organizaciones ultracatólicas HazteOir y el Foro de la Familia han redoblado su ofensiva contra la Ley antidiscriminación LGTBI de Castilla y León. La aprobación de una normativa específica como la que hay prácticamente todas las comunidades autónomas forma parte de las 100 medidas que Ciudadanos y el Partido Popular acordaron para gobernar Castilla y León.
El lobby ultra, consciente de las dudas y divisiones que genera en el seno del Gobierno de Castilla y León —los 'populares' bloquearon durante la pasada legislatura la aprobación de una Proposición de Ley (PL) que contaba con el apoyo de Ciudadanos y el resto de grupos— ha iniciado estas semanas una campaña de presión sin precedentes evitar que la ley salga adelante.
El pasado 23 de septiembre, el Foro de la Familia puso en marcha una operación para inundar con comentarios negativos la web de la plataforma Gobierno abierto de la Junta, el sistema de participación en la que los ciudadanos de Castilla y León pueden contribuir con propuestas a las normas que se van a discutir en las Cortes de Castilla y León.
La asociación ultra subió un documento en el que explicaba las razones por las que pedían a la Junta que pusiera freno a una normativa que definían como “innecesaria, discriminatoria y creadora de inseguridad jurídica”. La del Foro se ha convertido en la más votada con más de 1.800 apoyos y ha generado un aluvión de propuestas homófobas que piden a la Junta poner freno a la futura Ley.
Recogida de firmas y presión sobre Igea y Mañueco
HazteOir, la organización que puso en marcha el autobús homófobo, ha ido más allá en la campaña contra la ley LGTBI castellano y leonesa. HazteOir lleva ya recogidas más de 17.000 firmas que han sido enviadas por la organización al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y al vicepresidente Francisco Igea. En ella piden a la Junta que frenen el desarrollo de la ley LGTBI, un “proyecto destructivo que consiste en adoctrinar a cuantos se pueda en ideología de género, dañando a cuantos se encuentran sometida a ella”.
Según informan desde la Junta de Castilla y León, el vicepresidente ha recibido más de 4.000 correos electrónicos estos días, a los que Igea ha respondido mediante una carta genérica, en la que explica que el Gobierno autonómico promoverá “una ley que asegure la libertad” y que “ningún colectivo, ni campaña de presión nos alejará de esta obligación irrenunciable”.
Más tibio se ha mostrado el presidente Mañueco, que este lunes llegó a ofrecer una reunión entre HazteOir y la consejería de Educación para discutir el llamado Pin Parental, un documento a través del cual los padres solicitan a la dirección del centro educativo que se les informe previamente sobre cualquier actividad que afecte directamente a los valores del alumno en materia afectivo-sexual.
La asociación ultra ha informado en su página web de que envió una carta a los presidentes de Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León para explicarles “la preocupación de miles de padres ante el adoctrinamiento de grupos LGTBI en las aulas a través de actividades (charlas, talleres, juegos, películas ...) de educación afectivo-sexual que se llevan a cabo durante el horario lectivo”. Según el comunicado, solo el presidente castellano y leonés respondió a la petición.