Las plataformas contra las macroplantas de Castilla y León piden en las Cortes una legislación que “proteja realmente” los pueblos

Decenas de personas, convocadas por las plataformas constituidas en Castilla y León contra distintas “macroplantas”, “macrogranjas”, plantas de biogás, biometano e hidrógeno verde se han concentrado este martes ante la sede de las Cortes de Castilla y León para reclamar una legislación autonómico que “proteja realmente” al medio rural de estos proyectos que se “venden” como algo sostenible “pero no es así”.

Desde las 16.00 horas representantes de algunas de las asociaciones constituidas para movilizarse contra los planes de instalación de unas 45 “macroplantas” y “macrogranjas” de este tipo que, según datos de estas plataformas, se proyectan en Castilla y León, se han concentrado en la plaza de Las Cortes con sus pancartas reclamando frenar los proyectos y con el ruido de sus bocinas y sus proclamas como “Mañueco escucha, el pueblo está en la lucha” y “Pucela, despierta, la mierda está en tu puerta”.

Aurora Vilariño ha intervenido como portavoz de estas plataformas y ha recalcado que los representantes de las plataformas contra “todos estos proyectos de macroplantas y macrogranjas” quieren que les “dejen un poco en paz”, informa Europa Press.

La representante, ha recalcado que las empresas que están detrás de los proyectos “venden este tipo de instalaciones como algo sostenible y algo bio”, pero defienden que “no es así”, ya que el “formato macro genera muchos residuos, atrae muchos residuos, no arregla el problema de los purines, como dicen” y crea en las zonas donde se instala “contaminación y malos olores”.

A ello ha sumado su desacuerdo con que estos proyectos lleven trabajo y prosperidad a estas zonas y consideran que es “al revés”, algo que consideran que se ha visto en la localidad albaceteña de Balsa de Ves, donde interpreta que la macrogranja ha conllevado “catástrofe medioambiental, que la población disminuye” y que, al fina, “la España vaciada vuelve a ser más vaciada todavía”.

Vilariño ha recordado que hace unos meses desde las instituciones de Castilla y León les dijeron que “lo que se necesita es cambiar las leyes, hacer una legislación que proteja realmente” y por eso, ha subrayado, están en Valladolid este martes.

“Necesitamos que nos ayuden a parar de momento todos los proyectos que hay vigentes y todos los que hay por venir”, ha enfatizado Vilariño, que ha lamentado que en Castilla y León “no hay una legislación ni ordenación territorial que regule todo esto” mientras el control de estas instalaciones “brilla por su ausencia”.

Durante la tarde, en la que se celebra Pleno en las Cortes de Castilla y León esperan mantener reuniones con varios partidos políticos y algunos de los representantes de éstos han acudido a las puertas del Parlamento para acompañar esta reivindicación, como han hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, y el secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

También se ha encontrado brevemente con ellos el procurador de Podemos en el Grupo Mixto, Pablo Fernández, así como representantes de formaciones extraparlamentarias como IU y Sumar, Juan Gascón y Marina Echevarría, respectivamente.

Tras concluir la concentración, algunos de los manifestantes han accedido como invitados al hemiciclo para asistir a la sesión parlamentaria, donde el Grupo Socialista presentaba una pregunta relativa al control de las plantas de biogás. A la conclusión de la misma, los miembros de las plataformas han comenzado a proclamar consignas y han sido desalojados de la tribuna.

95 solicitudes

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha cifrado en 95 las solicitudes para implantar plantas de biogás en Castilla y León, ha defendido que estas instalaciones son “seguras” y ha opinado que la tramitación de estos proyectos es “garantista”.

Así ha respondido al procurador socialista José Luis Vázquez, que le ha acusado durante el pleno de las Cortes de este martes de no regular de manera intencionada estas plantas y que ha encontrado el rechazo de una docena de miembros de la plataforma Stop Ganadería Industrial y Stop macroplantas en Castilla y León, que han abandonado el hemiciclo al grito de “nuestros pueblos no son vertederos”.

Suárez-Quiñones ha destacado que las plantas de biogás tienen una serie de exigencias europeas, nacionales y autonómicas para salir adelante, entre ellas declaraciones de impacto ambiental y una “rigurosa normativa” sobre la calidad del aire, el impacto en acuíferos y la contaminación en general.

Ha remarcado que se trata de proyectos abiertos a la consulta y recogidos en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCyL).

Del mismo modo, el consejero ha señalado que estas plantas que aprovechan los purines de las fábricas para transformarlo en gas natural va a suponer una gestión sostenible de los residuos, una reducción del uso de combustibles fósiles, el desarrollo de la economía circular y también “una agricultura más sostenible”, informa EFE.

Por su parte, José Luis Vázquez (PSOE) ha reprochado a la Junta que haga que los pueblos vivan “con zozobra y con desconfianza” por la extensión de estas instalaciones y ha advertido de que las macrogranjas y las plantas de biogás se extienden por toda la Comunidad, porque a su juicio la Junta “deprecia al medio rural y lo está convirtiendo en un estercolero”.

Vázquez ha defendido el uso de las energías renovables como una oportunidad para Castilla y León, pero ha exigido que se cumplan aspectos medioambientales y transparencia, ya que no se ha desarrollado el catálogo de criterios previsto en la Ley de Patrimonio Natural, ni el de las zonas de especial protección agraria, lo que considera que supone un riesgo para el sector agroalimentario de la Comunidad.