El Partido Popular ha aceptado la petición de Vox, su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, de retirar de los presupuestos municipales de 2025 las partidas económicas destinadas a ayudar a ONG que acogen y asisten a migrantes en Burgos, a las que se ha apoyado este año con 119.000 euros. Los 'populares' son socios de gobiernos de Vox a quien necesitan para aprobar las cuentas para el año que viene.
La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP), ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que lo único que recogerá el presupuesto de 2025 será una partida para cumplir con la obligación derivada de este año, pues está pendiente de pago el 30 % de las ayudas, a la espera de que justifiquen los gastos, informa EFE.
La medida afecta a entidades como ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural, que en Burgos atienden a personas migrantes y que el año pasado firmaron nuevos convenios con el Ayuntamiento por valor de 119.000 euros, y que para 2025 verán eliminada esa ayuda.
“Fue una petición de Vox en la negociación de los presupuestos y el PP no está de acuerdo, porque esas ONG hacen una muy buena labor, pero este es un gobierno de coalición y seguramente el presupuesto que presentamos no es el ideal ni para el PP ni para Vox”, ha explicado Ballesteros.
La portavoz del equipo de Gobierno ha insistido en que el borrador de presupuestos, presentado esta semana en rueda de prensa por el concejal Ángel Manzanedo, es fruto de “una negociación, no un chantaje ni una amenaza” y ha asegurado que el PP ha negociado pero no ha exigido nada en esa negociación.
Tampoco ha querido dar explicaciones sobre el hecho de que se haya mantenido la ayuda de más de 19.000 euros a Cáritas, también para acogida y ayuda a inmigrantes y se ha remitido a lo que expliquen los ediles de Vox.
Ballesteros ha detallado que en el borrador presupuestario se mantienen en la misma cuantía que este año las ayudas a cooperación internacional, que también a petición de Vox se redujeron a la mitad, quedando en menos de 500.000, en la negociación del presupuesto de 2024, el primero del gobierno de coalición PP-Vox tras las elecciones de 2023.
Vox quería utilizar a la Policía Local para buscar migrantes ilegales
En junio de este año, el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acítores (Vox) presentó una iniciativa por la que se iba a realiza “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”. Martínez-Acítores y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, también aseguraron que no manejan datos de empadronamientos ilegales vinculados a la inmigración en Burgos y que su cruzada cuenta con el visto bueno de su socio de gobierno.
En ese momento, los representantes de Vox apuntaban, sin aportar datos, que “los motivos para empadronarse son para recibir ayudas, intentar regularizar situación, fraude electoral...hay varias causas todas relacionadas con casos de inmigración ilegal”. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, salió a desautorizar a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía solo las da ella. La idea de Vox fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una “intromisión” en materias que competen a la policía nacional y “con finalidades xenófobas”.
Al final Vox consigo imponer su hoja de ruta política en Burgos a cambio de apoyar los presupuestos municipales del PP. En la Diputación Provincial, la derecha radical populista también introdujo su ideario en las cuentas para 2025 después de que se acordara multiplicar por 30 los fondos para mujeres vulnerables que se planteen abortar. En esta institución, los 'populares, sí cuentan con mayoría absoluta.
El PP cede así a Vox en el Ayuntamiento de Burgos tras las amenazas en septiembre del secretario general de la formación, Ignacio Garriga, quien advirtió que a su partido “no le temblará el pulso” de romper los pactos de gobiernos locales. El otro gran consistorio gobernado por los 'populares' con Vox en Castilla y León es Valladolid, donde todavía no se conoce condiciones impuestas por la extrema derecha para aprobar los presupuestos, aunque el PSOE, al igual que los socialistas burgaleses, ofrecieron llegar acuerdos a los alcaldes si rompían con la derecha radical populista.
La Junta apoyará a ONG, pero sin “sustituir a los ayuntamientos en sus competencias”
Tras conocerse el acuerdo entre PP y Vox, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha expresado que seguirán apoyando a las ONG pero sin “sustituir a los ayuntamientos en sus competencias”.
Carriedo no ha entrado a valorar el acuerdo y ha achacado que no pueden “tener una opinión sobre lo que se acuerde en cada uno de los 2.248 municipios que hay en Castilla y León”. El consejero ha agregado que desde el Ejecutivo autonómico continuarán ateniendo las necesidades de “todas las personas, especialmente los más vulnerables, donde el papel de las ONG es esencia”.
De cara a la negociación de los presupuestos autonómicos con Vox, Carriedo se ha mostrado cauto en una posible petición de Vox en términos similares. El portavoz ha pedido esperar “sin prejuzgar” a los partidos y ha indicado que desde la Junta y el PP tiene “las ideas claras” de sus “principios y valores”, eso sí, de la misma forma que los 'populares' burgaleses, acudirán a las reuniones con la voluntad de llegar a acuerdos para salvar los presupuestos.