PP y Vox de Castilla y León tumban sin debatir la proposición de Ley de Derechos al Final de la Vida impulsada por Igea

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han tumbado este jueves en la Comisión de Sanidad, sin intervenir en los debates de las enmiendas presentadas por el resto de grupos y artículo por artículo, la proposición de Ley de Derechos al Final de la Vida -cuidados paliativos, entre otros- presentada por el procurador del Grupo Mixto y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, el mismo texto que respaldaron PP y Cs desde el Gobierno autonómico en la anterior legislatura.

En una caótica sesión, marcada por la repetición de votaciones y las dudas sobre el procedimiento que debían seguir para debatir y votar artículo por artículo, los grupos de la oposición han criticado la postura de PP y Vox por no debatir sobre esta cuestión que consideran de trascendencia para los ciudadanos, al afectar a sus derechos en un momento difícil como es la atención prestada al final de la vida.

Igea ha reprochado inicialmente a los grupos que sustentan al Gobierno autonómico el “desprecio a los derechos de los pacientes” y al PP le ha afeado que lo que votaron “favorablemente hace tiempo”, en referencia a la anterior legislatura, cuando Cs y PP compartían Gobierno autonómico y aprobaron el proyecto de ley sobre esta cuestión, “ahora no” lo respaldan, lo que en su opinión indica “falta de criterio”.

A medida que avanzaba la sesión, Igea ha elevado el tono contra los representantes de PP y Vox, al calificar de “vergüenza y bochorno” por el “silencio en un debate esencial” como consecuencia de que están “más preocupados por las ofensas a sus altos cargos que por los ciudadanos”, en alusión al enfrentamiento con el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ausente en la sesión.

El malestar de Igea le ha llevado a afear el cobro de la dieta por parte de los procuradores de PP y Vox que no han participado en el debate, por la vía del elogio al resto de portavoces de los grupos Socialista y UPL-Soria Ya, que “sí se están ganando los 220 euros” que perciben por cada sesión los procuradores que no tienen dedicación exclusiva a las actividades parlamentarias.

El portavoz del PSOE en esta comisión, Jesús Puente, ha reprochado que los grupos que respaldan al Ejecutivo hayan “laminado la ley artículo por artículo”, y cuando ha sido apremiado por la presidenta de la comisión, María de los Ángeles Prieto (PP), para avanzar en la sesión, le ha replicado que, por el silencio de PP y Vox, han ido “bien de tiempo”.

Tramitación accidentada

Esta normativa fue objeto de un proyecto de ley que fue aprobado por el Consejo de Gobierno integrado por PP y Cs en la anterior legislatura, en concreto en julio de 2021, pero decayó junto a otras iniciativas como consecuencia del adelanto electoral decretado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a finales de diciembre de ese mismo año.

Tras las elecciones, y con Igea ya en la oposición, integrado en el Grupo Mixto, el exvicepresidente optó por registrar como primera iniciativa parlamentaria de la legislatura, ya con PP y Vox al frente del Ejecutivo, el mismo texto normativo sobre los derechos al final de la vida, para evitar que los populares tuvieran “excusas” para rechazarlo.

Fue en septiembre de 2022 cuando el pleno de las Cortes de Castilla y León admitió el texto y lo tomó en consideración para su tramitación parlamentaria, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, mientras que Vox votó en contra.

En aquel debate, la Junta de Castilla y León planteó en su informe preceptivo su rechazo al texto por considerar que implicaría un aumento de costes estructurales, aunque a la vez decía que no aportaba novedad alguna a los derechos que garantizaba ya la misma Administración en estas situaciones.

Por su parte, la procuradora del PP, Paloma Vallejo, justificó el voto favorable a la tramitación por “coherencia” respecto al mismo texto aprobado como proyecto de ley en la anterior legislatura.

Sin embargo, posteriormente esta proposición de ley sufrió retrasos en su tramitación, con hasta cuatro prórrogas del plazo para presentar enmiendas, y una posterior dilación por la no convocatoria de la comisión que debía avanzar en los trabajos de la ponencia y el dictamen.

En este tránsito, el PP retiró las 56 enmiendas que había presentado inicialmente, mientras que siguieron vivas las restantes presentadas por el PSOE, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto, que hoy han sido aprobadas en su mayoría con la abstención de PP y Vox, mientras que en la votación final de los artículos han votado en contra, por lo que la norma ha quedado rechazada en su integridad y, por tanto, no llegará al pleno de las Cortes.