El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, ha eludido este jueves analizar si es ético que un parlamentario con dedicación exclusiva cobre su salario público del Parlamento y a la vez 40.000 euros de un bufete de abogados, como era el caso del anterior portavoz del PP Raúl de la Hoz, pero se ha abierto a cambiar el régimen de incompatibilidades existente.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, preguntado por esta situación, Gavilanes ha reiterado que un informe del Letrado Mayor de las Cortes avala que no existe en el reglamento actual incompatibilidad alguna entre recibir el sueldo como parlamentario y compatibilizarlo con otros ingresos.
De hecho, para corregir este vacío legal, el propio Gavilanes se ha mostrado dispuesto a que la Comisión de Reglamento aborde esta cuestión y puedan introducirse cambios: “No hay inconveniente en que se desarrollo ese reglamento de incompatibilidades”, ha resumido, sin entrar a valorar, como ha sido requerido por la prensa, si esos cobros eran éticos o no.
Hace una semana el PSOE registró la petición de convocatoria de la Comisión de Reglamento, con el fin de que la Cámara regule las incompatibilidades laborales de los procuradores con dedicación exclusiva
En esencia, esta iniciativa de los socialistas busca impedir que los procuradores que gozan de esta dedicación exclusiva, que asciende a 78.271,76 euros al año, pueda compatibilizarse con el desarrollo de otra actividad empresarial fuera del Parlamento autonómico.
El detonante de esta petición de los socialistas fue la reciente publicación de un informe sobre incompatibilidades que los socialistas demandaron a los letrados de las Cortes ya en el 2021 y que pone el foco en lo “laxo” que es el Reglamento del Parlamento autonómico con estas dedicaciones exclusivas, pues este adjetivo es “un mero adorno”, según el PSOE.
Esto permitió que el exportavoz del Grupo Popular en las Cortes Raúl de la Hoz pudiera compatibilizar su dedicación exclusiva en la Cámara autonómica con el ejercicio de la abogacía en un despacho de abogados, por el que además recibió 40.000 euros, según la declaración de bienes que realizó recientemente dada su actual condición de eurodiputado.