El PP de Castilla y León decreta un cerrojazo informativo tras seis días de desconcierto e improvisación

El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha colapsado seis días después de que anunciase en una rueda de prensa unas medidas que eufemísticamente se denominaron “provida” y de “fomento de la natalidad” pero que en realidad eran antiaborto. En un huracán político que puede acabar con el pacto, el Partido Popular ha impuesto el silencio a sus cargos, ni una filtración, ni un comentario a los medios, cerrojazo informativo.

El PP no calibró el alcance de un cambio en el protocolo de atención a embarazadas que pretende disminuir el número de abortos voluntarios a base de derivar a las mujeres a servicios de salud mental, ofrecerles escuchar el latido del feto y sugerirles verlo a través de una ecografía 4D. Lo que se transmitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado jueves, se matizó el viernes por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), se ratificó el sábado por parte del presidente, Alfonso Fernández Mañueco y explotó el domingo, cuando el Gobierno nacional envió un requerimiento a la Junta para que se abstuviese de hacer cambios en el protocolo y diese explicaciones y la Junta respondió que no había cambios y que Moncloa se abstuviese a su vez de impedir la autonomía de Castilla y León.

En toda esa vorágine informativa de aclaraciones y desmentidos, Vox mantuvo que las medidas se aplicarían porque así lo habían acordado. Pero la crisis no se cerró, porque el lunes, azuzado por la dirección nacional del partido, Mañueco hacía una declaración institucional en la que arremetía contra el Gobierno de Pedro Sánchez y se erigía como protector de las mujeres a la vez que aseguraba que no había cambios en la atención a embarazadas, que todo serían “ofrecimientos”. Una cosa y la contraria. También aseguró que la Junta no había recibido el requerimiento de Moncloa, si bien elDiario.es publicó el justificante que demostraba que sí esa misma tarde.

Mañueco dice que las medidas antiaborto que pactó con Vox son “un asunto inexistente”

Al término de esa rueda de prensa sin preguntas, se indicó a los periodistas que se enviaría una nota de prensa aclarando, una vez más, las medidas que se habían acordado el jueves pasado. A media tarde, la Junta cambió de idea y no dio más explicaciones. El martes arrancó con el Gobierno de España dando el paso previo antes de llevar a la Junta al Constitucional aprobando en Consejo de Ministros un requerimiento para declarar incompetente al Gobierno de Mañueco en relación a sus medidas antiabortistas y se complicó aún más cuando Vox, a través de su secretario general, Ignacio Garriga, se enrocaba en su postura y advertía que revisaría el pacto con el PP si no aplicaba las medidas antiabortistas. No hubo una respuesta del socio de Gobierno. Mañueco consideró más rentable políticamente arremeter, una vez más, contra Moncloa, haciendo pública una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le acusaba de “combatir con inusitada dureza una cuestión irreal” de su plan antiaborto, y un “asunto inexistente”. A la vez, le tachaba de “indolente” por la falta de médicos en Atención Primaria y por las rebajas de penas a agresores sexuales en cumplimiento de la Ley del Solo sí es sí.

Una “instrucción” que se iba a enviar a los médicos el pasado lunes y que se ha paralizado

Mientras todo eso ocurría, a Mañueco se le olvidaba explicar por qué se había paralizado la “instrucción” que se iba a enviar a los médicos el pasado lunes. Fuentes de la Junta eludieron concretar por qué no se había lanzado esa directriz, pero subrayaron en que es algo que no se ha hecho “de momento”. Vox a su vez avivó el fuego mediante una nota de prensa que ha remitido en la tarde de este martes en la que recuerda que el pasado jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo fue el encargado de anunciar la “puesta en marcha de actuaciones en favor de la natalidad y de la familia” como parte de una serie de medidas que “vienen a dar cumplimiento al pacto de Gobierno” firmado al inicio de la legislatura, entre cuyos objetivos se incluía el fomento de la natalidad y la lucha contra la despoblación. 

Es decir, apuntaba al PP a que nadie se había salido del guion y que todo se había consensuado. “Ni desde la presidencia de la Junta de Castilla y León, ni desde el Partido Popular cuestionaron en ningún momento las medidas propuestas”, aseguraban. Pero además arremetieron contra los medios de comunicación por “una serie de informaciones” que atacaron “mediante bulos y difamaciones el acuerdo alcanzado entre PP y Vox”, y contra los dirigentes del PP que se desmarcaron de lo acordado ese mismo fin de semana. Según Vox, sus medidas se han “convertido en escándalo por parte de los satélites mediáticos de la izquierda, que han llevado, incluso a que portavoces nacionales del Partido Popular desautoricen al presidente de la Junta de Castilla y León”.

Vox insiste en que se pongan en marcha las medidas que se “negociaron y pactaron”

Vox no se echa atrás. Según el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, corresponde ahora a la Consejería de Sanidad emitir esa orden con las medidas aprobadas que ya se dieron a conocer el pasado jueves en rueda de prensa. “Vox ha negociado y pactado estas medidas y ahora confiamos en que el consejero se encargue de aplicarlas con responsabilidad”, decía. Con la amenaza de una ruptura ya sobre la mesa, en la Junta aseguran que no ha habido conversaciones entre los socios de gobierno, algo difícil de creer.

El escenario, si de verdad Vox se atreviese a romper el pacto, es que el PP en minoría no podría gobernar con efectividad la Comunidad y además se daría una situación paradójica, y es que el partido que le dejó en la estacada seguiría presidiendo el Parlamento autonómico, porque Mañueco dio a Vox la presidencia de las Cortes. Con esos mimbres, Mañueco se vería abocado a convocar elecciones y Castilla y León iría por segunda vez en poco más de un año a elecciones autonómicas. Con los plazos legales marcados, no podría retrasarse más allá del 4 de abril la disolución de las Cortes para que se vote el 28 de mayo. Otra opción es dejar pasar el tiempo y convocar después, para hacerlas coincidir con las generales.

También cabe la posibilidad, y es la más probable, que Vox no rompa nada y continúe aposentado en la Junta y aumentando su maniobra de desgaste de Partido Popular emprendiendo una nueva batalla cultural que dé el salto al debate nacional. “Mañueco está noqueado, esta vez no se va a atrever a romper el pacto como hizo con Ciudadanos, pero Génova le está apretando las tuercas y él les recuerda que el 70% de posibilidades de conseguir ayuntamientos depende de pactos con Vox”, aseguran fuentes del Partido Popular.